La sigla alude a Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y forman parte de la nueva institucionalidad educacional, generada en el año 2017 a través de la ley 21.040 y promulgada en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

“Tiene una nueva visión sobre la equidad, sobre la responsabilidad del Estado, sobre la descentralización y, sobre todo, sobre la labor pedagógica», aseguró la presidenta durante su promulgación.

El sistema aspiraba, en el fondo, a reemplazar a las municipalidades o corporaciones en la administración de más de 5 mil colegios a lo largo de todo el país, donde estudian 1,3 millones de alumnos y trabajan alrededor de 88 mil docentes. Una tarea titánica que ha sido reconocida públicamente como proceso de “desmunicipalización”.

Hasta ahora se han implementado 11 SLEP a lo largo del país y deberían aumentar de manera progresiva hasta alcanzar 70 servicios de aquí al año 2025. Cada uno de ellos tiene como objetivo velar “por la calidad, la mejora continua y la equidad del servicio educacional, considerando las necesidades de cada comunidad educativa”.

[caption id="attachment_837533" align="aligncenter" width="900"] Exministro de Educación, Marco Antonio Ávila.[/caption]

Eso en teoría, porque su instalación hasta ahora ha sido bastante accidentada. Un informe final de auditoría sobre el SLEP de Atacama, elaborado por el Ministerio de Educación, detectó debilidades graves en  transferencias de dinero, falta de control, rendición de subvenciones, inconsistencias en conciliaciones bancarias, desfaces contables y mal manejo de tarjetas gift card.

El Desconcierto accedió al informe que no sólo describe estas irregularidades sino que advierte, debido a los altos montos involucrados, sobre el peligro de “desviación de recursos públicos”. Los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público por el Mineduc y una auditoría de Contraloría Regional de la misma fecha -junio de este año- instruyó un sumario administrativo al SLEP de Atacama.

Ambas auditorías confirmaron básicamente el mismo problema: graves desórdenes  administrativos al interior de la nueva institucionalidad educacional.

Debilidades en el control

El objetivo del informe fue evaluar los mecanismos de control instaurados por el Servicio Local de Educación de Atacama, durante todo el año 2022 hasta marzo del 2023, intentando verificar los procesos financieros, contables, presupuestarios y de rendición realizados de acuerdo a la normativa vigente.

Lo primero que se detectó fueron las graves debilidades en el control de las transferencias entre cuentas corrientes -por más de 100 mil millones de pesos-, producto de que no existiría un debido “análisis de los montos que ingresan y salen de cada cuenta”.

“En servicios con presupuestos tan grandes como estos, las auditorías son fotos que muestran también los riesgos asociados a delitos funcionarios, traspaso de cuentas o malversación de recursos públicos. La ventana si queda abierta es enorme en términos de riesgo”, asegura David Alfonso, dirigente de los funcionarios de SLEP en Copiapó.

Desde enero a junio del año 2022, detalla el documento, existirían traspasos entre cuentas corrientes del organismo por más de 44 mil millones de pesos que no contaron en su momento “con una autorización de respaldo”. La auditoría consigna, además, el no reintegro mensual a la Tesorería General de la República de más de 9 mil millones de pesos hasta marzo de 2023. Situación que daría cuenta de “debilidades graves en el control de recursos” .

La auditoría, de hecho, fue realizada tras la exigencia del colegio de profesores para levantar un paro en marzo de este año. Carlos Rodríguez, presidente del organismo en la región, aseguró a El Desconcierto que esta situación la venían advirtiendo desde abril del año 2021 con distintas autoridades del país, incluido el presidente Gabriel Boric.

“Para nosotros no es un tema desconocido. También hablamos con el ministro saliente, el entrante cuando era subsecretario (Cataldo), con la subsecretaría de educación y absolutamente todas las autoridades de educación a nivel local sobre lo que evidencia este informe”, señala.

[caption id="attachment_838469" align="aligncenter" width="900"] Nicolás Cataldo, actual ministro de Educación.[/caption]

David Alfonso coincide con el líder de los profesores en que no se han tomado las medidas para mitigar estas debilidades. “Por eso hoy día nos encontramos ante prácticamente una cultura administrativa deficiente, que si no cambia nos puede llevar a un nuevo fracaso en la educación”, advierte.

Respecto al Programa de Integración Escolar (PIE), la investigación detectó una diferencia entre los gastos rendidos a la Superintendencia de Educación y los movimientos que aparecen en la cuenta: la  disparidad sería de 3 mil millones de pesos.

