Hace pocos días el presidente Gabriel Boric dio suma urgencia a la tramitación del proyecto de ley que anula la famosa “Ley Longueira”, una ley que estuvo marcada por la corrupción. Esta es una de las herramientas que permite mayor celeridad: en un plazo de 15 días el proyecto tiene que ser despachado.

A grandes rasgos, la Ley N° 20.657, que fue impulsada y tramitada por el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira, entregó a perpetuidad derechos sobre los recursos marinos a la gran industria, deteriorando gravemente de la biodiversidad: un 67% de las pesquerías en Chile está sobreexplotada o colapsada. Más grave aún, un recurso símbolo como la merluza común no ha evidenciado ninguna mejora desde 2012 (coincidente con las fechas de discusión de la Ley Longueira).

Lo anterior ha tenido impacto directo en la pesca artesanal: hablamos de 97 mil pescadores que son responsables de cerca del 40% del desembarque total de los productos del mar y miles de personas, especialmente mujeres, que trabajan en actividades conexas, o de tierra, desempeñándose como fileteadoras, tejedoras de redes, desconchadoras, ahumadoras, encarnadoras, entre tantas otras. La gente de mar ha visto cómo desaparecen especies antes abundantes, impactando las economías familiares, y peor aún, experimentan a diario como su oficio y su cultura se extingue.

Pero la Ley Longueira afectó también nuestro sistema democrático: los ex senadores Marta Isasi y Jaime Orpis fueron declarados culpables de cohecho y por primera vez, una empresa -Corpesca del grupo Angelini- fue condenada por soborno. Pese a todas estas afectaciones, luego de una década la ley continúa vigente.

Si bien hoy existe cierto consenso sobre el impacto negativo de esta ley, aún hay quienes siguen poniendo trabas para que avance el proyecto que decreta su nulidad. Por ello la decisión del presidente Boric de ponerle suma urgencia es tremendamente relevante para las familias que viven del mar. Algunos, sin embargo, continúan oponiéndose a la nulidad bajo supuestos pretextos de inconstitucionalidad. Se ha señalado que lo que correspondería es la derogación de la ley y no su nulidad. ¿Cuál es la diferencia? La derogación abre la puerta a que los mismos que se han beneficiado de esta ley corrupta soliciten indemnización por parte del Estado, lo que evidencia que –consciente o inconscientemente– los promotores de esta idea están al servicio de la gran industria.

Nací, crecí y vivo en San Antonio, donde la pesca es una de las principales actividades económicas. Tengo absoluta conciencia y convicción de la importancia de las costas y el mar para el sustento de millones de familias a lo largo de Chile. Es por ello que seguiré empujando y apoyando no sólo la nulidad de una legislación corrupta hecha a la medida de unos pocos, sino que el proceso que ha abierto el gobierno del presidente Boric para una Nueva Ley de Pesca que considere la participación ciudadana, proceso que comenzará el próximo mes.

Como pocas veces en la historia, tenemos la oportunidad de corregir un grave error político y legislativo, pero también de hacer las cosas bien: proteger los ecosistemas marinos y promover la pesca sustentable.