Las utilidades de las 7 familias "dueñas del mar" tras larga lucha por anular Ley de Pesca
A principios de año, el exsenador Jaime Orpis ingresó a un recinto penal y se convirtió en el primer político en llegar a la cárcel por corrupción. La justicia condenó a Orpis a 5 años por cohecho y a 600 días de cárcel por fraude al Fisco, en medio de la investigación por la tramitación de la Ley de Pesca, en el conocido Caso Corpesca.
La investigación pudo comprobar los ilícitos que desataron un escándalo que salpicó a la política. Aparecieron correos que la pesquera envió a políticos, donde redactaron indicaciones completas que luego quedaron en la ley. Jacqueline Van Rysselberghe apareció en las indagatorias sobre estos “pauteos” en la arista Asipes, mientras que Marta Isasi recibió una condena por su rol en la arista principal.
En el corazón de las críticas a la cuestionada ley está la fragmentación de las cuotas de pesca, entregadas en una amplia proporción a los industriales. A modo de ejemplo, entre Arica y Palena el 90% del jurel quedó para los industriales y solo el 10% para los pescadores artesanales.
La duración de los derechos sobre las cuotas también es parte de los cuestionamientos, con una extensión de 20 años y que pueden renovarse por 20 años más de manera sucesiva y sin mucha dificultad.
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Derechos que ciertas compañías recibieron de forma gratuita y que estudios concluyen que, con las condiciones actuales, equivalen a miles de millones de dólares en valor de mercado.
Un proyecto de ley busca declarar la nulidad de la Ley de Pesca, en razón de su origen corrupto. La propuesta ingresó en 2016 y su tramitación se empantanó. En agosto pasado, casi siete años después, recién finalizó su primer trámite constitucional y pasó al Senado.
Entre las empresas en el centro de la polémica durante la tramitación estaban cinco grandes conglomerados pesqueros que acapararon el mercado. El Grupo Alimar, Blumar, Corpesca, Camanchaca y Orizon.
Corresponden a las compañías bajo el poder de las catalogadas como las “7 familias dueñas del mar chileno”: Angelini, Izquierdo, Yaconi-Santa Cruz, Sarquis, Stengel, Lecaros y Fernández.
El Desconcierto revisó las ganancias de los conglomerados pesqueros en los años que ha demorado la tramitación de la nulidad de la Ley de Pesca. Los resultados son dispares, con empresas que amasaron grandes fortunas y otras que vieron pérdidas, aunque con signos de recuperación en los últimos años.
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El grupo Yaconi-Santa Cruz y su alianza con la familia Sarquis
El llamado grupo Yaconi-Santa Cruz se formó en la década de los ‘70, cuando se asociaron Manuel y Jaime Santa Cruz, Hugo Yaconi, Mario Vinagre y Ernesto Noguera. Los intereses del conglomerado están en rubros variados, con inversiones en Lipigas, Abcdin y Dijon, entre otros.
Los negocios pesqueros llevaron a los Yaconi-Santa Cruz a buscar una mayor cuota de pesca, lo que lograron a través de una alianza. El grupo fusionó en 2011 su pesquera El Golfo con la Pesquera Itata, propiedad de la familia Sarquis, dando origen a Blumar.
Para mantener el poder en la compañía, el grupo hizo un pacto de accionistas con lo que controlaron en conjunto más del 70% de la propiedad de Blumar. Pero en 2019, el pacto se terminó y se anunció la venta de la empresa, lo que finalmente no se concretó.
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IMAGEN: Malla societaria de Blumar a diciembre 2021.[/caption]
Los números de Blumar fueron positivos. Entre 2016 y 2021 generó utilidades por $150,2 millones de dólares. El 2018 fue el mejor año, donde acumularon ganancias por US $74,7 millones.
El único año negativo para Blumar fue el 2020, donde anunció pérdidas por US $51,5 millones. En la memoria anual de ese año, el presidente del directorio Rodrigo Sarquis Said explicó que “el principal efecto económico de la pandemia (...) fue la drástica caída de los precios internacionales de salmón atlántico”.
