No son pocos quienes aún retienen en la memoria la imagen de diputados y senadores en pleno aprobando una ley express  para solucionar el error que los encargados electorales de la Democracia Cristiana cometieron en julio de 2001, previo a las elecciones parlamentarias de ese año. Por esos imponderables que ocurren en ocasiones, durante la inscripción de ocho de los nueve candidatos al Senado y 51 de los 56 a la Cámara Baja alguien olvidó incluir el mandato que los postulantes deben entregar para el trámite, lo cual derivó en el rechazo, por parte del Servicio Electoral, de tales candidaturas. Fue tal el impacto en el mundo político, que el presidente Ricardo Hormazábal se vio obligado a renunciar y el timonel de la UDI de la época, Pablo Longueira, se alzó como salvador de sus adversarios, asegurando los votos para, mediante una normativa especial, aplazar las elecciones en una semana y así dar tiempo para enmendar el rumbo.

Solo tres días tomó a la clase política armar el proyecto, enviarlo al Congreso, aprobarlo y publicarlo como ley. La DC y la Concertación podían respirar aliviadas. Y, según nos dijeron, nuestra democracia también.

Recordé tal diligente actuar con motivo de la tramitación del proyecto de ley que regula los servicios sanitarios rurales, que la semana pasada inició su votación en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados. Proyecto esencial para asegurar la figura de servicio público, no comercial, de los sistemas de agua potable y saneamiento en territorios no urbanos.

La iniciativa original ingresó al Senado en 2008 a instancias del gobierno de Michelle Bachelet.  Este primer trámite constitucional fue breve, menos de un año, luego de lo cual pasó a la Cámara Baja.

Aunque logró avanzar bastante, en 2010 la administración de Sebastián Piñera intentó incorporar cambios que desperfilaban el sentido colectivo y no comercial del mensaje inicial. La oposición de las organizaciones y un sector de los diputados detuvo la tramitación. Y así, pasaron casi seis años hasta que la semana pasada se procedió a votar la indicación sustitutiva que en septiembre ingresó el nuevo gobierno, enrielando nuevamente la discusión hacia su sentido matriz.

Seis años de espera.

Seis años para abordar una iniciativa fundamental para miles de chilenos y chilenas que habitan en la ruralidad y que esperan se fortalezca una práctica común en un ámbito tan esencial como es el saneamiento y el suministro de agua.

Son las paradojas del sentido de urgencia y prioridades del sistema político. Del sistema político como un todo, más allá de las excepciones.

En el caso del impasse de la Democracia Cristiana en 2001 el acuerdo fue inmediato, asumiendo que la ley era crítica. En el de los servicios sanitarios rurales, simplemente no. Porque más allá de sus complejidades, lo que está claro es que no hay consenso en esta materia, que existe un choque de miradas sobre el sentido que se debe dar a un servicio básico esencial: entregarlo al mercado para ser regulado por criterios comerciales y de acceso sobre la base del poder adquisitivo, o apostar por el cooperativismo en la gestión y asumirlo como un derecho social más allá de la disponibilidad económica.

El fondo del debate es si se mantendrán las organizaciones de agua potable rural con el sistema vigente, reforzando y mejorando su actual forma de operación, o se entregará el servicio a las sanitarias comerciales, ahora que ciertos territorios se transformaron en buen negocio producto del crecimiento poblacional y la expansión inmobiliaria.

Es muy posible que para muchos, entregarlo al mercado sea la mejor opción. El mantra sobre la calidad, la eficiencia en el servicio e, incluso, la justicia en su prestación (nada es gratis y quien quiere algo tiene que esforzarse, es decir, pagar) va asociado a la competencia y el lucro individual. Y claro, en tal argumentación se olvidan convenientemente los problemas que ha generado tal visión en términos de maximalización de las utilidades a través de prácticas ilegales (colusión, financiamiento de la política) o sus deficiencias éticas (negar un servicio básico a quienes no pueden pagar, la privatización de lo que debiera ser público).

En Chile al momento del ingreso del proyecto existían 1.500 organizaciones de agua potable rural, abasteciendo a cerca de un millón y medio de personas.  En Aysén, son 35 las agrupaciones de este tipo, para unos seis mil pobladores y pobladoras. Pero la discusión de hoy en el Congreso, como tantas otras, no solo les afecta a ellos. Permea el tipo de sociedad que vamos construyendo.

Y construir sociedad no es tarea solo de algunos. Es labor, si se me excusa la redundancia, de toda la sociedad.