El último libro de Steven Pinker, en el que hace una estupenda defensa de la Ilustración y, con ella, de la razón, la ciencia y el humanismo, es imperdible. Así que, inspirado por esta lectura, trataré de razonar con Evelyn, conforme a sus declaraciones a propósito del ataque incendiario de que fue objeto un funcionario municipal dentro de un vehículo de Seguridad Ciudadana, en el que afortunadamente el conductor resultó ileso.

Veamos, primero, los dichos de la alcaldesa, a fin de entender su filosofía política y moral para enfrentar la delincuencia. El ataque ya resumido fue, por cierto, una conducta horrenda y repudiable, punto en el que asumo que casi todos estamos de acuerdo (digo “casi todos” porque siempre hay gente que está a favor de este tipo de atrocidades, dependiendo de a quién se quiera quemar: herejes, brujas, opositores políticos o el monito de Judas). El punto en donde estamos de acuerdo y por el que la Sra. Matthei ha mostrado su enojo es que no se puede atentar de ese modo contra una persona, contra su vida, desconociéndole ese derecho humano. En este sentido, siento que ambos amamos los derechos humanos. Es una tranquilidad teórica desde donde comienzo este análisis.

Establece, la alcaldesa, la piedra angular de su edificio filosófico moral y jurídico: “Vamos a actuar con todo el rigor de la ley en contra de estos desgraciados”. Por cierto, la ley debe actuar en contra de todos los que la infrinjan, sean desgraciados, agraciados o graciosos. De manera que, como yo lo veo, el adjetivo “desgraciados” no cumple ninguna función lógica en la estructura de la proposición, sino que es manifestación de la iracundia de la edil. Por un lado, la entiendo. Sería como sentir una terrible indignación si, supongamos, un grupo de personas armadas y de uniforme tomaran a dos jóvenes, los rociaran con bencina y les prendieran fuego, para terminar, arrojándolos a una zanja, con el resultado de uno de ellos muerto y una chica con secuelas de por vida. No quiero imaginar, siquiera, la furia que se habría apoderado de Evelyn si algo así hubiese pasado en Chile.

Pero dejemos las emociones y la natural empatía de la alcaldesa por quienes sufren atropellos. Volvamos al análisis racional.

La siguiente frase de ella responde a una aspiración y a una queja: “Espero que no se meta el Instituto Nacional de Derechos Humanos a defender a estos delincuentes… Nosotros tenemos un problema con los defensores, con la Defensoría Pública, tenemos un problema fuerte con el Instituto de Derechos Humanos. En Chile se le puede pegar a carabineros, se le puede matar a carabineros (…) y todo eso no importa, pero vaya usted a tocar a si a una persona y entonces están todas las instituciones defendiendo a los delincuentes”. Son reflexiones profundas que exigen el máximo rigor intelectual de quien quiera analizarlas.

Vamos primero a la esperanza de la alcaldesa: que no se meta el INDH a defender a estos delincuentes. El INDH no defiende otra cosa que los derechos humanos de todas las personas, delincuentes o no. En este último caso, por supuesto que no reivindica este tipo de atentados incendiarios ni promociona la violencia, pero sí exige que a los imputados se les trate con dignidad, sin torturas, golpes ni violencia, pues el castigo, si corresponde aplicarlo, será el establecido en la ley. Creo que ahí tiene una confusión la autoridad edilicia. Porque no creo que ella esté a favor de las torturas de personas detenidas. Estoy seguro de que si eso ocurriese en nuestras cárceles o hubiese ocurrido en el régimen del que su padre formo parte, se habría indignado y, sensible como nos muestra que es, habría sido una líder en contra de la tortura. La otra vía por la que el INDH podría intervenir es la de asegurar un debido proceso para el imputado. Ese es otro derecho humano que seguramente la alcaldesa comparte. No puedo vislumbrar la rabia que ella sentiría si hubiese juicios sumarios que terminasen en la muerte de personas, sin derecho a defensa y a descargos, tipo Caravana de la Muerte (cuando se enteró de ella, debe haberse enfurecido… por suerte no dio entrevistas por entonces).

Pero luego me confunde, porque agrega que “tienen un problema fuerte con la Defensoría Penal Pública”. No nos dice cuál es. Pero parece ser que lo que le molesta es que haya defensores penales públicos, que cuestionen las pruebas, que busquen los errores en los procedimientos policiales, que representen imputados. Parece que le molesta el sistema adversarial. Pero hay alternativas. Durante el periodo nazi, en Alemania (es solo un ejemplo, sin ánimo de ofender), los acusados de delitos – entre ellos escuchar radios extranjeras o desanimar al pueblo en la guerra – se presentaban ante tribunales designados por el Führer. Uno de los más famosos era regido por el juez Roland Freisler, que insultaba a los acusados a gritos, en juicios donde algunos defensores demasiado perspicaces, celosos en la defensa de los derechos de los imputados o cuestionadores de las tesis acusatorios, terminaron en campos de concentración apenas terminada la audiencia (“Doctrina penal nazi, de Zaffaronni, cuenta todas estas historias; al igual que el libro “Nacionalsocialismo y antigarantismo penal (1933-1945), del profesor Javier Llobet Rodríguez). Siguiendo un modelo quizás menos extremo, tal vez la alcaldesa estaría más cómoda si no hubiese bilateralidad de la audiencia ni abogados que defiendan a los imputados. ¿Será eso lo que quiso decir? A veces soy tan torpe para entender a las personas…

Lo bueno es que ella se preocupa genuinamente por el derecho humano a la vida del funcionario municipal, cuestión que comparto junto con su indignación por este tipo de ataques. Pero en lo demás me parece que se confunde, porque no entiende que el debido proceso, la ausencia de torturas o el derecho a una defensa por parte de abogados son derechos humanos también, y reconocidos desde, digamos, algunas décadas. Sé que quizás comparte con Tonka Tomicic alguna escuela de pensamiento jurídico alternativo que alienta la tortura en la cárcel de los detenidos, pero creo sinceramente que es porque no entienden bien qué son los derechos humanos, el INDH o una Defensoría Penal Pública.