“Perdone que me extienda señor presidente, pero esto a mí me irrita”. Las palabras fueron del senador de Partido Socialista Alfonso de Urresti y las dirigió a su par Juan Castro (RN) y al resto de senadores. “Lo que irrita a mucha gente -continuó- es que recursos del Estado, en escasez hídrica, terminan en grandes empresarios que después van a foros y piden ‘menos Estado’, pero mientras pudieron ordeñar a la Comisión Nacional de Riego (CNR) le sacaron recursos”.

El parlamentario fue uno de varios senadores y senadoras de oposición que manifestaron su preocupación por la rapidez con la que deben despachar la Ley 18.450, conocida como Ley de Riego. La normativa que entrega recursos estatales a través de la CNR, dependiente del Ministerio de Agricultura, finaliza su vigencia el próximo 4 de diciembre y todavía se sigue tramitando en el Senado una prórroga enviada por el Presidente Sebastián Piñera que busca extender el mecanismo por 12 años más.

La discusión ha girado en torno a los millonarios bonos que ha recibido grandes agroexportadores como Empresas Sutil o el grupo Penta, lo que no ha encontrado una explicación favorable en el Congreso sobre el uso de recursos que, argumentan, debiesen estar destinados a los pequeños agricultores.

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A estos beneficiados con dineros estatales se suma uno de los más importantes grupos empresariales del país, el de la familia Luksic, liderado por Andrónico Luksic Craig. El grupo económico que mantiene inversiones en áreas tan diversas como la banca, las gaseosas, la minería y los medios de comunicación, también ha recibido subsidios a través de una de sus filiales dedicada al mercado de los vinos.

En específico, El Desconcierto pudo identificar bonos de la Ley de Riego entregados a Viña San Pedro-Tarapacá, la empresa que produce vinos como Castillo de Molina o Gato, propiedad en más de un 80% de la CCU. A su vez, CCU es filial de Quiñenco, sociedad matriz que engloba gran parte del imperio del grupo Luksic, desde donde comparte en partes iguales con Heineken la propiedad de la empresa de bebidas.

En rigor fueron dos bonos, uno de ellos pagado en 2008 y el otro en 2017. El primero por la instalación de un sistema de riego por goteo en Chépica, Región de O'Higgins, por un total de $22.981.804; y el segundo por la impermeabilización del canal Cerrillano en Molina, Región del Maule, esta vez con un subsidio de $38.609.099. En total, $61.590.903 entregados por el Estado a través de esta ley.

Pero este no es el único vínculo que tiene este grupo empresarial con fondos de la Comisión Nacional de Riego. En el caso del grupo Luksic, en la provincia de Choapa el nexo entre las grandes empresas y la Ley de Riego es bastante más enredado.

Minera Los Pelambres y los fondos de riego en la provincia de Choapa

La historia de Minera Los Pelambres en la provincia de Choapa, en la Región de Coquimbo, es larga y está marcada por la lucha medio ambiental y del agua del pueblo de Caimanes. Ya son cerca de 20 años de movilizaciones sociales en la zona y de un pleito judicial a raíz de las consecuencias que ha tenido la operación de las faenas mineras en la cordillera.

A cargo del proyecto se encuentra Antofagasta Minerals, quien a su vez es controlada por Antofagasta PLC, una sociedad que transa sus acciones en la bolsa de Londres y que pertenece en un 65% a la familia Luksic. A la cabeza figura Jean Paul Luksic, como presidente, mientras su hermano Andrónico ocupa una silla en el directorio.

A diferencia de lo que ocurre con las viñas, como el giro de una minera no tiene que ver con la actividad agrícola, no acuden a los fondos que entrega la Ley de Riego. Sin embargo, existen otras vías en las que, indirectamente, una empresa de este tipo puede participar de los procesos de postulación.

