“Nos complace que se revierta la decisión equivocada del Consejo para la Transparencia. Es evidente que esta información reviste carácter público, ya que permite a las personas decidir sobre asuntos fundamentales, como la salud y el medioambiente, además de saber si el gobierno está haciendo su trabajo al controlar a estas empresas”, señaló Alex Muñoz, director ejecutivo de Oceana.

Recordemos que en julio del año pasado, Oceana recurrió al Consejo para la Transparencia después que 50 salmoneras se rehusaran a revelar la cantidad y tipo de antibióticos utilizados por cada una de ellas, aduciendo que se expondrían a un “riesgo competitivo y comercial”. El Consejo, dio la razón a las salmoneras y declaró que el Servicio Nacional de Pesca no estaba obligado a entregar las cifras desagregadas.

Para la Corte de Apelaciones, sin embargo, la información requerida no tiene un valor comercial ni revela procesos productivos industriales, por el contrario, “pretende asegurar que la resistencia bacteriana de los antibióticos aplicados a los salmones no se transfiere al ser humano, junto con preservar el medio ambiente ante el uso de los mismos”. En la resolución, la Corte agrega que la “difusión de estas cifras causaría un beneficio, al poderse efectuar los controles sanitarios que objetivamente protegen a toda la población”.

“Sabemos que la industria salmonera en su conjunto usa cantidades exorbitantes de antibióticos, pero nuestra impresión es que algunos usan muchos más que otros. Saber qué empresa tiene un mejor o peor comportamiento, nos permite definir con mayor precisión las medidas y los focos que hay que tener para una política de reducción en el uso de antimicrobianos”, puntualizó Alex Muñoz.

La Organización Mundial de Salud (OMS) ha señalado que el abuso de antibióticos produce una resistencia bacteriana en los peces que puede generar serios problemas de salud pública, al dejar sin tratamiento ciertas enfermedades que afectan a los humanos. A esto se suma la contaminación producida por las salmoneras a través de otros químicos, como los antiparasitarios, que causan graves daños en los ecosistemas marinos.

Tanto las empresas salmoneras como el Consejo para la Transparencia podrían recurrir hasta la Corte Suprema e impugnar esta sentencia.