Este miércoles 07 de noviembre se fijó el el primer vuelo con destino a Puerto Príncipe, en el marco de lo que el gobierno ha llamado “Plan humanitario de retorno a Haití”, que consiste en ofrecer a la comunidad haitiana la posibilidad de volver a su país materno, bajo promesa ante notario de no volver a Chile en al menos 9 años.
Esto propuesta es en cierto sentido una continuidad de la agenda de gobierno en migración, que comenzó con en el anuncio realizado de una nueva reforma Migratoria y visas diferenciadas. Ambas medidas han levantado una fundada sospecha sobre fijación y trato diferencial hacia los migrantes haitianos.
Sobre políticas de Estado en torno a la movilidad de migrantes, existe una consensuada legislación internacional, suscrita también por nuestro país. La OIM ( Organización internacional para las migraciones) estipula en su Marco de Gobernanza del año 2015, que un objetivo principal cuando se promueve la movilidad de migrantes debe ser propiciar en todo momento tanto el bienestar socioeconómico de los migrantes como el de las comunidades de origen y destino, velando porque la migración se efectúe de manera segura, ordenada y digna.
Es en nuestro contexto, entonces, que cabe preguntarse sobre la propuesta de retorno de haitianos promovida por el gobierno: ¿Cuál es el foco de la política de Estado Chileno sobre migración? ¿Existe una situación nacional que justifica que sea nuestro Estado el que promueva el retorno de personas migrantes a su país de origen? ¿Existe una razón no racista por la que esta propuesta migratoria sea focalizada en las comunidades haitianas? ¿Cuáles son las condiciones en las que vive la población migrante más vulnerable en Chile y cuáles son los desafíos respectivo que debemos asumir como sociedad?
Desde una perspectiva general, si revisamos nuestra política migratoria existe un tronco legal dado por un decreto ley del año 1975 (Decreto de Ley 1.094), cuya centralidad es el control de frontera, es decir resguardar quien ingresa o sale del país, lo que es concordante con perfilar un Estado bajo los conceptos de “seguridad y orden”, en donde en este caso el migrante ( y esto en la práctica es el migrante pobre, que viene al país por necesidades de sobrevivencia) constituye casi siempre una potencial amenaza.
Como decíamos, en abril de este año el gobierno inauguró la agenda en materia de migración proponiendo un proyecto de ley que se planteó regularizar la situación migratoria de personas sin status jurídico para acceder a derechos sociales. Esta propuesta se trata principalmente de visas diferenciadas según país de origen, es decir requisitos administrativos diferentes, que favorecen en la práctica a unas nacionalidades, puntualmente la venezolana, en desmedro de otros perfiles migratorios; las personas haitianas.
Continuando con esta agenda, el gobierno propone el “Plan humanitario de retorno a Haití”, que contempla una serie de irregularidades y a nuestro juicio un marco de deshonestidad política que es necesario denunciar. Lo primero es a que, a diferencia de las políticas de retorno internacional en esta propuesta, no media ni el país de origen, ni tampoco el gobierno chileno recibe una solicitud legítima y representativa por parte de la comunidad haitiana residente en Chile ( de hecho las organizaciones haitianas han rechazado abiertamente esta propuesta). Es decir, el gobierno es quien toma la iniciativa y asume como política de Estado la tarea de “facilitarles” el regreso a su país de origen.
En segundo lugar, existe un evidente sesgo de acción con notorios rasgos racistas, pues es una propuesta que sin justificación parcializa su impacto únicamente en la población haitiana, que corresponde a sólo el 8,4 % de la población migrante total en Chile según registró el censo 2017.
Resulta ofensivo y deshonesto que el Presidente Piñera, plantee esta medida como “humanitaria” en circunstancias que no ha habido ninguna política pública prioritaria desde el poder central con un sentido inclusivo hacia los migrantes más vulnerados. Para los haitianos, por ejemplo, las políticas de gobierno ha sido principalmente tener mayores restricción de ingreso a Chile y en contar con facilidades para su retorno a Haití. Esta focalización en expulsar a los migrantes haitianos, decimos, es gravemente racista y contraviene por ello todo consenso internacional sobre derechos humanos, cuya garantía mínima es una migración digna y libre de discriminaciones.
