El negacionismo del Estado: Sobre el desmantelamiento de la Comisión Verdad y Niñez

A ello se suma la sentencia que recibió Chile por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Sename vs. Chile”, por el fallecimiento de 10 adolescentes durante el incendio de un centro del Sename en 2007, junto a una incontable serie de hechos que reafirman la responsabilidad del Estado en violaciones sistemáticas a los derechos de la niñez.

En ese marco, el Estado de Chile asumió una tarea inédita en el país y en Sudamérica: esclarecer una historia de casi cincuenta años, comprendiendo la relevancia que tiene para el presente de una sociedad reconocer la verdad sobre la violencia ejercida hacia niñeces bajo su cuidado, como base para construir un futuro que no repita esos hechos.

Sin embargo, la Ley de Presupuesto 2025, no solo asignó recursos por debajo del mínimo necesario para el funcionamiento de esta Comisión, sino que dejó dicho presupuesto subsumido dentro de la estructura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sin visibilidad ni desglose público, restringiendo directamente su transparencia y autonomía, limitando por tanto uno de los estándares básicos de cualquier Comisión de Verdad en el mundo.

Las Comisiones de Verdad son mecanismos extraordinarios, autónomos, con estándares técnicos diseñados para esclarecer patrones de violencia, reconocer a las víctimas, contribuir a la memoria colectiva de una comunidad y a las garantías de no repetición.

Pese a ello, lo que el Estado de Chile ofreció dista profundamente de esos estándares: una comisión sin autonomía real, con un presupuesto insuficiente y con un plazo acotado que obligó a diseñar, implementar y funcionar simultáneamente.A ello se suma una composición que, en lugar de asegurar independencia, incorporó actores vinculados históricamente a las políticas que debían ser investigadas.

En suma, una institucionalidad frágil, expuesta a las decisiones de cualquier nueva administración. Esta fragilidad institucional evidencia el adultocentrismo estructural de las políticas de niñez y la baja prioridad que el Estado ha otorgado a las infancias vulneradas bajo su propia responsabilidad.

Pese a las débiles condiciones que dieron origen a la Comisión, esta se mantuvo en pie a lo largo del país, desarrollando un mecanismo innovador e interdisciplinario para acoger testimonios, incorporando herramientas provenientes de la psicología, la etnografía, el derecho y las perspectivas restaurativas orientadas a la construcción de paz, con el objetivo de que la escucha constituyera un primer gesto de reconocimiento de las personas como sujetos de derecho, validando su experiencia y contribuyendo a una memoria colectiva. Adicionalmente, se recuperaron y revisaron más de 8.000 archivos y fuentes que permitían iniciar la reconstrucción historiográfica del funcionamiento del sistema durante estas casi cinco décadas.

Hoy, este proceso ha sido interrumpido de manera abrupta, empujándolo a una agonía sin ningún reparo. Con la llegada del gobierno de José Kast comenzó el desmantelamiento de esta histórica labor: reducción de recursos, despidos de gran parte del equipo y ausencia de condiciones técnicas y administrativas para continuar la escucha, lo que además forzó la renuncia de integrantes de la Comisión. Esta situación no se trata sólo de un problema técnico, sino una señal política de negacionismo frente a hechos graves ocurridos en nuestro país durante décadas.

El gobierno actual, al parecer, no comprende que la Comisión de Verdad y Niñez es una tarea que debe ser asumida como Estado. Pero lo más preocupante es que tampoco comprende la urgencia y la importancia que esta tiene para miles y miles de personas que fueron violentadas cuando el Estado debía velar por su protección, y para quienes aún permanecen en el sistema.

Por primera vez, Chile asumía una tarea observada como ejemplar a nivel internacional: acompañar y abrir la posibilidad de reconocer y reparar a las víctimas. La Comisión acogió relatos de niños, niñas, adolescentes y personas adultas de distintas generaciones. Muchas de ellas, por primera vez, relataban hechos sumamente sensibles, y en muchos casos, de carácter traumático. El mensaje que hoy se les transmite es que sus experiencias de vida no son importantes.

Lo que está en juego al abrir un proceso de construcción de verdad como el que asumió esta Comisión es la posibilidad de reconstruir la relación entre el Estado y toda la niñez que estuvo, está y estará bajo su protección. Por lo mismo, desmantelar el proceso no es solo una decisión administrativa: es una revictimización y un desprecio hacia todas aquellas personas que entregaron su testimonio y hacia aquellas que pasaron por el sistema.

¿Cuándo el Estado asumirá realmente su responsabilidad de reparar, reconocer y pedir perdón a las familias y a los niños, niñas y adolescentes que fallecieron o fueron violentados bajo su cuidado, permitiendo los más atroces abusos en manos de funcionarios, carabineros, militares, personal de la iglesia y civiles? ¿Cuándo vamos a comenzar a nombrar lo innombrable?

La memoria sobre lo que ocurrió en el Sename no es un ejercicio del pasado, sino un pilar para que hoy podamos construir, como sociedad, una institucionalidad que efectivamente proteja los derechos de las niñeces y adolescencias. Que entienda el gobierno: desmantelar la Comisión de Verdad y Niñez es una forma de negacionismo inaceptable, pues no solo afecta a las víctimas del pasado, sino también a las niñeces de nuestro país del presente y del futuro.