El sistema público de salud registró al menos 535 interrupciones voluntarias de embarazos durante el primer año de vigencia de la ley de aborto en tres causales, que rige desde septiembre de 2017. Del esta cifra total, 277 abortos fueron por la causal de riesgo de vida de la madre, 165 por inviabilidad del feto y 93 por violación.

Del total de interrupciones voluntarias del embarazo, 45 correspondieron a mujeres menores de 18 años, de los cuales 32 se trataron de casos acreditados por violación –la mitad fueron niñas de 14 años o menos.

Otro dato relevante que permite dar cuenta de la importancia de la aprobación de la ley de aborto en tres causales es que sólo 167 de un total de 702 casos de embarazos que cumplían con los requisitos establecidos en la ley de aborto, decidieron continuar la gestación.

El Colegio Médico criticó la "débil" implementación de la normativa ya que la cifra total "es mucho menor a la esperada por el Ministerio de Salud, que estimó unas 2.500 interrupciones al año". Considerando esta cifra, sólo se practicaron un 21,4% de los abortos proyectados por el Minsal. Las dificultades para poner en marcha la nueva regulación se debió sobre todo a la reglamentación sobre la objeción de conciencia institucional, que obligó al gobierno de Piñera a reformular su propuesta luego de un polémico dictamen de Contraloría.

El pasado 6 de diciembre, el Tribunal Constitucional, activado por un recurso de Chile Vamos, dio la razón al ministro de Salud, Emilio Santelices, y declaró incostitucional la objeción de consciencia a los establecimientos privados que cuentan con convenios con el Estado.