El pasado 27 de junio, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), acudió al Centro de Justicia para sumarse a la querella en contra de quienes resulten responsables ya sea en su calidad de autores, cómplices o encubridores, por la comisión del delito de Fraude de Subvenciones en las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.

“La motivación de hacerse parte de esta querella  se basa en la detección de numerosos casos de exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, beneficiados con cuantiosas pensiones llamadas de Inutilidad de Segunda Clase, que en la actualidad trabajan en organismos públicos o privados desempeñando funciones similares a las que tenían en las instituciones de las Fuerzas Armadas”, explicaron desde la agrupación.

Esto considerando que de acuerdo a la ley N°18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, dichas pensiones corresponden a quienes sufran de enfermedades o lesiones que les impidan seguir en servicio, y que los imposibiliten parcialmente de desempeñarse en el sector privado. 

“Más grave aún resulta desde nuestra perspectiva la existencia  de condenados por delitos de lesa humanidad en recintos como Punta Peuco, o en libertad, gozando de cuantiosas pensiones, pagadas por todos los chilenos, dado que a ellos no les rige el sistema de capitalización individual”, enfatizaron desde la AFEP.

Los casos

Algunos de los casos más connotados de ex militares y carabineros que reciben este tipo de pensiones son: 

Roberto Ampuero Alarcón, coronel (r) del Ejército, paso a retiro en marzo de 2008, con una pensión de $2.600.000, la pensión reajustada de alrededor de los $3.600.000. En agosto de 2016, fue condenado a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, como autor del delito reiterado de secuestro calificado de Nash, Jesús Cañas Cañas y Juan Jiménez Vidal. También como autor del homicidio calificado de Marcelo Guzmán Fuentes, Juan Calderón Villalón y Luis Alberto Lizardi Lizardi.

Julio Castañer González, coronel (r) paso a retiro en enero de 2016, con una pensión de $2.800.000. Fue condenado en marzo de 2019, en calidad de autor del homicidio calificado de Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio calificado en grado de frustrado de Carmen Gloria Quintana a 10 años y un día de presidio.

Pedro Collado Martí, coronel (r) del Ejército, quien pasó a retiro en con una pensión de $2.600.000. En agosto de 2016, fue condenado como autor del secuestro calificado de los militantes socialistas Jorge Marín Rossel y Williams Millar Sanhueza, ambos detenidos en septiembre de 1973.

Carlos Durán Low, coronel (r), quien pasó a retiro en marzo de 2007, con una pensión de $2.500.000. En febrero de 2016 fue condenado en junto a otros cinco ex agentes de la CNI a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el homicidio calificado del profesor y miembro del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, en septiembre de 1979, en Santiago.

Osvaldo Andrés Magaña Bau, coronel (r) de Ejército, quien pasó a retiro en febrero de 2007, con una pensión de $2.600.000. En julio de 2015 fue procesado por el secuestro calificado de 14 campesinos del Asentamiento Villa el Escorial de Paine, todos ellos ejecutados entre septiembre y octubre de 1973 (Cuesta Chada).

Jorge Smith Gumucio, coronel (r) de Ejército quien pasó a retiro con una pensión de $2.600.000. En julio de 2015 fue acusado de ser uno de los autores del secuestro y homicidio calificado de Víctor Jara y del ex director de Gendarmería, Littré Quiroga.