En el Choapa, a cargo de la distribución del agua para los distintos usuarios con derechos de agua se encuentra la Junta de Vigilancia del Río Choapa y sus Afluentes, catalogada desde la institucionalidad como una "organización de pequeños usuarios". Esta junta recibió entre 2014 y 2015 cerca de $1.200 millones en subsidios por parte de la Comisión Nacional de Riego para realizar obras civiles, como la reparación de bocatomas y la instalación de modernos sistemas de telemetría.

Entre estos “pequeños usuarios” se encuentran grandes agrícolas con derechos de aguas, como Agrícola Mercedario, del grupo Penta, y otras empresas que no tienen nada que ver con la agricultura. Entre ellas, Minera Los Pelambres.

El vínculo entre la Junta y Minera Los Pelambres es más profundo que solo ser un usuario más. En el actual directorio de la organización se encuentra Rodrigo Lotina, subgerente de asuntos públicos y comunidades de la empresa, quien también la ha representado como gestor de intereses y lobbista frente a distintas autoridades. Incluso, la moderna sede de la Junta, conocida como “La Casa del Regante”, fue parte de una inversión de cerca de $200 millones que realizó la minera tras un episodio de contaminación.

Pero el punto clave que cierra el círculo de la relación entre la junta, Minera Los Pelambres y la Ley 18.450, es que existen convenios entre la minera y la organización con el objetivo de impulsar “programas y proyectos orientados a lograr una mayor eficiencia hídrica”. En específico, se trata de financiamiento para “generar los antecedentes” de los distintos proyectos que luego se postulan a la Ley de Riego, además de un fondo rotatorio pagado por la empresa para entregar recursos que permitan la inversión inicial de las obras, ya que la CNR reembolsa el dinero después de que el proyecto está terminado.

Es decir,  minera Los Pelambres permite a los agricultores acceder a recursos de la empresa para que hagan los estudios y tengan un fondo para poder postular a los bonos de la Ley de Riego. Una vez que logran ser beneficiados por la Comisión Nacional de Riego, utilizan los dineros del fondo para pagar a los contratistas que escogen los agricultores y realizar los obras, mientras se espera el reembolso de la CNR. “El fondo, una vez recuperado, debe ser devuelto a minera Los Pelambres”, explican desde la Junta.

Al enterarse de este convenio Cristian Flores se sorprende: “es una cosa que no puedo creer, ¡esto es el colmo!”. Flores, dirigente de la comunidad de Caimanes, ha sido uno de los más tenaces opositores de la minera desde que instalaron las faenas en la zona. Ha visto de primera fuente cómo ha cambiado la zona  y el daño medioambiental que ha significado para la pequeña localidad nortina.

El dirigente asegura que si los dineros para hacer esas obras provienen del Estado, no existiría ningún tipo de mitigación por parte de la empresa. Flores considera que “es vergonzoso cómo ellos manejan el tema del agua. No tienen problema para seguir operando normalmente, mientras que lo agricultores tienen que esperar a las cuatro o cinco de la mañana el turno del agua para poder regar media hora. Es totalmente injusto, es abusivo el sistema”.

Y hace un punto final sobre el convenio: “son cifras millonarias que se podrían ocupar para otros fines. Lo que tendría que hacer la minera es pagar todas esas obras con platas de ellos, sin subsidios del Estado”. En 2015, uno de los años en que la Junta recibió bonos apoyada por Minera Los Pelambres, Antofagasta PLC obtuvo ingresos por US$1.786 millones.

Desde Minera Los Pelambres afirman que estos mecanismos se tratan de “diversas iniciativas de inversión social con el fin de contribuir al desarrollo sustentable de la provincia de Choapa”, y que son los mismos regantes quienes definen las prioridades. “Los agricultores y las comunidades de agua son los únicos beneficiados”, asegura la empresa, negando cualquier tipo de beneficio respecto de los recursos que otorga esta ley.

