La corrupción no se detiene. Los casos recientes son muy decidores. Tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua están siendo investigados por tráfico de influencias en favor de familiares, a lo que se agregan las sentencias absolutorias de un médico, negociante de psicotrópicos y de un narcotraficante. Grave, sin duda.

Grave me parece también la reciente decisión del Poder Judicial de liberar a Pablo Longueira, acusado con el cargo de fraude al fisco y cohecho agravado. Y, por cierto, es escasamente presentable sancionar con clases de ética a Délano y Lavín, los operadores de Penta, principales responsables de la corrupción de políticos y estafadores, en gran escala, contra el Servicio de Impuestos Internos.

La corrupción ha avanzado velozmente en Chile y las instituciones se están deteriorando sin remedio. Fraude en el Ejercito y en Carabineros; empresarios que captura parlamentarios y altas autoridades de gobierno para multiplicar sus ganancias; un Servicio de Impuestos Internos que protege a políticos y empresarios corruptos, en vez de querellarse contra ellos.

Lamentablemente, el comportamiento del Poder Judicial no ayuda al saneamiento de las instituciones. Está del lado de ricos y poderosos. Así ha sido en el caso Penta, con Soquimich y también en la colusión de las farmacéuticas, entre otros. Tienen razón los estudiantes cuando gritan que en Chile existe “Cárcel para los pobres y clases de ética para los ricos”.

Una corrupción, en escala ascendente, y el deterioro de las instituciones, está afectando la vida económica del país y los derechos ciudadanos. El parlamento elabora leyes que favorecen a las grandes empresas pesqueras, que afecta a los pescadores artesanales y depreda la fauna marina. Por otra parte, la decisión de Corfo de ampliar los derechos de explotación del litio en el salar de Atacama, favoreciendo a Soquimich, premia sorprendentemente los incumplimientos de Ponce Lerou con el Estado chileno y cierra oportunidades a la economía nacional. Estas son sólo muestras. Hay muchos casos más que privilegian al gran empresariado por sobre el resto de la ciudadanía.

Muy recientemente, gobiernos complacientes y parlamentarios ciegos son incapaces de detener el injustificado aumento de los precios de las ISAPRES. Tampoco hacen pagar a las empresas la instalación de los “medidores inteligentes”. El resultado es el de siempre. Ganancias extraordinarias para las grandes empresas y mayor costo económico para los consumidores, clientes pobres y de clase media; o sea, para todos los que viven de un salario o de una jubilación miserable.

El modelo neoliberal ha impuesto el individualismo y la pasión por el dinero. Ha arrasado con los valores de ética pública que nos legaran Recabarren, Aguirre Cerda, Jorge Alessandri, Frei Montalva y Allende. Acusamos a los argentinos de corrupción y nos consideramos liberados de este flagelo. No es cierto.

Basta de mentirnos a nosotros mismos. Chile es un país corrupto. El país austero y honrado de nuestros padres ya no existe. Ahora la plata manda y las redes de corrupción comienzan por los empresarios, pero se extienden a los políticos, carabineros, militares y están destruyendo todas nuestras instituciones. En la vida cotidiana se imponen los tramposos. Incluso los amigos nos estafan.

En consecuencia, la delincuencia que nace en las poblaciones, que roba en las calles o que agrede con portonazos tiene un referente en los corruptos de “cuello y corbata”, que no son sancionados por la Justicia. Los delincuentes de “cuello y corbata”, que roban en gran escala, que expolian a los consumidores y a los clientes modestos son ejemplo para “los flaites” que asaltan en las calles. Peor ejemplo aún es el que no sufran sanciones de cárcel, gracias a la protección que reciben de las instituciones públicas.

Esta historia lamentable tiene antecedentes en el régimen de Pinochet. Junto a los robos del dictador, la corrupción institucionalizada se inicia con las privatizaciones de las empresas públicas, que encabezó Buchi. Éstas enriquecieron a un grupo de personas, cuyo único mérito fue encontrarse en el momento propicio en los círculos de la nomenclatura tecnocrática militar. Los casos más representativos son los de Yuraseck, Ponce Lerou y Roberto de Andraca.

La acumulación de rentas que favoreció a esos “nuevos empresarios”, no se originó en ninguna “capacidad emprendedora”, ni tampoco fue producto del libre mercado. Contrariando sus propias enseñanzas, los economistas formados en Chicago utilizaron sus posiciones de gobierno para hacerse de paquetes accionarios o entregar información privilegiada a sus amigos para que se hicieran cargo, a precio vil, de las empresas públicas más rentables de Chile. Son los empresarios que André Gunther Frank llamó, en su tiempo, la lumpen-burguesía.

Además de las privatizaciones, el enriquecimiento empresarial en Chile provino de la formación de las AFP, las ISAPRES y la transformación de la enseñanza en un negocio privado. Todas estas actividades se constituyeron en una fuente privilegiada de acumulación de ganancias para los nuevos ricos. Lo social se transformó en negocio.

Luego en democracia, cuando los militares retornan a sus cuarteles, el empresariado comienza a financiar los partidos políticos para asegurar y ampliar sus ganancias, evitando así mayores esfuerzos tecnológicos y de competencia.  De la protección militar pasaron a la protección política. Se agrega a ello el control de medios de comunicación para intentar convencer a la ciudadanía sobre las bondades del modelo económico que vivimos.

Existe una hermosa anécdota, que cuenta Ernesto Sábato, en su libro La Resistencia, la que pudo haber sucedido perfectamente en el Chile de nuestros antepasados: “hace muchos años, un hombre se desvaneció de hambre en las calles de Buenos Aires y cuando lo socorrieron le preguntaron cómo no había comprado algo de comer con el dinero que llevaba en su bolsillo. El hombre respondió: eso era imposible, pues el dinero pertenece al sindicato”.

Difícilmente en la actualidad, alguna anécdota similar a la de Sábato, alguna anécdota contra la corrupción, podrían contar empresarios, políticos, sindicalistas, militares o carabineros y, en ningún caso, los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. No nos hagamos más los lesos. Igual que Argentina, Chile es hoy un país corrupto.