La mejor respuesta frente a una potencial catástrofe económica y social provocada por la crisis del COVID-19 es poner las finanzas al servicio de los derechos humanos y apoyar a las personas de menores recursos a través de enfoques financieros audaces.

Eso planteó durante la jornada de este viernes el experto en derechos humanos de la ONU, Juan Pablo Bohoslavsky, en una entrevista publicada por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

En la misma jornada en la que el gobierno chileno confirmó que nuestro país alcanzó los 434 casos confirmados, Bohoslavsky exhortó "a los gobiernos a considerar la introducción de un ingreso básico universal de emergencia", sosteniendo que "los estímulos fiscales y paquetes de protección social directamente dirigidos a quienes disponen de menor capacidad para hacer frente a la crisis son esenciales para mitigar las consecuencias devastadoras de la pandemia".

El Experto Independiente en deuda externa y derechos humanos de la ONU planteó que "muchos países están contemplando medidas de estímulo económico a gran escala. Sin embargo, estas medidas deben ser diseñadas cuidadosamente para asegurar que su principal contribución va mucho más allá de salvar solo a grandes compañías y bancos".

Al respecto, cabe recordar que durante este jueves el gobierno anunció un paquete de medidas económicas destinadas a suavizar el impacto de la crisis sanitaria en la economía, que incluye una inversión estatal de US$11,7 millones.

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"Es esencial que los servicios públicos sean provistos sin cargo a quienes no puedan pagarlos. El pago de deudas debe ser suspendido para aquellas personas que de otro modo no serían capaces de hacer frente a la crisis de salud pública. Los desalojos masivos tienen que ser absolutamente prohibidos", urgió Bohoslavsky, mencionando medidas que se encuentran aún muy distantes de lo anunciado ayer por el mandatario.

Respecto del sector de trabajadores informales, que en Chile constituyen un tercio de la fuerza laboral, y para los cuales las medidas del gobierno destinaron US$100 millones que serán administrados por los municipios, el experto sostuvo que "quienes trabajan en el sector informal, lo/as trabajadores/as autónomo/as, y quienes no pueden trabajar desde sus casas, necesitan incentivos económicos y fiscales para quedarse en sus hogares. En caso contrario, necesitarán ir a trabajar, poniendo así en riesgo su propia salud, la de sus familias y la de la comunidad".

En relación a la recesión global que se está desplegando a causa del coronavirus, el experto de la ONU demandó a los gobiernos enmarcar sus políticas económicas relacionadas con el COVID-19 en los términos de los Principios Rectores sobre Evaluación de Impacto de las Reformas Económicas sobre los Derechos Humanos.

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"En los últimos años hemos visto las consecuencias adversas de la mercantilización y privatización de un número de servicios esenciales, incluyendo el cuidado de la salud y la salud pública. Estas tendencias deben ser revertidas de manera urgente para que los Estados puedan enfrentar los desafíos de derechos humanos y fiscales que impone la crisis del COVID-19", afirmó Bohoslavsky.

FMI

El experto también llamó a las instituciones financieras internacionales a movilizar de manera urgente sus recursos financieros para ayudar a los países a combatir la pandemia. "Estoy profundamente preocupado por la reciente respuesta negativa del FMI frente a la solicitud de Venezuela de recibir ayuda financiera para afrontar la crisis del COVID-19", sostuvo.

"El argumento del FMI sobre la falta de "claridad" acerca del reconocimiento internacional del gobierno del país no puede justificar una decisión que pone en grave riesgo a la totalidad de la población venezolana y, por añadidura, al mundo entero. Esta decisión podría  constituir una violación seria de derechos humanos y exigiría una rendición de cuentas por parte de la institución y sus gestores", agregó Bohoslavsky.

Finalmente, el experto señaló que "la crisis es una oportunidad para reflexionar y revertir la ideología de acuerdo a la cual el crecimiento económico es el único camino para avanzar. En particular, nos apela a cuestionar y cambiar nuestros patrones y comportamientos de consumo si somos serios en cuanto a intentar asegurar el disfrute de los derechos humanos de todos y la protección del medio ambiente".