Harold Enrique Coronado Olivares, ingeniero residente en Peñalolén, presentó un reclamo de ilegalidad contra una decisión del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia (CPLT), que en enero de este año rechazó su solicitud de información sobre los fallecidos por COVID-19 desde diciembre de 2020.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, la información requerida por Coronado incluía detalles como la causa de muerte y el estado de vacunación de las víctimas, pero excluyendo datos personales sensibles como nombres o números de identificación.

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La Subsecretaría de Salud Pública había negado previamente el acceso a esta información, argumentando que procesar la solicitud distraería indebidamente al personal de sus funciones regulares y podría afectar la privacidad de los individuos, dado que podría inferirse su identidad a partir de los datos divulgados.

Además, se agrega en el fallo judicial que, sin embargo, la solicitud de Coronado fue denegada en una sesión del Consejo para la Transparencia, que consideró que cumplir con la petición impondría una carga desproporcionada sobre los escasos recursos del personal de salud, que ya enfrenta numerosas demandas críticas debido a la pandemia y otros desafíos de salud pública.

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La Corte de Apelaciones de Santiago ha confirmado esta decisión, señalando que la tarea de compilar y sistematizar una cantidad tan grande de datos excede los límites razonables del tiempo y los recursos disponibles.

El fallo, acordado por la ministra Lidia Poza, el ministro Carlos Escobar y el fiscal judicial Jorge Norambuena, enfatizó que sólo tres de los siete trabajadores de la Oficina del DEIS, responsables de manejar estas cifras, se ocupan de estas solicitudes.

Además, se subrayó que agregar y cruzar información de diversas fuentes habría implicado un esfuerzo considerable, afectando la capacidad de continuar con otras funciones públicas esenciales.

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