“Lo que era pequeño predio agrícola hoy ya no existe y, sin embargo, uno ve todo los cerros verdes”. Así retrata la situación una agricultora de la Provincia de Choapa, Región de Coquimbo. Gran parte de esos cerros verdes son paltos y pertenecen al grupo Penta, el conglomerado cuyos fundadores Carlos Alberto Délano, "el choclo", y Carlos Eugenio Lavín se hicieron famosos tras comprobarse que sus aportaban de manera ilegal a la política.

Entre diversas inversiones, el grupo empresarial mantiene operaciones agroindustriales en otra de las múltiples zonas de sacrificio ambiental. Esto, solo a cerca de 260 kilómetros al sur de donde se ubicaría el polémico proyecto Dominga, que involucra negocios mineros entre la familia de Délano y la del Presidente de la República, Sebastián Piñera. Revelaciones que llevaron a un juicio político en contra del jefe de Estado que deberá resolver el Senado.

Son cientos de millones los que el grupo Penta ha recibido desde el Estado a través de la Comisión Nacional de Riego (CNR), dependiente del Ministerio de Agricultura. Se suma así a la lista de grandes empresarios que se han beneficiado de estos recursos, como el exejecutivo de Sanhattan Juan Bilbao y Empresas Sutil, el conglomerado agrícola encabezado por el líder de la CPC Juan Sutil.

Todo esto ha sido posible gracias a una ley creada en dictadura y que ha sido prorrogada dos veces en democracia. En diciembre finaliza su vigencia y el mandatario envió un nuevo proyecto para extender el mecanismo por 12 años más. El Senado está revisando la iniciativa.

El pasado miércoles, las Comisiones Unidas de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Hídricos aprobaron en general la prórroga, con la abstención de varios senadores de oposición quienes repararon en los millonarios bonos que han recibido grandes grupos económicos. El proyecto sigue en trámite legislativo.

Penta y su brazo agrícola

Fue en julio 2014 cuando comenzó el escándalo conocido como Caso Penta. El Servicio de Impuestos Internos presentó una denuncia penal en contra del exGerente General de la empresa, Hugo Bravo, como una de las aristas del caso Fraude al FUT (Fondo de Utilidades Tributarias). Sin embargo, al poco tiempo se sumaron denuncias a los socios fundadores del holding, Délano y Lavín, por delitos tributarios. La trama se complicó y se destapó uno de los mayores casos de financiamiento ilegal de la política.

El escándalo sacudió a la opinión pública y transparentó un extendido mecanismo para traspasar dineros a campañas políticas fuera de la ley. Entre los políticos que fueron investigados se encontraban Pablo Zalaquett, Laurence Golborne, Ena Von Baer, Andrés Velasco y el senador Iván Moreira. Este último alcanzó mayor notoriedad luego de la revelación de un correo electrónico en el que solicitaba un “raspado de olla” a Hugo Bravo para los “últimos 100 metros de campaña”.

La investigación duró años y abrió también el camino para que se destapara el Caso SQM. Finalmente, Délano y Lavín no llegaron a juicio oral y accedieron a un juicio abreviado. Esto resultó en una condena de cuatro años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada, por delitos tributarios reiterados. Además, los ejecutivos tuvieron que asistir a “un programa formativo sobre ética en la dirección de empresas”.

Fue precisamente mientras se desarrollaba la investigación en contra de Délano y Lavín, que el grupo empresarial recibió millonarios bonos por parte de la Comisión Nacional de Riego.

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El holding Penta, involucrado en negocios financieros, de seguros e inmobiliarios, también tiene un brazo agrícola a través de la sociedad Agrícola Mercedario. La compañía se dedica principalmente a la producción de paltas y cítricos, los que después exporta a través de Quelen Export, otra empresa del grupo.

Las operaciones de Mercedario se concentran en el norte del país, en la comuna de Salamanca, ubicada en la Región de Coquimbo. La zona es conocida como uno de los sectores con mayor escasez hídrica del país y corresponde a un valle que ha llevado una lucha de años contra los efectos ambientales de mineras como Los Pelambres, del grupo Luksic.

Un año antes de la sentencia que condenó a los ejecutivos, en 2017, Agrícola Mercedario recibió bonos millonarios para la construcción e impermeabilización de dos embalses de regulación corta. El primero de ellos significó un pago a la empresa por $60.743.952, mientras que el segundo casi duplicó esa cifra y alcanzó los $118.799.669, ambos montos actualizados al valor UF actual.

Quien hizo la solicitud ante la Comisión Nacional de Riego y actuó como representante de la empresa fue Arturo Miquel Armas, el líder del brazo agrícola de Penta contra quien el Ministerio Público solicitó una pena de 4 años y una multa, por haber facilitado boletas falsas. Actualmente la arista sigue abierta y la audiencia de preparación de juicio oral ha sido reprogramada en múltiples ocasiones. Recién el pasado jueves se volvió a reagendar para el 7 de marzo de 2022.

Cabe destacar que a diferencia de otros grandes conglomerados que han recibido este tipo de aportes estatales, los que han accedido a subsidios como “pequeños empresarios agrícolas” —como Empresas Sutil—, la CNR catalogó al proyecto de la agrícola de Penta como “Gran Empresario”.

