Chile discute 5G, inteligencia artificial y economía digital, pero sigue tropezando con un problema mucho más básico: dónde instalar la infraestructura que hace posible todo lo anterior. Sin suelo disponible, no hay torres; sin torres, no hay red. Y sin red, la promesa digital se vuelve desigual.
El suelo donde se juega la conectividad
En telecomunicaciones, el futuro no depende solo del espectro o la inversión. Depende, muchas veces, de algo más simple: un terreno bien asignado.
En ese punto, el Ministerio de Bienes Nacionales tiene un rol subestimado. Administra una parte relevante del territorio fiscal, pero aún no lo articula como una herramienta estratégica para el despliegue de telecomunicaciones. Mientras tanto, el mercado avanza -a medias- a través de las towerco, empresas que permiten compartir infraestructura entre operadores, reduciendo costos y evitando duplicidades. El modelo es eficiente, pero enfrenta un cuello de botella evidente: el acceso a terrenos adecuados, con reglas claras y tiempos razonables.
El dato es elocuente. Chile cuenta con más de 20 mil torres, pero su distribución es desigual y aún existen cientos de localidades con cobertura deficiente o inexistente. A la vez, el tráfico de datos móviles crece a tasas de dos dígitos, presionando redes que requieren densificación constante. Sin nuevos sitios, la calidad del servicio inevitablemente se deteriora.
Aquí el problema deja de ser técnico y pasa a ser territorial. Hoy, conseguir un terreno implica navegar permisos municipales, restricciones urbanísticas, evaluaciones ambientales y, muchas veces, oposición vecinal. En zonas rurales ocurre lo inverso: hay espacio, pero muchas veces el costo del arriendo (por pertenecer a un gran dueño) está lejos de lo razonable, junto a la no existencia de una institucionalidad ágil que identifique y habilite terrenos estratégicos. En ambos casos, el resultado es el mismo: despliegues lentos y costosos.
Lo que falta es una política de suelo para la conectividad. Un catastro nacional de terrenos fiscales aptos para infraestructura digital, integrado con datos de cobertura y demanda, permitiría orientar inversión donde más impacto tiene. A ello se suma la necesidad de estandarizar concesiones, tarifas y plazos, reduciendo la incertidumbre que hoy enfrentan las towerco. Sin certeza regulatoria, la inversión simplemente no llega donde más se necesita.
También es clave la coordinación. El despliegue depende de múltiples actores -Subtel, municipios, gobiernos regionales-, pero carece de una articulación efectiva. El resultado es fragmentación. Y cuando el Estado se fragmenta, el costo lo paga el usuario.
Porque el impacto final es concreto. Mejor uso de suelo se traduce en mejor cobertura, mayor estabilidad y más competencia. Para un país donde más del 80% del tráfico ya es móvil y donde la conectividad define acceso a educación, salud y trabajo, no es un detalle técnico: es un factor de equidad.
El Ministerio de Bienes Nacionales puede cambiar esa ecuación, no administrando suelo de forma pasiva, sino habilitándolo estratégicamente: priorizando zonas aisladas, infraestructura crítica y uso compartido. Con reglas transparentes y foco en impacto social.
En telecomunicaciones, el futuro no depende solo del espectro o la inversión. Depende, muchas veces, de algo más simple: un terreno bien asignado. Para el usuario final, esa decisión puede ser la diferencia entre estar conectado o quedar fuera.
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