La falsa divergencia también produce riesgo

La comparación tiene un límite evidente. Un sismo en un fiordo no es cambio climático. Pero ambos episodios plantean una misma pregunta pública: qué hace una autoridad con el conocimiento disponible antes de que el riesgo se convierta en daño. En Aysén, una incertidumbre real sobre la causa no debió impedir la prevención. Hoy, en materia climática, se instala duda allí donde la evidencia ya es concluyente.

Una cosa es que el Estado tarde en actuar frente al conocimiento. Otra, más grave, es que la autoridad encargada de conducir la política climática contribuya a degradarlo a controversia. Ese es el problema institucional de la declaración ministerial. La Ley Marco de Cambio Climático no entrega el origen humano del fenómeno a la convicción privada de cada autoridad: lo reconoce expresamente y ordena adoptar las medidas de mitigación y adaptación sobre la base de la mejor información científica disponible. Incluso establece que la falta de certeza científica no puede utilizarse para postergar medidas ante riesgos de daño grave o irreversible.

El daño de esa duda no termina en la política climática. Cuando una autoridad cuestiona un consenso científico básico, debilita también una premisa central de la gestión del riesgo de desastres. Aunque una amenaza se manifieste como un fenómeno físico, el desastre expresa siempre condiciones sociales e institucionales: quién queda expuesto, qué protecciones existen y qué decisiones se tomaron —o se omitieron— antes de la emergencia. Prevenir es actuar allí, antes de que el daño entregue su veredicto.

Esa diferencia tiene consecuencias concretas. Si se relativizan las causas del cambio climático, resulta más fácil relatar sequías, incendios, inundaciones, olas de calor o interrupciones de servicios esenciales como infortunios inevitables, separados de decisiones sobre uso del suelo, vivienda, infraestructura, regulación o adaptación. Pero el daño nunca se reparte al azar: alcanza primero a quienes viven en territorios más expuestos, carecen de condiciones materiales para adaptarse o dependen de una infraestructura cuya falla puede comprometer su vida.

Sembrar dudas donde existe evidencia no es moderación. Es una forma de desplazar responsabilidades. Si la causa se presenta como discutible, la prevención puede parecer exagerada; si el daño se entiende como fatalidad, las omisiones dejan de tener autor. La incertidumbre fabricada siempre beneficia a quienes pueden esperar. Sus costos, en cambio, recaen sobre quienes no tienen cómo protegerse por sí solos.

Por eso no basta con corregir una frase desafortunada. El Ministerio del Medio Ambiente debe reafirmar sin ambigüedades la base científica de la política climática chilena y conducir sus instrumentos de mitigación, adaptación y reducción de riesgos conforme a ella. No sería un gesto comunicacional. Sería restablecer una condición mínima de la acción pública: que el Estado no ponga en duda el conocimiento que está obligado a utilizar para proteger.

En Aysén, la ola llegó seis días después de que la autoridad declarara que el fenómeno estaba en retroceso. Las amenazas agravadas por el cambio climático no tendrán esa misma forma ni ese mismo calendario. Pero la lección permanece: cuando el Estado degrada la evidencia a una opinión, deja preparado el lenguaje para el día siguiente, aquel en que el daño será llamado sorpresa aunque ya hubiese sido advertido.