Ecoconstituyentes | Lucio Cuenca: “La privatización del agua está en el trasfondo de la precarización de la vida”
Desde Bienes Comunes de El Desconcierto, conversamos con candidatos y candidatas constituyentes de diferentes sectores políticos y sociales con propuestas que buscan incluir al medioambiente como uno de los ejes centrales en sus programas.
A continuación, compartimos reflexiones, lineamientos y posturas de Lucio Cuenca Berger, integrante de la lista independiente Voces Constituyente del Distrito 12 y cuya candidatura es respaldada por la Red No Alto Maipo y apoyada por el Movimiento por el Agua y los Territorios, espacios organizativos de los que se hace parte.
En este proceso constitucional/constituyente se ha dado una dicotomía: militantes de partidos e independientes, que invisibiliza el quehacer político-social de los movimientos. ¿Qué te diferencia a ti y a otras candidaturas emanadas de organizaciones sociales y territoriales de ser un mero independiente?
Mi candidatura y la lista Voces Constituyentes existe como parte de un proceso de deliberación y elección en la Asamblea de Organizaciones Sociales y Territoriales del D12, por lo tanto, es producto de un proceso colectivo gestado en una Asamblea con más de 40 organizaciones. Todes los que sometíamos nuestras propuestas a la Asamblea, teníamos que cumplir con ser parte de una organización territorial con base en el distrito y ser independientes de partidos políticos. En mi caso, presentado por la Red Metropolitana No Alto Maipo y con el apoyo del Movimiento por el Agua y los Territorios MAT. Esta candidatura es independiente de partidos políticos, pero es una opción militante del movimiento socioambiental, buscando representar a aquellas voces que ven en esta forma de organización una alternativa política con trayectoria para la Convención.
Desde el OLCA han acompañado, durante más de 25 años, a comunidades en conflicto con empresas extractivistas, como es el caso de Huasco Alto con Pascua Lama, la defensa de la Bahía de Mehuín frente a Celulosa Arauco, la termoeléctrica Castilla, que pensaban enclavarla cerca de Copiapó; la defensa del Cajón del Maipo frente a Alto Maipo, y la insistencia de la minera Vizcachitas Holding por instalarse en el Valle de Putaendo. ¿Qué elementos son transversales a los casos mencionados? y ¿cómo la actual constitución da garantías a estas empresas?
Lo primero en común es que son proyectos extractivistas de apropiación y explotación de naturaleza en grandes volúmenes, explotada de manera intensiva y transformadas en materias primas, para poner en el mercado global. Son productos de una economía que apuesta por enclaves de explotación, que se imponen a los territorios regionales y locales, muchas veces con decisiones centralistas que no consideran ni las potencialidades de economías locales diversas, ni la opinión de las comunidades del territorio, ni tampoco los impactos ambientales que en algunos casos son irreversibles. Otro factor en común es que son Empresas Transnacionales, que llegan a Chile con protecciones especiales a la inversión como lo que denominan la “certeza jurídica” sobre la propiedad privada, beneficios tributarios y ambientales varios.
La Constitución del 80 en su esencia tiene anclado el extractivismo en su estructura, garantiza de manera extrema la propiedad privada y la libertad de empresa, permite la apropiación y dominio de elementos de la naturaleza que no los reconoce como tal, y permite su privatización y mercantilización. Ejemplos de esto es el Agua, las Minas, las semillas, entre otras.
En 2015 el OLCA realizó el seminario internacional "Recuperar los bienes comunes, desafío en el proceso constituyente del Chile extractivista". ¿Cuáles fueron las principales reflexiones?
Los Conflictos Socioambientales venían mostrando que alcanzar niveles de protección duradera del medio ambiente y de las comunidades, requería de cambios profundos a la Constitución. Podríamos decir que con esa toma de conciencia se iniciaba el proceso destituyente de los principios y el Estado que inspiraron el texto de Jaime Guzmán como principal artífice de la Constitución impuesta.
De las primeras conclusiones aparece la Asamblea Constituyente como el camino en que se debe expresar la soberanía; lo segundo que aparece es sacar del centro el Estado subsidiario y el rol de la propiedad privada y la empresa en la sociedad, por lo tanto desprivatizar y desmercantilizar los bienes comunes de la naturaleza, ya en ese tiempo aparece el reconocimiento de la naturaleza como sujeta de Derechos, con influjos muy fuertes de los procesos ecuatorianos y bolivianos. La crisis hídrica con serias consecuencias en todo Chile, ponía muy al centro desprivatizar el Agua y declararla constitucionalmente como Derecho Humano y Bien común.
Hace unos días publicaste una columna sobre la deuda que mantiene Barick Gold (Pascua Lama) con el Estado de Chile, además de la multa por las afectaciones en el territorio. ¿Qué rol han jugado las transnacionales mineras en estos últimos 30 años?
La minería es el sector económico extractivista donde se puede visualizar los más grandes impactos y perdidas que ha tenido Chile en estos 30 años. El volumen del negocio es gigantesco, pero para el sector privado, el 70% de la extracción está en manos transnacionales privadas, y el aporte de toda la minería a los ingresos fiscales es solo del 6% del total.
Si bien la institucionalidad y leyes que permitieron la reprivatización del sector, como la misma Constitución, la Ley Orgánica Constitucional de concesiones mineras y el Código Minero, se formulan en los años 80, la materialización de esta política se intensifica a partir de los años 90 en democracia. La desnacionalización y el aumento de la extracción ha sido brutal, se multiplicó por tres, eso significó una ampliación territorial, mayor uso de Agua y energía, mayor generación de desechos. En definitiva, se multiplicaron los impactos y la destrucción eco sistémica de los territorios, desplazando actividades tradicionales, aumentando y agravando las zonas de sacrificio y, en definitiva, precarizando la vida.
El extractivismo minero actúa como un poder fáctico en Chile, ha fomentado la corrupción política, interviene y genera presión ante el mejoramiento de las normas ambientales, como por ejemplo, la reforma a ley ambiental y sus reglamentos, ha impedido tener una ley de protección de los glaciares o legislación que mejore la tributación a favor del país. En definitiva, hoy debe estar en el debate constituyente, si es efectivo que la minería le reporta tantos beneficios a Chile, poniendo todas las dimensiones de impacto en la balanza.
¿Cuáles han sido las consecuencias de los extractivismos, parte del “modelo de desarrollo”, en los territorios en materia socioambiental y ecosistémica?
Los extractivismos actúan como una economía de enclave, en la práctica no interactúan positivamente con las dinámicas económicas locales, no generan encadenamientos, no favorecen las actividades y formas de vida preexistentes. Al contrario, les transfieren a las comunidades locales y al ecosistema del territorio impactos que precarizan la vida en sus distintas dimensiones. Contaminación y sobre uso del agua, perdida y destrucción de suelos, contaminación del aire, son los factores de impacto socioambiental y al ecosistema del territorio.
¿Cuál ha sido el rol de la política de apertura economómica, los TLC y la protección a la inversión extranjera en la perpetuación de una economía de dependencia respecto a lo países demandantes de materias primas?
Chile hizo apertura unilateral de su economía y tempranamente a mediados de los años 70 generó instrumentos para facilitar y dar seguridad a los inversionistas extranjeros (DL 600), luego en la década del 90 vienen los TLC como una política de la economía global para “facilitar” el comercio reduciendo aranceles, pero también entregando otras garantías a los inversionistas que permitieran mantener condiciones de privilegio frente a eventuales cambios que se pudieran generar e nuestro país y que les pudieran afectar el negocio.
El primer TLC que Chile firma es con Canadá, principal inversor en el sector minero en Chile, esto muestras las prioridades de la entreguista política económica minera de Chile. Los TLCs están en la base del aumento de inversión minera transnacional en nuestro país, y también en la base de tener una política minera privatizada.
Una de las principales demandas del Movimiento por el Agua y los Territorios, del que te haces parte, es la desprivatización del agua al considerarla un bien común. ¿Cómo se expresa la desigualdad y la exclusión en el acceso al agua?
La privatización y concentración de la propiedad del agua está en el trasfondo de la precarización de la vida y la degradación ambiental de los territorios. La gestión del agua se entregó al mercado y el Estado en la práctica renunció a tener un rol activo en la gestión y fiscalización del agua. Esto permite la sobre explotación de aguas superficiales y subterráneas, que la DGA en cuencas importantes haya entregado más derechos de aprovechamiento de agua que la cantidad de agua disponible, también hay robo o extracciones ilegales que son conocidas, pero el Estado no realiza fiscalización (como el caso Luksic en Elqui).
