Para alcanzar el egreso en las carreras profesionales del área de la salud se requiere, además de aprobar los ramos teóricos, realizar prácticas profesionales intermedias y un internado que varía en duración dependiendo de la carrera. Este proceso es al que todo estudiante de salud se debe enfrentar para completar sus estudios.
Hoy estudiantes, mañana trabajadores
Además de no contar con una remuneración, no existen hasta la fecha mecanismos de protección laboral explícitos que resguarden el bienestar de estudiantes que se encuentran realizando su práctica profesional, ya sea de forma preventiva como reactiva.
Dentro de este, a cada estudiante se le asignan tutores, personas integrantes de un cuerpo docente que tiene la responsabilidad de evaluar el desempeño, y aportar al desarrollo formativo de las y los estudiantes que, durante gran parte de nuestra vida universitaria, nos volcamos al ensayo de nuestras futuras profesiones.
Lamentablemente, este proceso formativo que debería ser nutritivo y enriquecedor se aleja de forma abrupta de la realidad que vivimos quienes estudiamos carreras de la salud. Cada vez que un estudiante sufre precarización o maltrato, se perpetúa una cultura de violencia que llevamos años intentando desmantelar y que sigue impidiendo la formación integral de las y los trabajadores del mañana.
Detrás de cada pérdida hay una omisión del deber de cuidado, que transforma los espacios de aprendizaje en verdaderos entornos de violencia institucional. Basta recordar casos desgarradores como el de Catalina, estudiante de Terapia Ocupacional, quien se quita la vida tras enfrentar constantes maltratos y abusos durante su internado.
Es claro que el sistema educacional requiere transformaciones estructurales para mejorar la forma en que se enseña a los próximos trabajadores de la salud. No obstante, en un contexto político alarmante, donde las prioridades del gobierno consisten, directa o indirectamente, en retroceder en materia de derechos laborales, quienes aún tenemos que cumplir con prácticas profesionales o internados no remunerados terminamos siendo el hilo más fino de toda reforma.
Esto pues, además de no contar con una remuneración, no existen hasta la fecha mecanismos de protección laboral explícitos que resguarden el bienestar de estudiantes que se encuentran realizando su práctica profesional, ya sea de forma preventiva como reactiva.
Por esto es necesario considerar la organización estudiantil no solamente como un mecanismo de resistencia ante posibles retrocesos en materia de derechos, como lo fue, por ejemplo, la tentativa de acabar con la gratuidad estudiantil, sino que la organización entre estudiantes ha de verse también como una forma de denunciar públicamente las precarias situaciones que injustamente tenemos que sobrellevar y, por sobre todo, ofrecer soluciones al respecto que logren generar un cambio.
A la luz del recién pasado 1° de mayo, ésta es la oportunidad que tenemos, por ahora, para organizar y manifestar el rechazo a un sistema que sostiene la precarización, el abuso y el silencio. No vamos a seguir aceptando la explotación disfrazada de formación.
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