Salud sin miedo: Una condición básica para la salud pública

En Chile, entre otras normativas, está la Ley N°20.584, que resguarda derechos y deberes en la atención de salud, y el Decreto N.º 67 del Ministerio de Salud permitió incorporar a personas migrantes en situación irregular como beneficiarias de Fonasa en determinadas condiciones.

Pero para que el derecho a la salud sea real, no basta con que exista en una norma, bien se sabe. Debe poder ejercerse en la práctica. Acceder a una atención oportuna, segura, confidencial y sin discriminación es la forma en debería hacerse efectivo. Si una persona sabe que acudir a un centro de salud puede exponerla a una denuncia, probablemente postergará la atención o nunca acudirá a ser atendido.

Desde la salud pública y la gestión en salud, esto constituye un problema mayor. Una consulta que no ocurre a tiempo no elimina la necesidad de atención, solo la desplaza hacia escenarios cada vez más complejos. Aquello que pudo abordarse mediante prevención, pesquisa precoz o control ambulatorio puede terminar en una urgencia, una hospitalización o una complicación evitable.

Y si queremos mirarlo también desde la lógica del “control” del gasto en salud, considerando los alarmantes ajustes presupuestarios que está enfrentando nuestra salud pública, el resultado será probablemente un mayor costo para una red que ya se encuentra profundamente tensionada.

En obstetricia, por ejemplo, se podría observar a una mujer gestante que evita asistir a controles prenatales por temor quedando expuesta a riesgos prevenibles: infecciones, anemia, alteraciones del crecimiento fetal o situaciones psicosociales que requieren acompañamiento. O en el área ginecológica, cuando se posterga una consulta por sangrado anormal, sospecha de embarazo, necesidad de anticoncepción o infecciones de transmisión sexual, entre otros ejemplos al respecto.

Sin embargo, este no es un problema exclusivo de la salud gineco-obstétrica. También afecta a niñas y niños que pueden quedar fuera de controles o vacunación, a personas mayores con enfermedades crónicas, a quienes requieren atención en salud mental y a toda persona que necesita orientación, diagnóstico o tratamiento oportuno.

Los centros de salud deben ser espacios de cuidado. Cuando se instala el miedo, se rompe la confianza y, sin confianza, se debilitan muchos otros aspectos como la prevención, la continuidad del cuidado, la adherencia a los tratamientos y la capacidad del sistema para anticiparse al daño.

No se trata de negar la necesidad de políticas migratorias claras ni de desconocer los desafíos como país en este tema. Se trata de comprender que una salud pública responsable se construye con evidencia, oportunidad, confidencialidad, no discriminación y enfoque de derechos. En un sistema hospitalario ya presionado por limitaciones presupuestarias, incorporar el temor como barrera de acceso puede generar más sufrimiento, más exclusión, más consultas tardías, más urgencias evitables y mayor presión sobre los servicios.

Una sociedad no fortalece su sistema de salud restringiendo el acceso de quienes más lo necesitan. Lo fortalece cuando entiende que la dignidad humana no depende de una condición administrativa. Garantizar atención en salud sin discriminación es una obligación ética, sanitaria y de derechos humanos. Porque cuando una persona queda fuera del cuidado por miedo, no solo falla el sistema de salud, también falla nuestro compromiso con los más vulnerables de nuestro país.