Cuatro años y punto: Lo que nadie dice del debate sobre la duración de las carreras universitarias

Europa: la comparación que el gobierno usa mal

La comparación que se plantea con Europa tiene un serio problema de contexto. El proceso de acortar las carreras en Europa es el resultado del Proceso de Bolonia, una reforma iniciada en 1999 que creó el Espacio Europeo de Educación Superior. El objetivo de esto no era acortar carreras como fin en sí mismo, sino que, crear un sistema de dos ciclos: pregrado corto más posgrado y así, facilitar la movilidad estudiantil y homologación de títulos.

El pregrado de tres años o de cuatro, es la mitad del sistema, no es el sistema completo. El problema es que el sistema chileno no tiene ese segundo ciclo consolidado. Los magísteres en nuestro país son caros, tienen escasa cobertura de financiamiento público y no están regulados con claridad. Reducir el pregrado sin consolidar el segundo ciclo, sería un gran desacierto.

El nudo que nadie quiere tocar: el Estado exige lo que propone eliminar

Hay un punto que hasta ahora no he escuchado en las intervenciones del gobierno y que quizás es el punto más incómodo de la propuesta. El Estado chileno, el mismo que impulsa esta reforma, es el empleador —y no cualquier empleador— que exige carreras de diez semestres para ingresar al sector público.

Así, el Estatuto Administrativo y la legislación de planta funcionaria señalan con precisión los requisitos de titulación para cada grado de la escala única de sueldos. Para los grados 4, 5 y 6 de la escala de profesionales, diversos servicios exigen poseer un título de carrera de a lo menos diez semestres. Para los grados 9 al 12, el mismo requisito. El Sistema de Alta Dirección Pública exige al menos ocho semestres, pero normas especiales elevan ese piso a diez para cargos determinados.

Hay que señalar que el Estado es el principal empleador formal del país. Cuando un estudiante de primera generación universitaria decide estudiar pensando en encontrar estabilidad laboral en el empleo público, lo hace sabiendo que necesita diez semestres. Si ese título pasa a durar ocho pero la ley de planta no cambia, ese joven queda con un título que el principal empleador del país no reconoce para los mismos cargos. Hasta ahora, nadie en el gobierno ha explicado cómo se resuelve esa contradicción. Si no se modifica simultáneamente el Estatuto Administrativo y las leyes de planta de los servicios públicos, lo que hará la reforma será crear titulados de segunda clase.

Lo que sí tiene sentido y el riesgo que nadie nombra

Hay que señalar sin embargo que hay algo real en el diagnóstico inicial. El año 2019, el Centro de Estudios Públicos ya había detectado este problema, logrando identificar el núcleo del problema, el cual estaba en las mallas de las carreras, en las cuales se observaban: contenidos repetidos, asignaturas mal articuladas, requisitos de egreso desconectados de la formación.

Por lo tanto, el debate actual es también una oportunidad para revisar el modelo en su conjunto: separar formación general especializada, crear articulaciones reales entre pregrado y posgrado, habilitar itinerarios flexibles con títulos intermedios reconocidos, y, algo que creo que es lo más urgente, modificar los requisitos en la administración pública para que reconozcan esa diversidad. Sin ese conjunto de cambios simultáneos, cualquier modificación es ineficiente.

Por otra parte, hay una dimensión social del debate que el gobierno no está poniendo sobre la mesa. Según datos del Instituto Nacional de la Juventud, la duración real de las carreras impacta de manera desproporcionada en los estudiantes de sectores de menores ingresos, los cuales trabajan más mientras estudian, se demoran más en terminar y son quienes más pierden el financiamiento por superar la duración nominal. La sobreduración no es aleatoria; sigue las líneas de la desigualdad de nuestro país.

El debate sobre los años de las carreras necesita ser un debate sobre las condiciones en que se estudia; sobre el financiamiento estudiantil; sobre la compatibilidad entre trabajo y estudio; sobre la función pública como principal regulador implícito de los requisitos de titulación. Sin eso, cuatro años o cinco es un debate sobre la portada del libro sin leer lo que dice adentro.