Chile no puede seguir apostando exclusivamente a volumen; debe avanzar hacia valor, y hacia equidad y justicia social y ambiental, y debe apuntar a la sostenibilidad en un nuevo escenario de cambio climático.
El pasado 16 de abril de 2026, se publicó una columna de opinión en Radio Bío Bío titulada “D.L. 701: ¿Subsidio, política pública o el mejor negocio del Estado chileno? ”. Ésta se puede leer como una carta que el señor Simón Berti, Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, le está dirigiendo a las nuevas autoridades del país, para que tomen en cuenta al sector forestal.
Para ello releva los interesantes resultados logrados por el Decreto Ley (D.L.) 701, visto como una política pública de largo aliento y/o como un buen negocio para el Estado, según señala su título.
En primer lugar, podemos coincidir en que el D.L. 701 fue un instrumento eficaz para incentivar la expansión de las plantaciones forestales en Chile, particularmente de pino insigne y más tarde de eucaliptos. Ello dentro de un marco de Estado subsidiario que reemplazara al modelo de Estado interventor, tal como lo reconoce muy bien el informe “Evaluación de resultados de la aplicación del D.L. 701 de 1974, MINAGRI. CONAF. 1998” (capítulo 1.2).
Han transcurrido 52 años desde que se promulgó dicho decreto ley y, tal como señala el columnista, sus resultados, pero sobre todo sus efectos e impactos, se perciben controversiales. Un nuevo instrumento de fomento debería tener muy en cuenta algunos elementos relevantes para que no solamente sea eficaz, sino también efectivo y logre consensos.
El proceso de aplicación del D.L. 701 estuvo dominado por las grandes empresas forestales, como lo han establecido una serie de estudios sobre la concentración del patrimonio de plantaciones. Y no solo el tema de la concentración de la propiedad, sino también los impactos sociales y ambientales que también han sido estudiados al detalle[1].
Se reconoce que uno de los impactos relevantes de las plantaciones forestales sobre las existencias de bosque nativo refiere a su sustitución. Prado (2015) señala que, de acuerdo a dos fuentes distintas, se obtienen cifras de sustitución de 78.059 hectáreas (ha) para un primer periodo entre 1976 a 1982[2], a las que se agregan otras 159.800 ha sustituidas entre 1985 a 1996 (p. 68). Es decir, a lo menos hay una sustitución de unas 233.859 ha.
Es muy probable que la afectación al bosque nativo, sobre todo en la primera etapa, sea mucho más que la cifra estimada, pues tras la corta del bosque, usualmente se quemaban todos los desechos en el mismo lugar donde se encontraban y el incendio cubría más superficie y fondos de quebrada que los que se declaraba como “quema”[3].
Que las plantaciones generan mayor biodiversidad que un suelo degradado parece obvio; sin embargo, no considera los procesos de sucesión natural que, pese a que pueden tomar más tiempo, al final logran establecer condiciones de alta biodiversidad.
Con relación a que las plantaciones mejoran la infiltración del agua, entonces habría que revisar estudios como los de Lara et.al en Chile o la reciente constatación en China que su extraordinario plan de plantaciones de especies de rápido crecimiento ha alterado negativamente el ciclo hidrológico[4].
Las plantaciones efectivamente capturan dióxido de carbono (CO2), como se resalta también como impacto ambiental positivo, pero hay que recordar que la función de mitigación del CO2 es una ecuación con dos componentes: la captura y el almacenamiento; entonces si las plantaciones van a ser cosechadas en pocos años y mediante tala rasa, su impacto a la mitigación del CO2 incluso puede ser negativo.
Finalmente, señalar que la aseveración que el incentivo monetario resultó ser un buen negocio para el Estado de Chile habría que sopesarla con la evidencia que entregó el informe “Evaluación de resultados de la aplicación del D.L. 701 de 1974, Ministerio de Agricultura y CONAF ”.
Ello por cuanto dicho estudio analiza justamente si la inversión efectuada resultó rentable para el fisco y para ello se aplicó una evaluación fiscal financiera y evaluación social, agregando también una valorización de externalidades negativas y positivas (sustitución de bosque nativo y contención de la erosión).
Los resultados mostraron que solo un 35% de las plantaciones merecían ser bonificadas, ya que el resto o tenían muy bajos rendimientos o bien eran excedentarias por encontrarse dentro de las áreas de abastecimiento económico de las plantas procesadoras. Respecto de la evaluación social, solo se alcanzaron valores positivos para todas las regiones, si y solo, se cumplía la hipótesis de la contención de la erosión.
Respecto a focalizar el nuevo instrumento en los medianos y pequeños productores, es una idea interesante ya que tendería a equilibrar la actual concentración patrimonial existente; eso sí, hay que pensar formas de cosecha distintas, orientadas hacia Sistemas Integrados de Producción, que permitan diversificar la producción, es decir “no poner todos los huevos en una sola canasta”, como se diría campechanamente.
Además, debe considerarse que, aunque se hagan los mayores esfuerzos por dirigir los incentivos a pequeños y medianos propietarios, el hecho de que el poder comprador lo tengan solo pocas empresas, hace que éstas determinen los precios, y por tanto reciban indirectamente también los subsidios.
La pregunta, entonces, no es si Chile necesita fomento forestal. La respuesta es sí. Pero no cualquier fomento.
La evidencia técnica es clara en un punto: el país requiere un nuevo sistema de bonificaciones, profundamente distinto al DL 701, que priorice:
Este último punto es clave. Chile no puede seguir apostando exclusivamente a volumen; debe avanzar hacia valor, y hacia equidad y justicia social y ambiental, y debe apuntar a la sostenibilidad en un nuevo escenario de cambio climático.
El bosque nativo ofrece oportunidades en madera de alto estándar, productos no madereros, servicios ecosistémicos y mercados emergentes, como carbono y biodiversidad. Pero para ello se requiere política pública coherente, financiamiento adecuado y una señal clara del Estado.
Referencias
[1] Ver Pablo Camus Gayan. Ambiente, Bosques y Gestión Forestal en Chile. 1541-2005. 2006. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. LOM Ediciones; páginas 276-299.
[2] Informe EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL D.L. 701 DE 1974, MINAGRI. CONAF. 1998. Página 104.
[3] Claudio Donoso Zegers: Una Mirada a nuestros Bosques Nativos y su Defensa. 2012, páginas 26 a 42.
[4] https://www.meteored.cl/noticias/actualidad/efecto-impensado-china-planto-tantos-arboles-que-cambio-el-ciclo-del-agua-en-parte-del-pais.html