Opinión

Para quienes consideramos que la Salud es un Derecho Social y Fundamental de los seres humanos; violenta que una alta autoridad, asesor directo del Ministro de Salud, médico de profesión; haya atropellado directamente los derechos fundamentales de un paciente, su dignidad y su derecho y respeto a su vida privada.

En nuestra calidad de presidente y portavoz de la fundación Defendamos la Ciudad, organización de la sociedad civil informada, que es “cliente frecuente” de la Contraloría General de la República, tuvimos que denunciar allí la suscripción de más de 20 convenios celebrados por la Municipalidad de Las Condes con una serie de inmobiliarias en los cuales se pactaron el financiamiento de las obras de mitigación de los Estudios de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), ello por cuanto, de acuerdo a cómo se concibieron tales convenios, todos se encuentran al margen de lo dispuesto en el artículo 2.4.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).