Juan Montenegro, presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (Fetrapes), presentó la denuncia ante la Contraloría General de la República para que esta determine la legalidad administrativa del Decreto Supremo Número 37, firmado por la presidenta Michelle Bachelet, el Ministro de Economía Luis Felipe Céspedes y el Subsecretario de Pesca Raúl Súnico, el que autorizó por 10 años a la empresa GlobalPesca SpA a capturar bacalao de profundidad en las costas chilenas, a pesar de que el informe técnico cct-pesca (comité científico técnico de recursos demersales de aguas profundas) N° 3 de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) lo catalogó como un recurso sobreexplotado y en estado de agotamiento.
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