Hace poco más de un año, el 22 de agosto de 2016, el cuerpo de la activista ambientalista Macarena Valdés Muñoz fue encontrado en su domicilio de la comunidad mapuche Newen de Tranguil, sector de Liquiñe.
Los peritos catalogaron el el caso como un suicidio por ahorcamiento, sin embargo -y desde el primer día- diversas organizaciones sociales han denunciado extrañas circunstancias en torno a su muerte, exigiendo la exhumación del cuerpo, la que finalmente fue autorizada este sábado por el Juzgado de Letras Familia y Garantía de Panguipulli de la región de Los Ríos.
La resolución fue adoptada por el magistrado Felipe Muñoz Hermosilla ante la solicitud formal del Ministerio Público y familiares de Valdés, que presentaron pruebas que podrían comprobar la participación de terceros en la muerte de la mujer, férrea opositora al proyecto hidroeléctrico Tranquil, de la empresa RP Global y Saesa que se construía en Panguipulli.
El Servicio Médico Legal será el encargado de realizar las nuevas diligencias para la elaboración de un segundo informe que pueda esclarecer qué pasó con la joven de 32 años y madre de tres pequeños hijos.
