El presidente Boric ha propuesto iniciar una discusión sobre el aborto libre, en defensa de la salud y autonomía reproductiva de las mujeres. Ello indigna a parlamentarios de la extrema derecha, quienes consideran tener autoridad para decidir sobre los cuerpos femeninos. Y defienden con pasión la libertad económica, pero no usan el mismo rasero cuando se trata de la libertad de las mujeres.

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La lucha en favor del aborto es un avance democratizador, que no sólo devuelve autonomía al cuerpo femenino y favorece la salud pública, sino debilita la hegemonía cultural conservadora que caracteriza el régimen de injusticias que vivimos.

Los Estados tienen la obligación de respetar y proteger los derechos humanos, y ello incluye la autonomía sexual y reproductiva. Por ello si se cierran las puertas al aborto seguro y legal se ponen en cuestión los derechos humanos de la mujer.

Naciones Unidas lo ha dicho con claridad: los Estados deben garantizar el acceso seguro, legal y efectivo al aborto para prevenir riesgos a la salud y vida de las personas embarazadas. Ello es parte de las responsabilidades sobre los derechos humanos. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que eliminar las restricciones al aborto favorece una reducción sustantiva en la mortalidad materna.

La larga lucha en favor del aborto en Chile ha puesto de manifiesto las diferencias ideológicas entre las mujeres defensoras de su libertad y los conservadores, protectores del modelo, que sobreexplota el trabajo femenino y ejerce el dominio sobre sus cuerpos.

La aprobación del aborto, en tres causales, instaló una fisura a la hegemonía cultural conservadora, que acompaña a la economía neoliberal y al régimen político de libertades restringidas; y, ahora, el aborto libre terminaría completamente con el control de los cuerpos sobre las mujeres.

El aborto es una lucha en defensa de la salud reproductiva y de los derechos humanos; pero también constituye un desafío a la hegemonía cultural que limita las libertades de la mujer. Y, por tanto, es una tarea que compete a hombres y mujeres que creemos en una sociedad más justa.

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Antonio Gramsci, destacado teórico y político italiano, nos enseñó que la permanencia del capitalismo se explica no sólo por su modelo de reproducción económica (hoy llevado al extremo por el neoliberalismo), sino por la instalación de sus valores y creencias. En esas condiciones, la clase dominante impone su hegemonía cultural, la que facilita la multiplicación de sus ganancias.

Entonces, los menores salarios de las mujeres, su posición desmedrada en la vida política, el trabajo de cuidados sin pago y sobre todo la negación de la autonomía de sus cuerpos son componentes funcionales a la reproducción del sistema.

En consecuencia, la lucha por los derechos de la mujer constituyen avances civilizatorios; pero, al mismo tiempo, pone en jaque la hegemonía cultural del régimen capitalista.

Como señala la feminista ítalo-estadounidense, Silvia Federici, el capitalismo usurpa la capacidad de decisión de la mujer sobre su propio cuerpo, pero también restringe su desarrollo laboral al insertarla en empleos mal remunerados y además al obligarlas a cumplir con los quehaceres domésticos sin sueldo alguno (Gacetas Políticas, 12-10-2018).

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Por ello, la propuesta del aborto libre, así como la iniciativa del Sistema Nacional de Cuidados, constituyen planteamientos contra hegemónicos, de defensa de los derechos de la mujer, que desafían injusticias y desigualdades propias del capitalismo, las que han sido manifiestas en nuestro país.