* Columna publicada en conjunto con Iván Torres, vecinos del barrio Brasil.

El día viernes 27 de Enero, fuimos testigos de un hecho muy lamentable. Un un grupo de familias colombianas fueron desalojadas de sus lugares de residencia a la altura de las calles Huérfanos con Almirante Barroso, quedando en la calle, desde las 8 de la mañana y sin tener dónde ir. Dentro de esas familias, habían al menos 10 niños, lactantes y adultos mayores.

Como vecinos del sector, acudimos a preguntar qué necesitaban y comenzamos a usar los conductos regulares existentes, es decir, acudimos a las instancias institucionales que correspondían: en primer lugar llamamos a la Oficina de Migración de Santiago, luego a la Oficina de Emergencia Social, luego a DIDECO, finalmente a la subdirección social. No hubo respuesta.

Con el correr de las horas, sin embargo, nos percatamos que se trataba de desalojos coordinados con el Municipio (junto a Carabineros llegó un representante municipal a apoyar la gestión). En este sentido, nos alarma que la autoridad local que debiera proteger, termine vulnerando.

Deben existir mil argumentos a su favor para justificar estos hechos. Sin embargo, nada justifica dejar en la calle a niños, niñas y adultos mayores. Es una irresponsabilidad por donde se lo mire. Si existiera una preocupación real, si esto respondiera a una medida fundada en principios humanistas y no policiales o punitivos o incluso populistas, al menos los desalojos habrían sido resueltos de otro modo, de manera amable, racional: ¿qué costaba que la Oficina de migraciones del municipio efectivamente hiciera su trabajo?, ¿qué costaba antes del desalojo programar visitas para establecer un catastro de cuántos niños y ancianos vivían en esos lugares y en qué condiciones se encontraban?, ¿qué costaba adelantarse a los costos sociales que esta acción tendría, disponiendo algún tipo de ayuda que dignificara a estas personas (por ejemplo, haber coordinado un camión para que trasladaran sus cosas, un galpón para que las dejaran, o haber conseguido cupos en albergues al menos para las mujeres con sus niños)?

Tenemos, por tanto, dos alternativas para responder a estas interrogantes: o se trata de acciones profundamente canallescas –política e ideológicamente fundadas-, o bien, de malas prácticas fundadas en la inoperancia e ineptitud funcionaria de personas que no saben hacer su trabajo.

Algunos vecinos del barrio, con el apoyo de organizaciones sociales, académicas y de derechos humanos, conseguimos ayudar en algo a estas familias: les conseguimos comida y refrescos (porque los niños estaban desde las 08.00 am en la calle, sin baño ni cocina), les cargamos sus celulares, conseguimos apoyo para que trasladaran algunas de sus cosas, hicimos que los visitara el cónsul de Colombia en Chile, etc. ¿y la institucionalidad local?: brillaba por su ausencia.

En el transcurso de la tarde -luego de advertir probablemente la profunda ineptitud del procedimiento llevado a cabo- aparece un camión aparentemente municipal para trasladar algunas cosas; camión que prometió volver y nunca más apareció. ¿Cómo entender estas acciones erráticas?, ¿Desde qué lugar se ejecutan éstas?, ¿Cuál es el nefasto cálculo detrás de esta exhibición pública de desidia e inoperancia?

Sin embargo, muy posiblemente el razonamiento que aquí opera es considerar que se trata de familias colombianas, además, negras, que son, en consecuencia, sucios, delincuentes, inmorales, en definitiva, que representan u objetivan todos los males de los que debe protegerse nuestra sociedad. Inmunizarnos del peligro, ponernos a resguardo del OTRO. Y es nefasto, porque políticas como estas, no trascienden. Son mezquinas. Nadie recordará estos hechos como acciones heroicas en contra del mal y a favor de la integridad y pureza de una comunidad ideal (nosotros versus los otros). En cambio, no hacen más que confirmar el grado de descomposición social en que nos encontramos, producto precisamente de acciones y políticas como estas, que fracturan toda posibilidad de reconocernos en el "común" que articula toda experiencia de "comunidad".

No escribimos estas líneas desde una vereda partidaria ni a favor de la gestión anterior y en consecuencia, en contra de la actual (donde seguramente localizaran rápidamente estas palabras, porque no tienen otro parámetro para estimar la experiencia que tenemos del mundo). Lo hacemos analizando los hechos. Las consecuencias de las acciones políticas tomadas (por acción u omisión) por una autoridad local incompetente. Acciones mezquinas y pequeñas, fundadas en anhelos de restitución de un lugar extinto. Para que se entienda bien, porque sabemos que les cuesta: cuando la autoridad es real y legítima no requiere el uso de medidas de fuerza. En cambio, cuando la autoridad se encuentra amenazada, lo que aparece es el "estado de excepción", es decir, medidas de fuerza, violencia, dictámenes verticales, aplicación de controles y disciplinas furtivas. En concreto, acciones como estas no hacen otra cosa que exhibir la precariedad e inestabilidad de sus propias posiciones, es decir, su impotencia: ¿qué se resuelve con estas políticas?, ¿acaso el problema de la migración en la ciudad?, ¿acaso el problema de la delincuencia?. Otra fantasía totalitaria y de la autoridad en crisis: pensar que el "control total" es posible, pensar que es posible regular a toda la sociedad. Ignorantes de lo social y sus procesos.

Escribimos estas líneas como vecinos, como académicos y como ciudadanos comprometidos con la posibilidad de otros modos de convivencia, basados en el respeto al otro desde el reconocimiento de nuestras diferencias. Nos conmueve pensar que esta escena que ayer vimos, se vuelva a repetir (ya la hemos visto suficientes veces). La autoridad local (ya que el nivel central aún no logra asumir un rol en esta materia), DEBE hacer su trabajo, respetando derechos humanos mínimos. Lo que ayer vimos es inaceptable, triste, e indignante.

Nos corresponde, entonces, como vecinos y vecinas insistir y exigir que nuestras autoridades hagan bien su trabajo. Lo que vimos el día viernes, fue una clara expresión del abandono que las instituciones públicas han ejercido sobre las personas inmigrantes, que reproduce lógicas de discriminación y racismo inscritas en nuestra sociedad desde hace décadas.