El pasado lunes 29 de septiembre en la Tercera Sala de la Corte Suprema se realizaron los alegatos por el recurso de casación interpuesto por Barrick Gold, el cual pretende revocar el fallo del 3 de marzo que estableció el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago.

En el proceso que se llevó a cabo a principios de año, finalmente se acogió la postura de las comunidades en contra del proyecto minero, ya que se estableció que el proceso sancionatorio para el caso Pascua Lama era deficiente y debía ser reabierto, pero ahora pero ahora incorporando todas las infracciones y considerando su impacto de manera acumulativa y no fragmentaria como se había hecho.

La sala constituida por los ministros tituleres Rubén Ballesteros, Haroldo Brito y Carlos Cerda y las ministras Rosa Egnem y Adrea Muñoz, escuchó por casi 6 horas los alegatos de las partes, representadas por José Antonio Urrutia por parte de Barrick, y por los abogados Cristián Gandarillas y Alvaro Toro por parte de Agrícola Santa Mónica y las comunidades afectadas.

Sin embargo, a pesar de encauzar el polémico acuerdo entre Barrick y algunas comunidades diaguitas del Valle del Huasco, la instancia no contó con la participación del abogado Lorenzo Soto, quien se “bajó” del recurso del que también era parte.

Durante los alegatos, Urrutia estableció que los Tribunales Ambientales se habían sobrepasado en sus atribuciones, ya que habrían pretendido suplantar a la Superintendencia en sus funciones. El abogado de Barrick aseguró en la instancia que: “El Tribunal Ambiental utiliza datos de Línea de base desactualizados y por tanto equivocados, distintos de los que correspondía aplicar, llevándolo a conclusiones equivocadas”.

Es más, Urrutia pretendió hacer creer a la Corte que existía una autorización para ocupar una nueva metodología de cálculo de niveles de alerta de calidad de agua, más permisiva, con lo cual aquello que el Tribunal y las comunidades acusan como contaminación, ya no sería tal porque no se superarían los nuevos parámetros permisibles.

Por otra parte, los abogados Gandarillas y Toro pudieron probar mediante cartas del Servicio de Evaluación Ambiental, que el cambio de metodología aludido por la empresa, aunque fue solicitado hace años, hasta el día de hoy no tiene ninguna autorización.

Con estos y otros antecedentes más los abogados en defensa de las comunidades y de Agrícola Santa Mónica demostraron que el análisis y el veredicto del Tribunal Ambiental sobre las aguas era correcto, lo que no constituyó sobrepasar las atribuciones que le competen a esa entidad.

Según se informó hoy en la mañana, ya se designó a la señora Rosa Egnem para redactar el fallo, lo que indica que próximamente deberá publicarse el veredicto de la Corte sobre este caso.