Las familias Fernández y Stengel
Los orígenes de la pesquera Camanchaca se retrotraen a 1963. Pero el negocio de las familias Fernández y Stengel nació a raíz de una de las múltiples fusiones que se hicieron en las vísperas del régimen que instaló la Ley de Pesca, en 2011.
Ese año la pesquera Bío Bío, de la familia Stengel, se fusionó con la Compañía Pesquera Camanchaca, de los Fernández.
La empresa ha tenido una fuerte presencia gremial. Jan Stengel fue el anterior presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), organización que también fue investigada como una arista del caso Corpesca. El Ministerio Público decidió separar las investigaciones de Corpesca y Asipes, mientras que el Servicio de Impuestos Internos resolvió no presentar querellas, lo que terminó por sepultar la arista.
En 2020, la Fiscalía cerró la investigación de Asipes sin responsables.
En general los resultados para Camanchaca en el periodo estudiado fueron positivos. La pesquera amasó la cifra no menor de $76,5 millones de dólares en utilidades, en los últimos 6 años. El mejor año fue 2019, donde registraron ganancias por $32,9 millones de dólares.
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IMAGEN: Malla societaria de Camanchaca a diciembre de 2021.[/caption]
El único contratiempo fue en 2020, cuando la economía mundial vivió un freno a causa de la pandemia y tuvieron una baja en las capturas.
A lo anterior se sumó “un inédito impedimento judicial para acceder a zonas definidas dentro de las cinco millas, que significaron un muy bajo nivel de captura, que alcanzó tan sólo al 5% de la cuota total asignada”, según precisó el presidente del directorio, Jorge Fernández.
El “inédito impedimento judicial” al que hizo referencia Fernández es un fallo de la Corte Suprema de 2021. Un grupo de pescadores acudió a la justicia para detener las llamadas “perforaciones”, es decir, los permisos que la Subsecretaría de Pesca le dio a Camanchaca para capturar peces en las millas más cercanas a la costa. Un sector reservado para los pescadores artesanales o medianos.
El máximo tribunal dejó sin efecto estos permisos. La decisión golpeó a Camanchaca, pero para 2021, a pesar de la pandemia, se recuperó y vio números azules por $8,5 millones de dólares. La empresa lo atribuyó a “positivos desempeños en los negocios de Pesca y Cultivos Sur”.
El poderoso Grupo Angelini y sus negocios con los Lecaros
El Grupo Angelini es uno de los grupos económicos más importantes de Chile, siempre aparece como uno de los protagonistas de los ránkings Forbes sobre el país. La familia Angelini, a través de Antarchile S.A. y sus filiales, es dueña de empresas como Copec, Abastible, Metrogas y Celulosa Arauco.
Sus brazos pesqueros se dividen, principalmente, en dos compañías: Corpesca y Orizon. Ambas empresas nacieron a través de una alianza con la familia Lecaros, ligada a la compañía Duncan Fox, a través de la cual hicieron negocios con los hoteles Holiday Inn; en el sector de la agroindustria, con Alifrut; y en el sector inmobiliario.
Corpesca se convirtió en el símbolo de la historia de corrupción política en la tramitación de la Ley de Pesca y su nombre sirvió para bautizar al polémico caso.
Como resultado del juicio, el ex gerente general de la empresa Francisco Mujica, debió pagar una multa de $60 millones y recibió una pena remitida de tres años por soborno y delitos tributarios. Mientras que la propia compañía en 2021 tuvo que pagar una multa de 10.000 UTM en favor del Fisco, algo más de $500 millones con la conversión de la época.
Los malos resultados en tribunales tuvieron su correlato en los balances de la compañía. Lo cierto es que los últimos años de Corpesca muestran más pérdidas que ganancias.
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IMAGEN: Malla societaria de Corpesca a diciembre de 2021.[/caption]
Conocedores de la industria sostienen que los resultados pueden tener que ver con falta de eficiencia en la administración, pero también hay un fenómeno que se repetiría en todos los casos: la sobreexplotación de los peces que redunda en menos capturas.
