La Región de Valparaíso, a su vez, es la que encabeza el número de siniestros: un total de 57 en el período analizado.
“Aunque el número 35 mil hectáreas puede ser bajo en términos a los millones de hectáreas que tenemos protegidas, el problema es que los bosque que se están quemando son bosques antiguos, de alto valor biológico. Especies nativas en peligro de extinción, que son los bosques que van quedando protegidos, como en el sur de Chile, y que al verse consumidos se produce un daño muy grande a largo plazo, de lo que era el patrimonio natural de Chile para las generaciones futuras”, reflexiona Cristian Bonacic, director del departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente, de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica.
Existe un consenso entre el mundo académico y el gobierno en que el factor humano es preponderante en los incendios en las áreas protegidas. Según Conaf, tal como ocurre con los demás siniestros en Chile, las causas humanas llegan a un 98% de los casos, ya sea por negligencia o intencionalidad.
Descuidos como fogatas mal apagadas durante las excursiones o hacer fuego en lugares no habilitados de los parques son algunos de los factores de incidencia. Pero no son los únicos -dice- Alfredo Mascareño, gerente de Protección contra Incendios Forestales de Conaf. “Hay otras situaciones que se han experimentado que tienen que ver con el corte de cables eléctricos. Ahí, hay una negligencia, en términos de que no hay una buena mantención de la faja en donde están puestos estos sistemas de conducción de electricidad”, explica.
En el caso de la Reserva Nacional Lago Peñuelas de Valparaíso, por ejemplo, Mascareño alude a la intencionalidad. “En el caso de Peñuelas hay una fuerte intencionalidad de provocar fuego. Algunos dicen que es para ver las operaciones aéreas”, sostiene.
Mejorar las medidas de prevención, educación y la vigilancia son aspectos fundamentales a considerar para enfrentar los incendios en estas áreas protegidas, según los especialistas. Actualmente, Conaf cuenta con cerca de 450 guardaparques en el Snaspe que resguardan las más de 100 unidades distribuidas en el territorio.
En paralelo, el número de visitantes se ha ido incrementando cada año. Si en el año 2000 la cifra era de 1.022.002 visitas, para el año 2015 este número aumentó a 2.689.190.
Guillermo Julio, ingeniero forestal y docente de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, señala que en recintos como Torres del Paine “hay un problema serio de vigilancia y de incumplimiento de las normas por parte de los visitantes. Ahora se han tomado medidas de prevención más estrictas”. Añade que en el caso de los tres últimos incendios ocurridos en este parque “fue exactamente el mismo problema, gente que encendió fuego estando prohibido. Esta es un área con vientos muy fuertes, un pasto como el coirón que es altamente inflamable y en unos pocos segundos, cualquier foco, puede quemar varios metros cuadrados de superficie y es prácticamente imposible detenerlo para una persona sola”.
El año 2013 se promulgó una ley que aumenta el castigo para los responsables de incendios forestales en Chile. Entre sus artículos, se menciona que quien por imprudencia o negligencia en el uso del fuego provoque un incendio en un Área Silvestre Protegida “sufrirá la pena de presidio menor en su grado máximo (entre tres y cinco años) y una multa de cien a doscientas unidades tributarias mensuales”. Es decir, entre 4,6 a 10 millones de pesos mensuales.
Sin embargo, debido a la proliferación de incendios forestales en los últimos años y el impacto que están generando fenómenos como el cambio climático, surgen mayores desafíos para enfrentar esta problemática, asume Alejandra Figueroa, jefe de la división de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. “Necesitamos mejorar nuestros sistemas de monitoreo, de alertas tempranas y perfeccionar la presencia en áreas que son y van a seguir siendo de riesgo. En la medida en que se incremente o se genere mayor desarrollo periurbano, en donde las personas tengan más acceso a las áreas, eso requiere de mayor cuidado”, apunta.
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Consecuencias
Más allá de la pérdida de la belleza paisajística que proveen estas áreas silvestres, la afectación en la biodiversidad es uno de los impactos de mayor preocupación a raíz de los incendios.
“En primer lugar, cambian las características del suelo, se pierden los hábitats de otro tipo de especies terrestres, la estructura ecológica, biológica del sistema se pierde completamente en términos de estructura y función; no provee del mismo servicio que están entregando los distintos tipos de bosques y tipos vegetales que tenemos en el país”, detalla Alejandra Figueroa del Ministerio de Medio Ambiente.
Añade que “también perdemos las características asociadas a estos ecosistemas que proveen una mitigación respecto del aumento de temperatura; las condiciones asociadas a mejores ambientes desde el punto de vista climatológico. Los bosques saludables tienen un importante rol respecto de los ciclos hidrológicos”.
El académico de la Universidad Católica, Cristian Bonacic -quien trabaja en un proyecto con las universidades Columbia y South Dakota (Estados Unidos) y la Bristish Columbia de Canadá, sobre las consecuencias del fuego en la biodiversidad en áreas protegidas en Chile-, se refiere a los impactos económicos tras los siniestros. “Está la pérdida directa de bosques o de casas. Los incendios no discriminan si es un borde de un área protegida. Segundo, si un área protegida queda seriamente dañada por un incendio, existe el riesgo de tener plantas invasoras y animales exóticos que son dañinos para la agricultura. Tercero, al haber incendios y perder la calidad ambiental y el atractivo turístico que pueda tener un área protegida, puede disminuir la actividad económica que se genera alrededor de estas áreas”, asevera.
Para Bonacic, una de las medidas urgentes a tomar de parte del gobierno es la creación de un servicio forestal en Chile, que se dedique a la conservación y protección de los bosques, mientras que el ámbito de biodiversidad, quede en manos del Ministerio de Medio Ambiente.
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Restauración
La recuperación de hábitats afectados por incendios forestales es una de las medidas que paulatinamente se han ido tomando desde el gobierno desde 2012. Según explica Víctor Lagos, encargado del Programa Nacional de Restauración Ecológica de Conaf, existen dos formas de restauración. Una pasiva, que significa no intervenir y en la que el propio ecosistema expresa su resiliencia, y una activa, en la que se realizan acciones concretas como la revegetación. Cada caso, depende del impacto ocasionado por el fuego.
“Hay que tener en cuenta que el bosque que se quemó, no se quemó con la misma severidad en todos lados. También entender que no todos los ecosistemas tienen la misma capacidad de rehacerse. En el caso de Torres del Paine, toda la parte de pastizales, de coironales, que es la mayor superficie de estas 17 mil hectáreas quemadas en 2012, al otro año ya estaban recuperadas, a diferencia por ejemplo de los bosques de lenga, en que estamos hablando de especies que son de crecimiento más lento”, señala Lagos.
A lo anterior se suma otro proceso relevante, que es el control de amenazas posteriores, como presencia de ganado y evitar la ocurrencia de nuevos incendios.
Según Conaf, en el caso de Torres del Paine hasta el año 2015 se habían reforestado 200 hectáreas con 500 mil plantas de lenga y se espera que para el 2018 se hayan instalado otras 300 mil plantas de esta especie. En China Muerta -lugar donde entre las especies perdidas figuró la araucaria-, existe una propuesta de restauración ecológica para la cual se espera el financiamiento del Gobierno Regional.
Con todo, los expertos coinciden en que si bien la recuperación depende del tipo de bosque quemado, un fenómeno de regeneración es un proceso que puede tomar décadas. “Un bosque nativo puede tardar más de 100 años en recuperar las condiciones primitivas”, enfatiza el ingeniero forestal, Guillermo Julio.
