Ya no cabe duda, el gobierno optó y consolidó la decisión política de reemplazar la política, el intercambio de ideas y la voluntad soberana del pueblo por la fuerza y la violencia institucionalizada, traspasando la frontera que separa a los gobiernos entre aquellos que respetan la deliberación democrática y procesan desde el entendimiento las diferencias políticas y aquellos que optan por el autoritarismo y la violencia desde el Estado.

Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos son ilustrativas respecto del creciente número de muertos, la existencia de torturas y apremios ilegítimos, personas violentadas física y emocionalmente, disparos en los barrios y hacia los manifestantes, y detenciones masivas y selectivas. La magnitud y dramatismo de las consecuencias de esta decisión equivocada no es posible determinar aún, pero con seguridad se puede afirmar que en Chile por parte del Gobierno del Presidente Piñera y en consecuencia desde el Estado, nuevamente se violan los derechos humanos.        

El Presidente y su gobierno, en una medida desesperada, propia del plan de “reconstrucción de dictadura” y de los manuales de guerra psicológica, ha optado por promover la guerra interna, desplegando un discurso que en base a la criminalización de la desobediencia civil y a la estigmatización de las comunidades más pobres, busca y profundiza la división entre las y los chilenos. Promoviendo la creación de cuadrillas de “chaquetas amarillas” que instalan la violencia entre vecinos y hacia los más pobres, y que el Alcalde Lavín apoya entusiastamente vistiéndola, dando cuenta de la influencia de la UDI en esta estrategia bélica.

Es evidente como el gobierno construye un enemigo interno, para que un sector de ciudadanía sienta amenazado su modo de vida; tratando de separar al pueblo entre chileno buenos y chilenos malos, chilenos conformes y chilenos malagradecidos.

La decisión política de militarizar, de recurrir a las Fuerzas Armadas como hace cinco décadas lo hizo la derecha en nuestro país, refleja la supremacía de los halcones al interior del gobierno. Del sector que en aras de mantener lo esencial del modelo neoliberal es capaz de sumir al país a la regresión histórica. Inaugurando en Chile un nuevo periodo de militarismo que amenaza el presente y futuro democrático.

Cierto es que esta no debe ser una táctica política que interprete a la totalidad del gabinete y todos los partidos de derecha. Los silencios del gabinete presidencial dan cuenta de división política de la coalición de gobierno. El silencio y luego el buenismo y vocación retórica por la caridad y filantropía de los empresarios, reflejan el temor de que esta crisis sistémica afecte sus inversión y la distribución de riquezas altamente desigual y ventajosa para ellos. En su apreciación política existe el temor de que las normas cambien y con ello su función social y económica sea más exigida desde el bienestar social.

De igual forma, la declaración del Estado de Emergencia y las proyecciones de esta medida, sitúa desde el inicio en una posición peligrosa y deliberante a las Fuerza Armadas. Aún no se desprenden del pinochetismo como doctrina militar; su participación activa en actos de corrupción y falta de probidad, son elementos que fundamentan la errada decisión histórica con consecuencias nocivas para la democracia.

Su responsabilidad en la dictadura aún está en la memoria histórica del pueblo de Chile y se traspasa a las nuevas generaciones. Su desapego a la visión y respeto integral de los derechos humanos gradualmente se deja sentir en un proceder que acumula vulneraciones de derechos durante el Estado de Emergencia y Toque de Queda, con abusos que indignan a las personas.

Por todo ello es tan irresponsable que el gobierno y la derecha nuevamente los instrumentalice y los resitúe en la política deliberante. 

Bajo este cuadro el gobierno ensaya salidas posibles, que en lo sustantivo le aseguren la mantención de lo central del modelo neoliberal. En términos gruesos dos son las salidas posibles:

La centralidad para el gobierno, lo que les resulta más provechoso en este cuadro, es resituar una nueva transición política en que nada cambia, pero todo aparentemente se orienta al cambio. Sostenida en lo fundamental con los mismos partidos que posibilitaron la transición post dictadura, expresado en un acuerdo o pacto nacional unitario, que excluya a las organizaciones sociales y partidos de izquierda y basado en una retórica de campaña de reconstrucción, de ética y de voluntades individuales. Este es el cuadro ideal para los grandes empresarios y sectores neoliberales, en el entendido que sofoca las demandas de transformaciones estructurales a la institucionalidad política y económica y la decepción social lleva a un nuevo y prolongado letargo social.  

La segunda, en el entendido que la movilización social se mantiene, con mayores o menores intensidades, pero siempre manifiesta y socavando la legitimidad del gobierno y su capacidad de articular el actual orden social económico y político, es profundizar la violencia institucional. Conculcando más libertades civiles y políticas en el plano de la movilización social y afinando la represión selectiva en equivalencia a la represión de Ecuador, es decir, debutando con un nuevo tipo de dictadura para el Siglo XXI. Este es el escenario que provoca más controversia en la derecha, pero es un recurso no descartado si la protesta social persiste, siendo una señal inequívoca de esta hipótesis el llamado a los reservistas de las Fuerzas Armadas.         

Así, lo principal desde el movimiento social es que esta crisis social y política no se resuelve con un paquete de medidas sociales en le marco de las políticas neoliberales; las masivas protestas de estos días están mostrando una profunda brecha económica, de asimetrías de poder entre las elites y las comunidades, de calidad de vida y de justicia social, que apunta a cambios que superen y dejen atrás la institucionalidad neoliberal.

De esta manera, las medidas sociales planteadas por el Presidente Piñera en ningún caso modifican condiciones estructurales de la agobiante desigualdad. Los mejoramientos en pensiones mantienen intactos el lucro de las AFP; el aumento del ingreso mínimo es con cargo a subsidios del Estado y no a la distribución justa de ganancia justa por concepto de trabajo, lo que debilitaría otros programas y políticas sociales. Nada estructural, nada contra los abusos económicos, nada del derecho al agua, nada que corrija el lucro en la salud. Nada sobre una nueva Constitución, de participación y de una nueva ética democrática. Por lo mismo, estas medidas cronifican las políticas neoliberales tan rechazadas por el movimiento popular.

El pueblo movilizado y las organizaciones sociales tienen el desafío de mantener en alto la demanda social, las expresiones de movilización, con mucha pedagogía social de la inconveniencia y perjuicio de una acuerdo y pacto nacional entre cuatro paredes y sobre los acuerdos fundamentales en los que se debe edificar un nuevo proyecto para Chile. Legitimando y exigiendo un renovado Contrato Social, que permita sentar las bases para una Constitución nacida en democracia y un nuevo modelo de desarrollo que, de bienestar al centro y las regiones, con basamento ciudadano y no de elite.

Las mayorías sociales que hoy marchan acuñaron la asertiva frase “Chile despertó” y ese despertar rechaza el autoritarismo y la dictadura velada y exige un nuevo tiempo que interprete e incluya a todas y todos, definitivamente el Presidente Piñera y su gobierno no son parte de este tiempo.