El jueves 23 de enero el Juzgado de Letras de Pucón declaró que las tierras adquiridas por el ex subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla en 2009, que se encontraban dentro del Mapu Lof o comunidad Mariano Millahual, son indígenas, y por lo tanto, es ilegal que una persona no mapuche realice cualquier transacción comercial por ellas.

Así lo informa el portal de noticias Interferencia, que sigue el caso desde marzo del año pasado, momento en el que expuso los intereses privados del representante del orden público del gobierno de Sebastián Piñera en la Araucanía, la cual tenía fuertemente militarizada. Incluso, y a raíz de esto, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) emitió un informe que declaraba no indígenas las tierras compradas por el político oficialista, lo que produjo diversas disputas internas, de acuerdo a lo que consigna el mismo medio.

Luego de darse a conocer estos hechos, la familia Painequir, dueños originales de las tierras, demandaron en julio de 2019 a la ex autoridad de La Moneda. Este caso motivó la creación de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la que a principios de octubre determinó que el ex subsecretario debía ser investigado por por tráfico de influencias y negociación incompatible.

Tras la decisión del juez Mauricio Reuse Staub, que le dio la razón a la familia Painequir,  y posterior a que los antecedentes fueran derivados al Ministerio Público - para que este determine si procede declarar nula la compra de las tierras - Interferencia conversó con Víctor Painequir, uno de los demandantes de la causa, quien no tenía mucha confianza en un fallo favorable.

"Nos sorprendió, ojalá que siga así como esperamos nosotros y como todo el pueblo espera", expresó.

"Todos sabemos la disputa entre el Estado y el pueblo mapuche y cuando él [Ubilla] dijo que los incendios eran culpa de los mapuche fue cuando partimos con el caso. Ahora no podemos estar tan contentos, porque hay muchos factores que influyen, sobre todo la política", señaló luego uno de los principales impulsores de la demanda.

"Si nosotros, una familia bastante humilde, logramos enfrentar a una de las personas más poderosas del gobierno de Piñera, cualquier otra persona, como alguien de la familia Catrillanca, también lo puede hacer. Hoy la justicia no puede dejar de ser justa. Si ves las noticias siempre hay algo que se está encubriendo, que no se fiscaliza como corresponde. Los mismos políticos, han robado, han asesinado, siguen ganando plata a costas del pueblo. Decirle a las familias, no sólo al pueblo mapuche, que sí se pueden recuperar terrenos, que sí se puede hacer justicia", concluyó Painequir.

Por su parte, el abogado de la familia, Gabriel Osorio, declaró que "el gobierno siempre sostuvo que estas tierras no eran indígenas y que estaban bien vendidas. El gobierno sostuvo, a través de la Conadi, que una liquidación de la sociedad conyugal podía desafectar tierras indígenas. La sentencia demuestra que todas las afirmaciones son falsas".

"Yo creo que Conadi debe una explicación a los pueblos indígenas. Primera vez que veo un informe donde deliberadamente se sostiene un argumentación que permitía el despojo de tierras indígenas. Estoy satisfecho que el tribunal no haya tomado en consideración la argumentación jurídica del informe de dicha entidad pública", afirmó el abogado.