El mismo Roberto Angelini, presidente del directorio de Corpesca, explicó que los malos resultados de 2021 -pérdidas por US $13,8 millones- se “explica principalmente por un bajo volumen de pesca procesada como consecuencia de reducidas capturas de anchoveta por parte de la flota industrial”.
“En 2021 la empresa aportó aproximadamente el 28% de la producción nacional de harina de pescado y el 82% del total de la zona norte, que considera las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta”, detallaron.
Pero este último año no fue el peor para los Angelini. Corpesca tuvo una pérdida de US $116 millones en 2016, según los datos que presentó en su memoria anual del periodo. También se trató de una baja en la “disponibilidad del recurso”, lo que convirtió ese periodo en “el peor año en la historia de la compañía”.
En los últimos años, sin embargo, la tendencia de la pesquera ha ido al alza. Si bien todavía transparenta números rojos, la brecha se acorta.
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En cuanto a Orizon, la otra pesquera de los Angelini, los resultados también fueron negativos hasta 2019. Desde 2020 en adelante pusieron en marcha una recuperación.
“Somos el principal productor de Jurel en el mundo: Chile posee el 64.56% de la cuota mundial de Jurel y Orizon procesa cerca del 24% de esta, siendo el actor más importante de Chile y el mundo”, promocionaron en su memoria 2021.
En ese año, Orizon vio utilidades por US $13,5 millones. Uno de los factores que influyó en este resultado, paradójicamente, apuntó a la pandemia. Una de las vetas de negocios de Orizon son los productos enlatados. La venta de este tipo de formato creció en 2021 debido al “efecto despensa”, es decir, las personas, con miedo o precaución por la pandemia, decidieron llenar sus despensas con alimentos no perecibles.
“Las conservas de choritos y otros mariscos presentaron variaciones positivas a nivel de ventas por un total de USD 2.35 millones respecto al período anterior”, destacó Jorge Andueza, entonces presidente del directorio.
Para el periodo, Orizon todavía no recupera las grandes pérdidas del 2017 -US $86,8 millones-, pero en los últimos años sus números son azules y con tendencia a crecer.
En 2018, la familia Lecaros vendió su participación en Orizon. Un año después hizo lo mismo con Corpesca, dejando sus negocios en el sector pesquero.
El Grupo Alimar de la familia Izquierdo
Otro de los principales actores del mercado pesquero en Chile es el gigante Grupo Alimar, comandado por la familia Izquierdo Menéndez. El matrimonio de Roberto Izquierdo Phillips y Grace Menéndez tuvieron 13 hijos que rápidamente se sumaron a los negocios familiares, los que incluyen a las compañías pesqueras y una participación no menor en Entel, entre otros.
Los datos financieros del Grupo Alimar, a diferencia de los casos anteriores, se manejan de manera más restringida, ya que gran parte de las compañías no están incorporadas en el registro de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Una de las compañías del grupo en las que sí hay información parcial es Invermar. El conglomerado de la familia Izquierdo compró la empresa en 2015 a la familia Montanari. En 2018, Alimar realizó otra oferta pública de acciones y aumentó a una participación casi total en la compañía.
Solo un año después de la ofensiva en la propiedad de la pesquera, Invermar convocó a una junta de accionistas, que a esa altura correspondía casi exclusivamente a Alimar, y decidió salir del registro de la CMF. Así, los datos públicos de esa entidad llegan hasta 2018.
Entre 2016 y 2018, Invermar logró resultados positivos con ganancias de US $10,8 millones en 2016; US $36,1 millones en ganancias en 2017; y US $20,8 millones en 2018. Conocedores del mercado creen que las ganancias del Grupo Alimar deben ser considerables, aunque es posible que se encuentren con los mismos problemas que las demás pesqueras: una baja en la captura a raíz de la sobre explotación de las especies.
Comparativa global durante la tramitación de la nulidad de la Ley de Pesca:
