A fines de 2020, Fundación Terram publicó su tradicional Balance Ambiental, el cual tituló “Ante una nueva Constitución, Apruebo transformación”. Este documento realiza un análisis completo de lo acontecido en el período que culmina y su contenido está dividido en capítulos dedicados a distintas áreas temáticas relacionadas con el medio ambiente y que están afectando los ecosistemas en Chile.

En el capítulo Contaminación y Zonas de Sacrificio de la publicación, escrito por el investigador de Fundación Terram, Hernán Ramírez, la organización realiza una evaluación del avance y los retrocesos que tuvieron las políticas públicas nacionales para solucionar la situación de las “Zonas de Sacrificio” ambiental que existen en Chile, las cuales, recordemos, son llamadas de esta manera debido a la alta contaminación que las aqueja, ya que se ha priorizado el establecimiento de polos industriales por sobre el bienestar de las personas y el ambiente.

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“El malestar expresado en el plebiscito de octubre, como también en el apabullante triunfo de la opción Apruebo en las Zonas de Sacrificio ambiental como Tocopilla, Mejillones, Calama, Huasco y Quintero-Puchuncaví, indica la necesidad urgente de reformar nuestra institucionalidad ambiental a fin de hacerla coherente con las necesidades del país y las demandas que durante años han expresado los habitantes de diversos territorios, temas que sin duda deben estar presentes en la redacción del nuevo pacto que la Convención Constitucional”, señala Ramírez, a modo de evaluación general en este capítulo.

A lo largo del análisis, se detallan eventos que beneficiaron y empeoraron la situación de las localidades de Quintero y Puchuncaví, Tocopilla, Calama, Mejillones, Antofagasta, Huasco, Tiltil y Coronel.

2020: Pequeños avances para la Bahía de Quintero, Calama y Coronel

En cuanto a la Bahía de Quintero, el Balance Ambiental 2020 de Fundación Terram destaca la medida implementada como cumplimiento al fallo histórico de la Corte Suprema, que modificó el Instrumento de Ordenamiento Territorial de Valparaíso (PREMVAL), con el fin de reducir en 754 hectáreas la superficie destinada a industrias peligrosas y molestas en la zona.

Sin embargo, agrega que muchas otras medidas ordenadas por la Corte Suprema aún no se cumplen, “entre las que se encuentran la determinación de contaminantes que originaron las intoxicaciones y el inicio de revisión de la norma para MP2,5”.

Así también, destaca que los varamientos de carbón se han seguido repitiendo, estimándose que para fines del año se acumuló un saldo total de 850 episodios desde 2009, y que al día de hoy no existen respuestas concretas por parte de las autoridades.

También hubo algunos avances en Calama, el 14 de agosto el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó, después de 10 años de espera, un Plan de Descontaminación para material particulado MP10 para la zona, aunque sigue pendiente la firma del Ejecutivo, su revisión por Contraloría y su publicación en el Diario Oficial para dar inicio a su implementación.

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Asimismo, en Coronel, pues en diciembre se paralizó la termoeléctrica a carbón Bocamina I, y en junio la Comisión Nacional de Energía autorizo la desconexión para mayo de 2022 de central Bocamina II.

2021: Desafíos urgentes para Tocopilla, Mejillones, Huasco y Tiltil

La situación es distinta para otras zonas, en las que se hizo más evidente “el bajo compromiso para terminar en forma definitiva con las Zonas de Sacrifico en el país”, según señala el informe.

Un ejemplo es Tocopilla, donde en 2020 destacó el informe emitido por la Contraloría de la República, que determinó que la Superintendencia del Medio Ambiente (MMA) y la seremi de Medio Ambiente de Antofagasta, no cumplieron la tarea de revisar la información de los sistemas de medición continua de emisiones en chimeneas de las termoeléctricas de la zona.

Similar situación se produjo en Huasco, ya que, a pesar de las denuncias realizadas por habitantes de Huasco respecto a que el Plan de Prevención por Material Particulado MP10 presenta graves errores en el cálculo del límite de emisiones de contaminantes industriales, dicho plan sigue sin ser corregido.

Por su parte en Mejillones se produjeron dos hechos lamentables para el medio ambiente y la comunidad: un derrame de seis toneladas de carbón, destinado para la empresa Aes Gener, y el vertimiento de concentrado de plomo desde el Puerto Mejillones.

A diferencia de las situaciones anteriores, sobre la comuna de Tiltil, a través de este apartado, Fundación Terram lamenta el fallecimiento de su alcalde, Nelson Orellana, pues él lideró una serie de denuncias a las carencias de fiscalización ambiental en la zona. Además, la organización dedica esta edición del balance en su honor, agradeciendo sus aportes al mundo ambiental.

Finalmente, el análisis recalcó dos procesos que el MMA inició en 2020: uno iniciar la revisión de la norma de fundiciones y otro para dictar una norma de arsénico respirable tras 26 años desde su eliminación, tras una acción jurídica interpuesta por integrantes de la comunidad de Quintero y Puchuncaví, junto a Fundación Terram, en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Ante esto, el autor de este capítulo, Hernán Ramírez, recalcó que al observar la forma de proceder de las instituciones del Estado “creemos que es fundamental que la autoridad ambiental actúe por iniciativa en concordancia con lo establecido en la normativa, y no en forma reactiva por dictámenes de tribunales o Contraloría que responden a acciones presentadas por personas y organizaciones ciudadanas que buscan defenderse de la falta de diligencia y abandono  de nuestra institucionalidad ambiental nacional”.

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