El pasado viernes 3 de octubre, los concejales de Ñuñoa, Camilo Brodsky (MA) y Alejandra Placencia (PC) pidieron una audiencia con el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, para entregarle "antecedentes relevantes" para la investigación de los presuntos tráficos de influencia que hicieron funcionarios de esa comuna en beneficio del ex subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry.

En el escrito dirigido al persecutor, los ediles señalan que "a propósito de nuestro rol fiscalizador en el Concejo Municipal , hemos realizado diversas gestiones durante meses pasados que han concluido en documentos formales en los cuales constan tanto indicios como pruebas de lo que, creemos, se trata de un conjunto de prácticas correspondientes a las hipótesis presentes en los artículos 240 y 240 bis del Código Penal".

"Algunos de los hechos consignados en nuestra investigación corresponden a un periodo anterior a los hechos que hoy son objeto de las pesquisas del Ministerio Público, pero se encuentran alojados en las mismas unidades municipales en las cuales se habría desempeñado la ex-funcionaria, Iris Salaberry, como es el caso de la Unidad de Fomento Productivo", agregan.

Junto con esto, los concejales indican que  "de la lectura de los documentos que estamos en disposición de proveer, es posible desprender la participación activa de funcionarios con altos cargos directivos del escalafón municipal"

Entre los documentos que dicen poseer los concejales se encuentran: correos electrónicos entre directivos en los que consta la gestión de intereses particulares; oficios enviados a Metro S.A., solicitando información respecto del cobro indebido por puestos cedidos gratuitamente por parte de esa entidad al programa de Ferias de Emprendimiento de la Unidad de fomento Productivo y nombres de personas dispuestas a testificar en juicio en los casos que se indican.

No hay respuesta desde la Fiscalía

A más de 10 días de ingresada esta solicitud, la Fiscalía aún no responde al requerimiento hecho por los concejales. Esto ha despertado críticas por parte de los ediles, quienes han manifestado preocupación por no tener una respuesta hasta al fecha.

"Lo que venimos a presentar a la Fiscalia Regional dice relación a pruebas que presentan la necesidad de investigar más allá del caso Salaberry como algo puntual. Tenemos documentación donde funcionarios con grados más altos dentro del escalafón municipal, habrían incurrido en prácticas relacionadas al tráfico de influencias y la gestión de intereses particulares. Son antecedentes que aportarían en esa línea investigativa y esperamos ponerlos a disposición del fiscal lo antes posible para que sea el quien pueda determinar si se está incumpliendo de manera más sistemica en este tipo de faltas a la probidad", señaló la concejala Alejandra Placencia.

En la misma línea, el concejal Camilo Brodsky sostuvo que estos "antecedentes debieran permitir ampliar la investigación, que hasta ahora ha estado centrada en una funcionaria municipal contratada a honorarios. Creemos que las pruebas que podemos aportar permitirán que el Fiscal realice diligencias orientadas a entender la complejidad del problema, que podría estar alojado en eslabones superiores de la administración".