Comunidad de Tiltil agota última instancia judicial para evitar otro vertedero en la comuna
En Tiltil, las y los vecinos vienen trabajando desde el 2017 para frenar la instalación de un vertedero de residuos industriales en una comuna que ya concentra una gran cantidad de rellenos sanitarios, relaves, chancherías y otras industrias contaminantes. Pero esta es la última instancia legal que tienen para reclamar la decisión. Pasados los alegatos, que continúan este jueves 7 de enero, la Corte Suprema tiene tiempo para dar una sentencia final sobre el proyecto, la cual podría darle luz verde o exigir que se vuelva a evaluar ambientalmente.
Estos días, la comunidad también se han tenido que organizar para denunciar por la falta de agua en sectores rurales de la comuna. La escasez hídrica es una situación que en Tiltil se arrastra desde al menos el 2011, pero cuya necesidad se agudiza en contexto de pandemia y de aumento de temperaturas. Según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), las Asociaciones de Agua Potable Rural (APR) se deben abastecer externamente por camiones aljibe municipales y de aportes privados.
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Como señala el mismo informe, “Tiltil presta un servicio a toda la Región Metropolitana, permitiéndose ahí la localización de infraestructura necesaria para el buen desempeño de las actividades productivas y residenciales. Pero lejos de recibir una contrapartida, la comuna presenta no solo una concentración de actividades molestas y peligrosas, sino que sus indicadores de calidad de vida y desarrollo también presentan una situación de desmedro respecto de los niveles nacional y regional”.
Un nuevo relleno sanitario en Tiltil
A pesar de concentrar decenas de industrias contaminantes, en el 2017 el Comité de Ministros integrado por seis carteras le dio luz verde al Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales (Cigri) de la empresa Ciclo, que ocupará 43 hectáreas cerca de la localidad de Rungue. Este proyecto puede contener hasta tres millones de metros cúbicos de basura e implica el paso de 45 camiones diarios con residuos industriales peligrosos por el sector.
Aunque según la evaluación ambiental el proyecto no generaría externalidades significativas en la salud y el medio ambiente, para la comunidad de Tiltil representa una amenaza más a su agua, su aire y su entorno. Un informe del Colegio Médico destaca los efectos a la salud que podrían tener filtraciones de este proyecto en el aire, los suelos y el agua de la comuna. Estos van desde una mayor prevalencia de cáncer, hasta daños neurológicos, demencia y problemas de desarrollo fetal.
Según representantes legales de la comunidad de Tiltil, el proyecto no evalúa correctamente ni informa los impactos que el tratamiento de residuos peligrosos provocará en la zona, como las emisiones y externalidades que tendrán estos procesos en la calidad del aire, agua y suelos, y por lo tanto en la salud de las personas. También genera preocupación la fragmentación del proyecto, que no evalúa los impactos del transporte de camiones omitiendo así las externalidades conjuntas del funcionamiento del centro.
Pero el principal argumento contra el proyecto se relaciona con la excesiva carga ambiental que ya recibe Tiltil en comparación con otras comunas, siendo considerada por el INDH como una zona de sacrificio. El caso, para algunos, demuestra la falta de mecanismos de ordenamiento territorial y evaluación ambiental que permitan restringir la concentración de industrias contaminantes en zonas ya saturadas.
Tiltil y el rol del Estado
“Hoy las decisiones sobre qué infraestructura instalar y dónde, las decide el privado ateniéndose a ciertas normas. El Estado no tiene prerrogativas para planificar el territorio y definir de forma democrática y vinculante instalar este tipo de infraestructura de forma equitativa sin sobrecargar a una sola comuna. Se podría entregar a los gobiernos regionales competencia para disponer de territorios y generar alianzas público privadas para invertir en este tipo de infraestructura de forma planificada”, analiza Jorge Canals, quien fuera subsecretario de Medio Ambiente en el momento en que se aprobó el proyecto.
Según el abogado, se requiere de una mayor coordinación entre el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, instrumentos de ordenamiento territorial y otros mecanismos que den cuenta de la saturación y la capacidad de carga ambiental de un territorio. “El proyecto de Ciclo cumplía con las normas, pero en un análisis más profundo, considerando la carga ambiental e incorporando el factor social y la calidad de vida de la población, habría sido deseable que la normativa obligara a encontrar un terreno en otro lugar”, comenta.
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“Lo que suele suceder en Chile en materia de medio ambiente es que el Estado es responsable por omisión, como pasó en Quintero y Puchuncaví. Cada órgano puede velar por el interés público de forma distinta a como se ha hecho, poniendo el bienestar y la dignidad de las personas en el centro. Si pensamos que un proyecto tiene más derecho a establecerse, aunque sea en detrimento de la salud de una persona, lo que se necesita es una modernización del Estado”, resume Josefina Correa, abogada del caso.
En esta línea, el informe del INDH en sus recomendaciones declara que “tanto el Estado como las empresas presentes deben profundizar la perspectiva de derechos humanos en sus políticas, inversiones y decisiones”. El informe recomienda que se realicen estudios de calidad del agua, aire y perfil epidemiológico de Tiltil o que se fortalezca la capacidad de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente en zonas con alta concentración de actividades industriales, entre otras.
El ordenamiento territorial en Tiltil
Uno de los instrumentos cuestionados en este caso es el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). Este instrumento restringe los lugares donde se puede realizar infraestructura molesta a las zonas categorizadas como ISAM 5 o ISAM 6, lo que solo deja opciones en comunas como Tiltil o Lampa. Este es uno de los argumentos de la empresa para emplazar otra empresa de residuos en la comuna ya saturada. El INDH, en su informe, recomienda al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), ordenar cambios en la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC) y en el PRMS, para “mitigar las consecuencias de la actual regulación y que han llevado a catalogar a Tiltil como zona de sacrificio”.
Sin embargo, una Resolución del 2000, modificó el plan regulador agregando que “en los sectores correspondientes a las ISAM 2, 4, 6 Y 7, no se permitirá el emplazamiento de macro infraestructura sanitaria”. Dado que el terreno donde está proyectado el vertedero de Ciclo está en la zona ISAM 6, este no se podría haber permitido allí. Este argumento fue planteado por la empresa Hidronor, del mismo giro que Ciclo y que quiso hacerse parte en el juicio.
El argumento fue desestimado por el Tribunal Ambiental por haber sido planteado por una parte externa al caso y de forma tardía. Pero para la defensa legal de la comunidad de Tiltil, el tribunal conoce la norma y debería haberla contemplado incluso si las partes no estaban al tanto. “El intendente de aquel momento, Claudio Orrego, tenía la obligación de informar discordancias entre el proyecto en evaluación y los aspectos que le competen, como el PRMS. La empresa que hizo el estudio también debería haber declarado esto y no lo hizo”, señala Josefina Correa.
Así, Tiltil se consolida como otra “zona de sacrificio” más. Estas comunas fueron noticia en octubre, al superar el promedio nacional de votación por el Apruebo durante el plebiscito por una nueva constitución.
Movimiento comunitario en Tiltil
Sabina vive hace varias décadas en la comuna de Tiltil. “Yo cuando chica iba al estero con mis hermanas. Teníamos un estero precioso con agua limpia y mucho verde. Era otro el entorno, se veía otro paisaje y otro ánimo porque la gente no tenía tanta rabia. Era un muy buen vivir a poca distancia de Santiago. Ahora te levantas con malos olores, con falta de agua, y uno tiene que aceptar el modernismo pero, ¿hasta qué punto un sector puede disfrutarlo y el otro no?”, se pregunta la dirigenta y representante de la organización “Acción ambiental y salud” de la comuna.
Tras haber participado y hecho observaciones que fueron desestimadas durante la etapa de evaluación ambiental del proyecto de Ciclo, los y las vecinas se organizaron para protestar por la aprobación de este en el 2017. “Algunos protestamos de una manera más pacífica y otros protestaron de otra, con barricadas por ejemplo. Pero al final esas protestas permitieron visibilizar lo que estaba pasando en la comuna”, reflexiona Sabina.
Lejos de pasar desapercibida, esta movilización alertó a las fuerzas del orden. Entre los documentos filtrados por hackers en el caso conocido como “Paco Leaks”, hay informes que dan cuenta de la vigilancia de Carabineros hacia los dirigentes del movimiento contra Ciclo, con quienes carabineros encubiertos conversaban por redes sociales para extraer información. “Yo tuve que vender mi camioneta por esa situación”, comenta Leandro Astudillo, dirigente de Rungue. Entre las filtraciones, hay un informe detallado sobre Leandro con fotos de su casa y de su camioneta.
Además, las y los vecinos se organizaron para obtener representación legal e iniciar los procesos correspondientes que han frenado la instalación del proyecto hasta ahora. Tras los alegatos que se realizarán el jueves 7 de enero, deberán esperar la sentencia de la Corte Suprema, la cual se puede demorar días o meses. De ser negativa para la comunidad, el paso que quedaría por delante es el de apelar a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
