Desde ya algunas semanas que carabineros ha venido desarrollando en el centro de Santiago procedimientos represivos orientados a impedir el derecho a manifestarse. Amparados en el discurso del intendente de Santiago sobre la ausencia de permisos para realizar manifestaciones y en el copamiento policial del sector, las fuerzas policiales han desplegado un gran cantidad de efectivos a pie y en moto, y han hecho un uso masivo de recursos como carros lanza-agua, lanza-gases, y bombas lacrimógenas, realizando muchas detenciones y ataques a las y los manifestantes, todo lo cual ha derivado en enfrentamientos, personas heridas o afectadas por estos procedimientos, y en definitiva en la imposibilidad de ejercer el derecho constitucional a manifestarse de forma tranquila y segura.

Considerando el contexto de la revuelta social en la que nos encontramos desde el 18 de octubre, las denuncias de violaciones a los derechos humanos, y el interés de una parte de la población por seguir manifestándose dadas las limitadas e insuficientes respuestas a las demandas del movimiento, el amparo de la represión policial bajo el discurso de la ausencia de permisos para realizar manifestaciones y del copamiento policial del sector resulta altamente problemático desde el punto de vista del derecho a hacer uso del espacio público para manifestarse. Más que el mantenimiento del orden público, lo que ha estado sucediendo cada vez con más fuerza a través de la represión policial es el castigo sistemático e indiferenciado a la ciudadanía que se encuentra en las zonas urbanas de manifestación política, particularmente en los alrededores de la Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia), lo que implica un entorno bastante extendido que incluye las primeras cuadras de Vicuña Mackenna, del parque Bustamante y del Parque Forestal, la entrada al barrio Bellavista, el sector de Providencia hasta la Estación del metro Salvador, y el sector de la Alameda hasta Avenida Santa Rosa.

Respecto de la autorización a manifestarse, el permiso que se otorga o eventualmente se niega responde al Decreto 1086, en el cual se señala que toda manifestación en el espacio público requiere del permiso de la autoridad pertinente, en este caso la Intendencia de Santiago, para realizarse. Este permiso puede ser denegado, lo cual habilita a las fuerzas policiales a reprimir la manifestación para impedir su ocurrencia. Sin embargo, en un contexto donde la mayor parte de las manifestaciones son auto-convocadas por la ciudadanía, resulta imposible e incluso absurdo esperar que alguna persona o organización pida permiso para congregarse. Por otra parte, el decreto 1086 transgrede el derecho constitucional a manifestarse libremente, y además cabe recordar que este decreto fue promulgado el año 1983 por Augusto Pinochet como una forma de darle un marco legal a la represión contra las jornadas de protesta que ya comenzaban a desarrollarse contra la dictadura. Luego, ningún gobierno post-dictatorial derogó dicho decreto y ha servido desde entonces como un mecanismo de represión y criminalización de la protesta social con una base histórica ilegitima y autoritaria.

Respecto del copamiento del espacio público por parte de carabineros, éste no solamente impide el derecho constitucional a la manifestación, sino que además se ha convertido en una forma de castigo hacia las personas que llegan a manifestarse, pero también contra las personas que circulan por el sector. Hemos visto cómo se han visto afectados por los gases lacrimógenos las y los manifestantes, voluntarias y voluntarios de la salud, periodistas y fotógrafas y fotógrafos independientes, artistas y músicos que apoyan al movimiento social, vecinos, vecinas, ciudadanas y ciudadanos que pasan por el lugar, sin que exista ninguna consideración por parte de carabineros en términos de necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza. Asimismo, en los últimos días hemos visto cómo carabineros cursa multas y realiza violentos controles de identidad a las personas que se encuentran en la Plaza de la Dignidad, por el solo hecho de encontrase en el lugar. Un ejemplo reciente y brutal fue la represión policial totalmente injustificada que sufrió un grupo de personas que estaba realizando una cena de Navidad la noche del 24 de diciembre. Luego, el viernes 27 de diciembre, el centro de Santiago volvió a ser objeto de “copamiento policial”, pese a lo cual los miles de manifestantes lograron llegar a la Plaza de la Ciudadanía y sus alrededores. Sin embargo, la represión policial terminó con cerca de un centenar de heridos, con el Centroarte Alameda totalmente incendiado debido al lanzamiento de bombas lacrimógenas y con un manifestante fallecido producto de las persecuciones policiales que se multiplican cuando empieza a caer la noche.

Como lo han señalado diversos informes nacionales e internacionales, desde el comienzo de la revuelta social han existido masivas violaciones a los derechos humanos, las cuales no solamente ha consistido en agresiones físicas y psicológicas a la ciudadanía, sino que también crecientemente diversas formas de castigo al legitimo derecho a manifestarse en el espacio público. Esta represión trasciende una determinada forma de concebir el orden público y su control, y se ha convertido en un intento político de restringir a través de la violencia y el miedo las distintas expresiones de descontento ciudadano, que lejos de apaciguarse han aumentado al considerar la violencia policial como un abuso y una injusticia más de este sistema socio-político y económico que se busca transformar. Por lo tanto, hoy en día resulta fundamental que se establezcan responsabilidades jurídicas y políticas sobre las violaciones a los derechos humanos y que se restablezca el derecho a manifestarse sin ser castigado por hacerlo. Cada día que pasa sin que esto ocurra implica que haya más personas heridas y que aumenten las posibilidades de que haya más muertos como resultado de la represión policial.