Pasados seis meses desde que el Comité de Ministros resolviera dar el visto bueno al proyecto de represa Río Cuervo de Energía Austral, las organizaciones que participaron como reclamantes en el proceso aún esperan la notificación oficial para iniciar las acciones legales de impugnación de la decisión adoptada por la administración Bachelet. Así lo informó el director de la Agrupación Aysén Reserva de Vida, Peter Hartmann, quien señaló que “el apuro del gobierno por aprobar ese mega proyecto, cuando aún está en discusión la Política Energética Regional, lo vemos como un intento de dar señales a una iniciativa que nadie quiere, dado que a los pocos meses se informó que tanto Glencore como Origin Energy se quieren deshacer de él”.
El dirigente indicó que “desde enero estamos esperando la resolución del Comité de Ministros, pero extrañamente aún no la recibimos. Y en el intertanto la seremi de Energía sube a Energía Austral, dueña del proyecto Río Cuervo, a la Comisión Regional de Desarrollo Energético cuando todavía no hay nada oficial. Entonces no entendemos qué pasa”. A este cuestionamiento sumó que “tenemos a HidroAysén como parte de los grupos técnicos de trabajo de la política energética, junto a gremios de las eléctricas nacionales y extranjeras, además de consultores y empresarios locales que están en un espacio que debiera ser en pro del interés común regional, pero que van a defender sus propios negocios” puntualizó.
En este sentido puntualizó que “estamos esperando la resolución para impugnarla en tribunales ambientales, que es el próximo paso que debemos dar”.
Dictamen de Contraloría
Este lunes se conoció un dictamen de la Contraloría donde desestima que los ministros que participaron en la sesión aprobatoria de enero pasado hayan incurrido en faltas a la probidad. Esto, producto de las reuniones previas que los titulares de Energía Máximo Pacheco, Medio Ambiente Pablo Badenier y Minería Aurora Williams sostuvieron con representantes de Energía Austral. Williams, incluso, comparte directorio en Enami con Verónica Baraona, ejecutiva del área legal de Glencore.
Sobre este punto el presidente de Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, Patricio Segura, indicó que “estamos evaluando si recurrimos de reposición, pero por cierto que para ello un instrumento fundamental es la resolución donde el Comité de Ministros entrega los argumentos de por qué aprobó dio el visto bueno a la iniciativa y desechó nuestros planteamientos”.
En este sentido, explicó que de todas formas uno de los aspectos que relevó el organismo fiscalizador fue que “en la medida que se concedan tales audiencias a una de las partes afectadas, debe reconocerse, de requerirse, igual prerrogativa a los demás interesados en el mismo asunto, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 11 de la citada ley N° 20.730”. Y esto fue expresamente vulnerado por el Comité de Ministros al reunirse con representantes y lobbystas de las empresas, negando expresamente esta posibilidad a la ciudadanía, por lo cual “llama la atención que no haya sido considerado por la Contraloría, más aún cuando el propio argumento del Ministerio de Medio Ambiente para negarse en el caso de la sociedad civil fue que de hacerlo contravendría el principio de probidad vinculado con conflictos de interés”.