Un reciente estudio de la UDLA nos informa que la desigualdad y exclusión en el acceso del agua está en la concentración de la propiedad de esta, a partir del registro de DAA que tiene la DGA, el 1% de los propietarios del agua tienen el 79% del agua disponible, esto corrobora lo que se vive en muchos territorios.
Las obras de Alto Maipo han destruído glaciares, entre muchas otras afectaciones. ¿Qué implica la destrucción de estos ecosistemas claves? ¿Qué repercusiones puede tener para las y los habitantes del Gran Santiago?
El desvío de los tres principales Ríos de la cuenca alta del Maipo, introducir sus aguas en un túnel de 70 Km de largo, tanto en el proceso de construcción como durante su funcionamiento representa amenazas letales para Santiago y sus 7 millones de habitantes, esto no es otra consecuencia que dejar a esta gran población sin su fuente más importante de agua.
Las afectaciones al sistema hidrológico del Cajón del Maipo, ya está teniendo consecuencias a los ecosistemas en el proceso de construcción, afectación de glaciares, contaminación de aguas, destrucción de ecosistemas muy importantes, como vegas alto andinas, que nos muestra desde ahora un deterioro del territorio, pero también presagia una afectación a todo el sistema de vida de la comuna de San José de Maipo incluida sus principales actividades económicas, entre otras consecuencias.
En Chile muchos candidatos, incluso perfilados como ecologistas, insisten en trabajar por un modelo de desarrollo sostenible. Sin embargo desde la ecología social surgió hace un tiempo el concepto Alternativas al Desarrollo ¿Cómo la explicarías? y ¿Cuáles experiencias reconoces como alternativas al desarrollo?
El paradigma del Desarrollo como la vía para lograr justicia social y niveles de bienestar suficientes para nuestras poblaciones viene mostrando vacíos e insuficiencias hace décadas, y se le fueron agregando apellidos en la medida que los países tomaban conciencia de sus carencias. Cuando se toma conciencia de la crisis ambiental que generaba el “desarrollo”, surgen propuestas de como compatibilizar el bienestar social con la economía y el medio ambiente, esto tiene su momento culmine en la Cumbre de la Tierra en 1992 donde se valida este nuevo paradigma que se llamaba Desarrollo Sustentable. Pero ya venían imponiéndose en el mundo las políticas neoliberales, y el crecimiento económico sin límites como su principal motor, esto también era parte del Desarrollo Sustentable, por lo tanto Crecimiento Económico pasaba a ser sinónimo de Desarrollo.
En definitiva, la crisis ambiental global y local se sigue profundizando, el paradigma del Desarrollo con sus distintas versiones son parte del problema. Los movimientos y pueblos y los debates, en particular en Latinoamérica, comienzan a plantear alternativas que están más allá del Desarrollo, se habla de post neoliberalismo, de post extractivismo, de soberanía alimentaria, de plurinacionalidad, de economías locales, de Buen Vivir, de naturaleza con Derechos… en definitiva de “alternativas al Desarrollo”.
En Ecuador han reconocido constitucionalmente los Derechos de la Naturaleza ¿A qué necesidad responde este planteamiento y por qué la Naturaleza debiese ser concebida como sujeta de derechos en Chile?
La crisis ambiental global tiene un carácter civilizatorio, o sea, tiene que ver con el modo de vivir que hemos construido las comunidades humanas. También tiene un carácter sistémico, en particular en las últimas décadas en el Capitalismo y en sus versiones más destructivas actuales, el neoliberalismo extractivista. Esto nos lleva a reflexionar que la relación de dominación y control de la naturaleza por parte de las comunidades humanas, se debe replantear, no es una cuestión de estándares, tiene que ver con los modos de habitar en este planeta.
Las respuestas y el debate latinoamericano, nos presentan un desafío político y ético, como se replantea la relación de la naturaleza, que nos permita enfrentar las necesidades de justicia y bienestar de las comunidades humanas con el respeto por las otras vidas y especies en la naturaleza. Esto nos obliga a dejar atrás la mirada utilitarista con la naturaleza y avanzar en reconocer que la naturaleza tiene valores propios y deben ser respetados, una manera de hacerlo es reconocerla como sujeto de derechos, es decir, otorgarle derechos que permitan resguardar sus ciclos y las distintas vidas que la conforman. Me parece que esto es una gran oportunidad para pensar de otra manera la política y la gestión ambiental.