Además, a estos dos bonos se les suma otro nueve años antes. En 2008 Agrícola Mercedario recibió un subsidio estatal por poco más de 3.991 UF ($121.947.402) para la instalación de un sistema de riego por goteo. Esta vez con la calificación de “empresario mediano” y bajo la representación de Marco Comparini Fontecilla, actual presidente del directorio de Penta Financiero S.A.

De esta forma, en total la empresa agrícola de Penta recibió —al menos— $301.491.024 desde el Estado para el manejo de agua de sus cultivos.

“Lo que era pequeño predio agrícola hoy ya no existe”

“Es como un círculo que se nos va cerrando. Se nos mueren los animales por la sequía, no tenemos posibilidades de tener cultivos rentables, entonces ¿de qué forma podemos tener obras de riego, mejoras de eficiencia hídrica? No tenemos posibilidades en nuestros bolsillos de hacer un pequeño tranque”. Esto es parte de lo que cuestiona Milena Baez, agricultora del Valle de Camisas y concejala de Salamanca.

Baez se dedica al trabajo de chacras cultivadas con cebollas, tomates, maíz, porotos y otros alimentos para el consumo humano local, además de participar de una red de trueque de semillas. Forma parte de un grupo de pequeños agricultores de la zona que están organizados y buscan dar a conocer la situación crítica en la que se encuentran frente a la agroindustria.

“El despojo por parte de estos mega empresarios, en este caso Agrícola Mercedario que pertenece a los Penta, no es solamente de ellos, sino que también de parte del Estado chileno”, considera en relación a los subsidios que ha entregado la Comisión Nacional de Riego.

En esto está de acuerdo el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca. “Esto ha sido un escándalo por años, que se ha tratado de denunciar. Se suma a otras irregularidades que de alguna manera se articulaban desde el Estado para beneficiar a la agroexportación”, explica.

Cuenca explica que no solo se debe poner atención a los bonos que se entregan a través de la Ley de Riego, sino que son varios los mecanismos estatales que a su juicio actúan en conjunto para favorecer a la agroindustria. Especialmente, “lo que hizo Conaf de permitir la tala de bosque nativo bajo un subterfugio que indirectamente favorecía este otro subsidio (Ley de Riego).

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El director de OLCA hace referencia a las cerca de 22 mil hectáreas de bosque nativo que Conaf aprobó talar y que para hacerlo posible confluyeron el Servicio de Impuestos Internos y posteriormente la CNR, entregando subsidios para el cultivo en los terrenos donde solía haber bosque, tal como reveló el trabajo de Maximiliano Bazán, de Fundación Terram, publicado en Ciper.

Pero para el caso específico de Salamanca, Cuenca enfatiza que a raíz de la crisis hídrica “la gente que tiene cultivos ha tenido que cortar los árboles para intentar salvar las plantaciones que tienen, porque no tienen agua para poder mantener esas plantaciones de frutas y otros cultivos”.

Milena Baez es parte de esos agricultores. “El año pasado tuve chacras. Este año no tengo absolutamente nada, mi terreno está pelado. Es triste verlo así, ni siquiera salieron malezas”, cuenta. “La crisis hídrica de acá, que si bien es cierto es por falta de lluvias, pero también es por el saqueo del agua y eso es conocido en todo Chile. Acá tenemos grandes transnacionales, como minera Los Pelambres del grupo Luksic y Mitsubishi. y la minera Tres Valles. Además, tenemos los cultivos de paltos”, explica.

Recurrentemente los depósitos de relaves, así como las tuberías que llevan estos deshechos mineros, terminan por contaminar las aguas que sirven para el riego. Mientras conversa con El Desconcierto, Baez se prepara para ir a un nuevo corte del camino que lleva a las faenas mineras, luego de un reciente episodio de contaminación.

Por su parte, Lucio Cuenca enfatiza que “hay que tener una ley que incorpore criterios ambientales, ecosistémicos, sociales y que efectivamente se verifique que se está beneficiando a los que de alguna manera, mayoritariamente, sostienen la capacidad productiva para alimentar internamente a este país”.

Además, “hay un tema estructural, acceder a estos subsidios tiene una cantidad de condicionamientos que finalmente los únicos que los pueden cumplir son los propios empresarios, entonces los empresarios grandes se disfrazan de empresarios chicos. Por lo multirut, por distintas sociedades, por la cantidad de hectáreas, etc”. “Terminan beneficiados los mismos de siempre”, sentencia.

Baez lo ejemplifica de la siguiente forma: “si uno es temporero agrícola o gana por aquí o por allá, no cabe dentro del perfil, uno tiene que vivir 100% de la agricultura y cómo vivimos 100% de la agricultura si acá regamos a los 32 días. ¿Qué surco de porotos podríamos nosotros pensar siquiera en que puede ser fértil con una tierra a los 32 días de riego?”.

“Esas cosas que uno quiere conseguirlas nunca están a la disposición de nosotros, de la gente más vulnerable, de los más pobres. Me da rabia que haya este desfalco de dinero, por así decirlo, hacia mega empresarios, si una ve aquí parcelas totalmente secas. Lo que era pequeño predio agrícola hoy ya no existe y, sin embargo, uno ve todo los cerros verdes”, cierra.

El Desconcierto intentó por distintas vías contactar a representantes de Agrícola Mercedario o del grupo Penta, sin embargo hasta el cierre de este artículo no obtuvimos respuesta.