En cuanto a la definición de "pequeños usuarios" a pesar de la presencia de grandes empresas, desde la CNR explican que la ley exige que el 70% de los usuarios que conforman este tipo de organización sean "pequeños", por lo que el resto pueden ser "grandes". Esto solo corresponde, sin embargo, a la cantidad de usuarios dentro de la Junta, sin importar el número de acciones de agua que tenga cada uno y, por tanto, su poder de votación dentro de la organización.

Además, la minera del grupo Luksic también asegura que las iniciativas no son producto de compensaciones por daño ambiental e insiste en que “forman parte del plan de trabajo que la compañía desarrolla desde sus inicios con las comunidades del Valle”. Aunque sobre esto último, Janina Araya, integrante del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima) en Choapa, plantea algunas dudas.

“Este convenio es producto de una compensación producto de todas las movilizaciones que se hicieron aquí en el valle con respecto al uso de agua que tiene Minera Los Pelambres”, asegura Araya. La activista explica que fue a raíz de las protestas de los habitantes de la zona, que se presionó a la empresa para “comprometer apoyo como responsabilidad social por los daños que ellos hacen y del agua que consumen”.

Es más, respecto a los proyectos de la Junta de Vigilancia del Río Choapa subsidiados por la CNR en 2014 y 2015, desde la organización aseguran que Minera Los Pelambres desembolsó los dineros “pues eso era su obligación, debido al incidente ambiental de 1 de agosto del año 2009, donde la JVRCH exigió 7 medidas, y una de ella refiere al apoyo para colocación de compuertas de cierre automático en los canales del Río Choapa”.

Según detallan, los recursos fueron para el diseño de los proyectos, más un 30% del monto de los mismos, ya que la bonificación de la CNR llegó solo al 70%. Así, Minera Los Pelambres aportó con cerca de $400 millones. Los $1.200 millones restantes los puso el Estado.

El peso de los grandes en las juntas y un sistema “perverso” de subsidios

“Si tú quieres contribuir, con otro actor de la cuenca, hazlo directamente, constrúyele la canalización, gástate la misma plata, pero ¿por qué ocupar indirectamente una bonificación del Estado? ¿Por qué hacer la triangulación?”, cuestiona Verónica Delgado, abogada especializada en derecho ambiental y de aguas, además de una de las expertas que integró la mesa de agua en la pasada COP25.

La profesional no es partidaria de prorrogar la ley que está en discusión en el Senado. “El Banco Mundial el 2011 nos dijo que no hemos analizado en el país los efectos en los subsidios que el Estado de Chile da a la tecnificación del riego, respecto a la recarga y la contaminación de lo acuíferos. Estamos tomando esta decisión sin haber hecho estos estudios”, sostiene. “La misma OCDE, que a nosotros nos importa mucho para ser un país desarrollado, dijo que este subsidio de la tecnificación del riego era un subsidio perverso”, asegura.

“La lógica que debemos tener y que existe en todas las partes del mundo, incluyendo a los países que tienen mercado de aguas, es que haya un control de la autoridad, que tú puedas revisar los derechos de agua a la luz de la evidencia científica de cuánta agua hay en la cuenta. Esto es sentido común”, argumenta.

Uno de los principales problemas, según Delgado, es el sistema de gobernanza del agua. “Tenemos una gobernanza con organizaciones de usuarios en que se toman las decisiones de manera poco democráticas: el que tiene más acciones tiene más votos, ya eso está mal. Pero, además, no está la voz de las comunidades de aguas subterráneas y de todos aquellos que no tienen derechos de agua”, explica.

José González conoce este tipo de organizaciones desde dentro. Es presidente de la Junta de Vigilancia del Río Limarí, caudal ubicado a casi a 3 horas de viaje hacia el norte de la región. Considera que la influencia económica de Los Pelambres los pone en desventaja a la hora de postular a los fondos. “No sé cómo podríamos reclamar. Tendrían que mirarle el patrimonio a cada usuario, habría que tener un sistema de control”, afirma.