Los países industrializados, como los pertenecientes a la UE, han propuesto la reconverción energética como una solución frente a la contaminación, donde el litio es uno de minerales claves para la electromovilidad, principalmente. Sin embargo su extracción sigue ocasionando las mismas afectaciones que otras actividades mineras en los territorios donde se enclavan. ¿Cómo superar una economía basada en los extractivismos?
Hay que repensar el origen de nuestros problemas, me refiero a la crisis ambiental, y luego plantear las soluciones abordando las razones estructurales. Las soluciones del norte, de los países industrializados, no son nuestras soluciones. Nosotros seguimos siendo víctimas de las soluciones del norte, ellos quieren cumplir sus compromisos ante los convenios internacionales sobre reducción de emisiones, manteniendo sus patrones de consumo y sus modos de vida confortables.
Pensar una sociedad y una economía post extractivista, nos debe llevar a pensar desde otras prioridades, se debe poner al centro la vida y el respeto por las opciones de plan de vida de los territorios y sus potencialidades. Con esto debemos planificar una transición que nos permita potenciar las economías locales basadas en las potencialidades y sostenibilidad de estas en cada región. Este camino debe contemplar una bajada selectiva de la economía global, una recuperación de soberanía económica, y por lo tanto de denuncia de los TLCs.
¿Qué rol debiese tener el Estado y las comunidades en la gestión de los bienes comunes?
El Estado se debe concebir política, administrativa y ecosistémicamente descentralizado, con un sistema democrático de participación directa y vinculante. Nosotros planteamos que se debe desprivatizar y desmercantilizar los bienes comunes de la Naturaleza y también sus funciones ecosistémicas (Ejemplo el agua), esto significa que son bienes inapropiables y que deben ser gestionados de forma colectiva o comunitaria, nosotros apostamos por la gestión comunitaria no solo como un instrumento de administración, también como la manera de gestionar el territorio y sus ecosistemas, pero también como un componente de hacer justicia social, ambiental y ecológica.
Chile es un país sumamente centralizado con una organización territorial que no responde a las pertinencias locales. ¿Me podrías contar sobre las Bio-Regiones?
Como decía en la respuesta anterior, la descentralización debe tener un criterio eco sistémico en su forma de organización y gestión, esto potencia las posibilidades de mantención y respeto de los ciclos de la naturaleza, permitiendo una gestión más sostenible.
¿Qué temas constituyentes prioriza tu candidatura?
Pensamos que es necesario plasmar la visión de las defensas ambientales en la nueva Constitución, haciendo posible que desde ella se garanticen los derechos humanos, sociales, ambientales y ecológicos. También debemos avanzar en un nuevo marco de relación reconociendo a la Naturaleza como sujeta de derechos, y de esta manera garantizar el derecho a que se resguarden sus ciclos de regeneración de la vida y sus especies. En esta misma línea, garantizar el derecho a la reparación y restauración de territorios devastados por el extractivismo. Establecer Derechos de la Naturaleza es sentar una base para pensar una transición postextractivista y un paradigma socio-biocéntrico,
A la vez se hace urgente el reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas estableciendo un Estado Plurinacional. Además consideramos necesario declarar el agua como un Derecho Humano y bien común, en todos sus estados, y también dar protección total a los glaciares y sus ecosistemas. Por último, otro punto relevante es la descentralización real y democratización; la creación de bio-regiones, la gestión territorial y la planificación con enfoque ecosistémico.
Para finalizar, de ser electo como constituyente y en el caso hipotético de levantar un bloque antineoliberal. ¿Cuáles serían los primeros puntos que tocarías del proyecto de nueva constitución?
Los primeros puntos a plantear tienen que ver con las condiciones en que se llega a la Convención, en las reglas para su funcionamiento y como esta instancia va a interactuar con los distintos territorios. En esta dirección, es un imperativo ético exigir la libertad de los y las presos y presas políticas antes de iniciar las sesiones. Segundo, impedir el veto por la vía del quorum 2/3 y realizar plebiscitos que diriman temas donde hay mayoría simple. Por último, establecer mecanismos obligatorios y vinculantes de consulta y mandato de las organizaciones en los distritos.