En medio del proceso de postulación que se encuentran realizando las y los académicos de las universidades chilenas al proyecto Fondecyt Regular 2027, así como del reciente cierre del concurso al proyecto Fondecyt de Iniciación, es de suma relevancia revitalizar la pregunta por las implicancias de los recientes cuestionamientos que, el actual presidente y otros actores, han realizado a las lógicas de adjudicación del financiamiento público de la investigación en Chile.
Sobre todo, cuando estos no han apuntado a preguntarse realmente por el funcionamiento del sistema, que, dicho sea de paso, ha sido construido en base a políticas e instrumentos discutidos rigurosamente por la comunidad académica y científica. Lo que se plantea, es una idea más profunda y problemática: la de que investigar solo vale en la medida en que aporta a la producción económica e impulsa el empleo. Sin embargo, investigar, no es una dimensión separada de otras relativas al trabajo, como conocer y formar. Investigar, conocer y formar, no son sino parte de una misma tarea que también sostiene el trabajo en una sociedad compleja.
Cuando se afirma que una investigación no se encadena productivamente contribuyendo al desarrollo económico o a la generación de empleo y, por tanto, su valor es dudoso, lo que se pone en cuestión no es solo la pertinencia de su financiamiento, sino la idea misma de para qué investigamos. Se trata, además, de una forma estrecha de entender el trabajo.
En el contexto descrito, las preguntas que estamos escuchando sobre la ciencia en Chile se centran en temas como los montos de inversión, las áreas prioritarias o los resultados económicos esperados, mientras que aparece con menos frecuencia una pregunta que resulta fundamental para hablar de esta: ¿qué lugar ocupa el conocimiento en la sociedad que estamos construyendo y en la formación de quienes la sostienen?
Porque investigar no es solo producir resultados. Es, ante todo, producir comprensión. Comprensión sobre los fenómenos naturales que nos rodean. Comprensión sobre los desafíos naturales, médicos, tecnológicos y sociales que atravesamos. Comprensión sobre los conflictos que configuran nuestra vida en común. Comprensión sobre nosotras y nosotros como sociedad. Y esa comprensión —aunque no siempre inmediata ni fácilmente cuantificable— es la base sobre la cual se forman las y los profesionales que sostienen y proyectan el país.
Reducir el valor de la investigación a su impacto económico directo supone desconocer esta dimensión formativa. Cada proyecto financiado no solo produce artículos o libros - empastados y sin empastar-. Produce también procesos de aprendizaje, formación de capacidades, aplicación de metodologías rigurosas y generación de nuevas preguntas. En otras palabras, produce aquello que se enseña, que se aprende y que se transforma en las herramientas que, desde distintos ámbitos, utilizan quienes cotidianamente toman decisiones que afectan la vida de las personas.
La historia de la ciencia ha mostrado una y otra vez que el conocimiento no sigue los tiempos de la urgencia política ni del mercado. Muchos de los avances que hoy consideramos indispensables para el desarrollo de nuestra sociedad surgieron de investigaciones que, en su momento, parecían no tener aplicación inmediata.
Exigir resultados instantáneos no solo limita la investigación, sino que también limita la capacidad de anticipar, innovar y comprender fenómenos complejos. Limita, en consecuencia, la posibilidad de que las y los profesionales de nuestro país ejerzan sus trabajos bajo criterios de calidad y rigurosidad, tal como los que se nos exigen a las universidades en los procesos de acreditación que rigen nuestro quehacer.
Así lo ha comprendido el desarrollo del sistema de investigación asociado a las instituciones universitarias en Chile, y que en los últimos años ha crecido en prestigio y posicionamiento internacional a partir de la instalación de sistemas de generación de conocimiento altamente complejos. Así lo han comprendido también los países de la OCDE, que en promedio invierten cerca del 3% de su PIB, cifra muy lejana al 0,4% que invierte nuestro país.
En el caso de las ciencias sociales y las humanidades, esta discusión adquiere un matiz aún más evidente. Investigar no siempre implica producir soluciones directas, sino generar marcos de interpretación que permitan entender la sociedad en su propia especificidad. Una sociedad que no se estudia a sí misma —que no produce conocimiento sobre sus propias dinámicas— corre el riesgo de repetir errores, importar respuestas ajenas o profundizar sus propias tensiones.
Por eso, la pregunta por la “utilidad” de la investigación no puede responderse únicamente en términos de empleo. Su aporte se expresa también en la formación de profesionales capaces de analizar su entorno, de tomar decisiones informadas y de contribuir, desde distintos espacios, a la construcción de una sociedad más compleja y reflexiva. Se expresa por lo tanto en una comprensión más profunda del trabajo y la labor que cumplimos las universidades para ello, aportando no sólo al sistema productivo, sino también a múltiples otros sistemas, como el médico, el político, el ambiental, etc.
En definitiva, si vamos a discutir el sentido del financiamiento científico de nuestro país, la pregunta no es cuántos empleos genera una investigación en el corto plazo. La pregunta es otra, mucho más profunda y que debe referirse a qué lugar le damos al conocimiento y a la formación de profesionales en el país que queremos construir.
