El alza del impuesto selectivo al consumo (ISC) aplicado al diésel le costó el puesto al ministro de Economía peruano, David Tuesta, sólo dos meses después de llegar al gobierno. Las consecuencias del polémico aumento empezaron el pasado 24 de mayo en la región de Cusco, la primera que paró para protestar contra el incremento de precios. A esta primera movilización se sumaron otras en las regiones de Puno, Tacna y Arequipa. Además, este martes un gremio de transportistas de carga y pasajeros anunció una huelga indefinida. Ante ese escenario,

Ante el malestar de los transportistas, el gobierno de Martín Vizcarra aceptó devolver un porcentaje del impuesto cobrado a los transportistas: “Nosotros somos un gobierno que va a estar siempre del lado del pueblo. Y si vemos que alguna medida afecta, haremos cualquier ajuste”, señaló el mandatario la semana pasada. Además, pidió al Ministerio de Economía y al Instituto Nacional de Estadística e Informática para evaluar la fluctuación de los precios, que afecta de forma distinta a cada región, perjudicando especialmente a Cusco. Unas declaraciones que chocaron con las que posteriormente sostuvo Tuesta: “El gobierno no va a retroceder. Esta no fue una decisión del Ministerio de Economía, sino del gobierno: en ese documento [el decreto del alza del ISC] estamos comprometidos como gobierno, porque se requieren recursos”, dijo.

En mayo, el Ministerio de Economía promovió el incremento del ISC al combustible como un incentivo para la renovación del parque automotor, y también el alza de la tasa a las bebidas azucaradas, alcohólicas y tabaco para promover hábitos saludables. Sin embargo, detrás de las iniciativas estaba la necesidad de reactivar la economía, que había quedado semiparalizada tras la crisis política del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y las investigaciones fiscales del caso Lava Jato.

“Hemos decidido realizar modificaciones en el gabinete y por eso hemos aceptado la renuncia del ministro de Economía”, expresó Vizcarra. Además, el mandatario peruano anunció la formación de una comisión ad hoc que cobre deudas tributarias a “grandes empresas que adeudan al Estado montos que representan más del 1% del PBI”.