González es uno de los pocos dirigentes de organizaciones de usuarios de aguas que es crítico de cómo se configuran los poderes dentro de las juntas de vigilancias, a pesar de presidir una. Explica que desde que el Código de Aguas separó jurídicamente la tierra del agua, cuando los pequeños parceleros tienen necesidades económicas, a lo primero que echan mano es a vender sus derechos de agua a grandes empresas. Esto genera que “no se da la distribución que hacía posible que accionistas menores pudieran acceder a los cargos de dirección de estas juntas de vigilancia o comunidades de agua. En la actualidad cada día las grandes empresas tienen más poder”.

“En las comunidades todos están siempre con el temor que llegue una gran empresa y sea la que domine la comunidad o la junta de vigilancia y no exista un equilibrio”, dice.

Por otro lado, Delgado cree que en casos como el convenio entre Minera Los Pelambres y la Junta de Vigilancia del Río Choapa sí podría haber un interés y un beneficio para la empresa. “Permite prevenir o resolver conflictos entre ellos, porque siempre hay conflictos en las cuencas entre los dueños de los derechos de agua que responden a actividades distintas”, afirma.

Señala que es posible que “para prevenir conflictos con el actor agricultor, trate de contribuir a que por lo menos ellos mejoren la eficiencia en la captación y distribución de las aguas, para que sus aguas queden más disponibles”. “Si tienen menos pérdida, van a poder distribuir mejor las aguas entre ellos”, sintetiza.

Son este tipo de intereses cruzados los que despiertan la desconfianza de algunos de los agricultores más pequeños frente a la Junta. Pedro Chávez, agricultor de Tranquilla, afirma que el convenio “no es responsabilidad social empresarial, esto es abuso de poder. De poder económico”. Asegura que en la parte alta de la provincia, cercana a las faenas, “han devastado todo, toda la flora y la fauna, las tradiciones, los pueblos, ha habido una destrucción de aquello, de su cultura, de su forma de vivir, eso ha sido lo más lamentable que ha habido”, asegura.

Chávez fue dirigente de una comunidad de aguas y también concejal de Salamanca. “Nos han jodido la vida”, dice a modo de resumen sobre su experiencia con Minera Los Pelambres. Tiene una fuerte desconfianza con la Junta de Vigilancia del Río Choapa, asegura que “por años se han mantenido los lineamientos de la empresa privada” y que “todos han obedecido a una política estructurada por la minera”.

“Nosotros como pequeños productores no hemos podido producir, mientras tanto todos estos años ellos han estado ganando plata. Nunca ellos han dejado de producir por falta de agua, nunca. Es una desigualdad tremenda”, acusa.

Janina Araya, de Modatima, coincide. “Ese es uno de los grande problemas que nosotros tenemos (...) Los directivos de la junta de vigilancia hoy en día están representando a las grandes agrícolas y a Minera Los Pelambres, eso da como para desconfiar. Ellos van a defender sus intereses”.

La activista también apunta a la falta de organización. “Falta que los pequeños agricultores se unan para sacar a un representante”, sostiene. Es por esto que la abogada Verónica Delgado afirma que la ley debiese estar orientada a fomentar la organización de quienes están quedando fuera, además de crear organismos de cuenca, donde estén representados todos los actores.

Por su parte, desde la Junta descartan influencias por parte de la empresa. “La junta de vigilancia no tiene conflicto de interés en su rol con MLP, pues los convenios son parte de la responsabilidad empresarial social y compensatoria que debe tener la minera con todo el Valle”, aseguran. “La minera es un usuario titular, al igual que los agricultores, aguas del valle y otros usuarios con derechos”, agregan, asegurando que no han dejado de cumplir su rol.

Mientras, Araya relata que están “en un punto crítico, la gente está perdiendo sus animales, conozco a personas que han vendido sus fundos, que ya no se van a dedicar a eso, se han ido a otros lugares a cultivar”. Para Chávez, la minera apuesta a una lucha de largo aliento: “como tienen inversiones y proyecciones a largo plazo en estos grande yacimientos, lo que quieren es eso: que la gente abandone, se canse”.