Sobre el uso de la cuenta corriente de “subvención de apoyo al mantenimiento” se concluye que no tendría cargos por conceptos de gastos, pese a que se habrían utilizado más de 300 millones de pesos.

Lo más llamativo, sin embargo, es que la rendición de cuentas a la Superintendencia de Educación contiene gastos asociados a la administración central por 750 millones, debido a que “existen funcionarios que son pagados con recursos de la subvención escolar”. Esta situación estaría siendo investigada por el Ministerio Público, debido a que la medida difiere de los objetivos contemplados en la administración de cuentas.

Gift Card

En cuanto a los subsidios pro-retención, recursos utilizados para resguardar que ningún estudiante abandone el sistema por falta de implementos, la auditoría descubrió una serie de anomalías en la entrega y distribución de tarjetas gift card que tuvieron un  un costo de 400 millones de pesos.

Entre las irregularidades se destacan que algunas actas de entrega no contaban con la cantidad de tarjetas asignadas y que en el año 2023 se compraron por esta vía más de 59 millones en vestuario, implementos que fueron encontrados apilados en una bodega “sin distribuir ni inventariar”.

Además, una de las tarjetas gift card por 56 millones estaba a nombre de un funcionario del servicio y 2.316 tarjetas fueron entregadas a estudiantes habiendo sido utilizadas previamente de manera parcial. Lo que vulgarmente se conoce como “corte de cola”. El monto ascendería a más de 14 millones de pesos.

Respecto al Fondo de Recuperación a la Educación Pública (FRAEP), se observó que el Servicio Local sólo ejecutó el 38% del presupuesto, debiendo reingresar más de mil millones de pesos, en un programa destinado al mantenimiento de infraestructura en los establecimientos educacionales.

Una situación lamentable para Carlos Rodríguez, pues asegura que una escuela en Copiapó tuvo que detener la construcción de una escalera porque no había más plata para comprar cemento y que otro liceo tuvo que ser evacuado tras un informe técnico sobre riesgo de derrumbe en parte de sus dependencias.

[caption id="attachment_855333" align="aligncenter" width="900"] Agencia Uno/ Profesor en clases.[/caption]

“Si no se mejora el estándar de los nuevos servicios la educación pública va a desaparecer. Derechamente aquí hay un descuido, el SLEP de Atacama  ha sido intervenido cinco veces por una comisión. Estamos en un estado de completa desesperación”, dice el timonel de los únicos profesores en Chile que aún se mantienen en paro producto de estas irregularidades.

Sistema insatisfactorio

En materia de recursos humanos el informe observa aumento de grados sin autorización de la Dirección de Presupuesto, Dipres, en los años 2022 y 2023, respecto a 26 funcionarios del servicio, incumpliendo un oficio específico de contrataciones, entre varias observaciones más.

Las conclusiones de la auditoría son elocuentes y van en líneas subrayadas. La primera ratifica “un sistema de control interno insatisfactorio, debido a graves debilidades…que no proporcionan una garantía razonable en la gestión de los riesgos”.

Adicionalmente, se evidencian “debilidades” en la administración de los gastos realizado por tipo de programa y también respecto a las transferencias entre cuentas corrientes. “Al cierre del año podrían no reflejar saldo real de cada subvención, lo que dificulta la realización de las rendiciones de cuentas”, señala.

El informe termina por plantear la necesidad urgente de restructurar las unidades y los equipos de trabajo, con competencias técnicas, sugiriendo ampliar la dotación de funcionarios en el servicio ante la Dirección de Presupuesto.

Para Carlos Rodríguez la sumatoria de todas estas “falencias” demuestra que la educación no ha sido atendida adecuadamente, desde su traspaso a los municipios en 1981, en plena dictadura, hasta el discreto manejo financiero de las administraciones actuales. Un problema que todavía no se resuelve y que a su juicio impide concentrarse en lo más fundamental.

"¿Cuándo hablamos de pedagogía, entonces?, se pregunta.

El ministerio de Educación reconoció a El Desconcierto que en su calidad de órganos rector del sector, realizó dos auditorías al organismo y que finalizado el proceso puso los antecedentes a disposición del SLEP afectado, la Dirección de Educación Pública, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público para "esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades, tanto administrativas (sumarios) como penales (investigaciones)".

La Dirección Ejecutiva del SLEP dispuso, además, la realización de una auditoría externa y el ministerio de Educación se comprometió a seguir "trabajando tanto en la normalización y continuidad del servicio, como en el resguardo de la probidad y transparencia en el uso de los recursos públicos".

Auditoria Atacama by claudio pizarro on Scribd

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