En palabras de la Plataforma Nacional de Organizaciones Haitianas en Chile (PlaNOHCh): “las razones de supuesto carácter humanitario que motivarían el ‘Plan de Retorno’ se desvanecen cuando contradictoriamente se niega a los inmigrantes el derecho a procurarse su subsistencia, cuando se nos prohíbe trabajar, cuando se exigen documentos innecesarios para realizar los trámites, cuando se prolonga indefinidamente y de manera absurda los trámites para mantenernos en una situación de eterna semi-regularidad migratoria, lo que nos hace carecer de una cédula de identidad que es fundamental para conseguir un trabajo formal. Una auténtica preocupación por nuestras condiciones de vida e integración sería permitir un proceso de regularización que en forma realista nos permita acceder a tener una residencia en el país“.
El plan retorno opera como una deportación disfrazada, puesto que si bien se le ofrece la posibilidad de decidir “voluntariamente” regresar a su país de origen, no ha existido, en términos de políticas públicas, una preocupación real por atender las condiciones de vida en las que se desenvuelven los migrantes en nuestro país.
Según datos de la encuesta CASEN 2015: 23.5% de los migrantes se encuentran en pobreza multidimensional, 21.4% vive en hacinamiento, 15.7 % de adultos no tienen previsión de salud, 26.6% de los niños inmigrantes de forma alarmante no cuentan con seguridad en salud.
Asimismo, según datos del Ministerio del Interior, cerca de 300.000 migrantes, se encuentran en situación irregular, lo que agrava su situación de mayor vulnerabilidad, la dificultad para encontrar trabajo y la marginación de derechos sociales básicos.
En último término, y con mayor crudeza material, es posible sostener que a todo la adversidad y vulneración específica del ser migrante, se agrega el peso social de la población más pobre del país, es decir, a la hostilidad del racismo, la incertidumbre de la irregularidad, al agobio permanente de la discriminación, a la marginación del idioma, a toda esa realidad específica de la población migrante, se agrega todo aquello que densifica la realidad de los más pobres en Chile: escasa seguridad social, dificultad en el acceso a salud, hacinamiento y desprotección en lo habitacional, precariedad laboral y poco acceso al desarrollo cultural.
Es esta la realidad de sistemáticas exclusiones sociales, que el gobierno con su propuesta de retorno asistido, no atiende, y que sin ninguna responsabilidad social prefiere expulsar. Otorgándole legitimidad, además, por parte del Estado a una propaganda de estigmatización y exclusión que carga la población haitiana en Chile.
La respuesta política y social, en un sentido de inclusión y derechos humanos es unívoca: dar plenos derechos a los migrantes, sin distinción alguna a los nacionales. Avanzar en integración plena de las comunidades migrantes a la vida social, económica, política y cultural del país. Es el horizonte mínimo en una sociedad de derechos y libre de racismos.
Esto, en materia de Estado, debe significar necesariamente una política pública sobre una migración menos restrictiva y preocupada por quién entra y sale, sino más bien preocupada tanto en los métodos de integración de todos quienes constituimos sociedad como en las posibilidades concretas de bienestar. Debemos pasar de reformas transitorias y cortoplacistas, a una reforma integral sobre migración con perspectiva de largo plazo, y a la altura de los procesos sociales, incluyendo necesariamente la participación activa en elaboración y seguimiento de la comunidad migrante
Esto debe implicar medidas concretas, que en la urgencia actual debe contemplar, por ejemplo: una institucionalidad receptiva y pertinente sobre las discriminaciones y atropellos a la población migrantes, previsión de salud con alcances en todos los niveles de atención, políticas educativas inclusivas, programas habitacionales dignos y seguros, como también fomentar la participación activa en sociedad de las comunidades migrantes, sin persecución política bajo el alero de la ley de extranjería.
Es un compromiso ético avanzar de forma urgente en la deuda que tenemos con la población migrante, pues las posibilidades de reunificación familiar o facilitación de visas deben que ser consideradas un derecho y no un favor o un acto humanitario, siempre y cuando sea de forma segura y consensuada con la población afectada.
Aquí debiese estar el foco de la discusión en una sociedad realmente respetuosa de los derechos humanos, es necesario avanzar en la oportunidad que como sociedad chilena nos debemos sobre el fenómeno migratorio: los migrantes son un aporte crucial y necesario para el desarrollo integral y pleno cultural de las sociedades.
