Este sábado 25 y domingo 26 de mayo se cumplirán 25 años desde que Chile celebra el Día del Patrimonio. Instaurado inicialmente como actividad oficial el 17 de Abril de 1999 en el gobierno de Frei Ruiz Tagle, es con el gobierno de Ricardo Lagos, que establece su conmemoración el último domingo del mes de mayo, y que más recientemente amplía a dos días su conmemoración, en el marco de una visión más integradora del Día de los Patrimonios.

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Un balance del impacto social que tiene el día de los patrimonios permite constatar que es una fecha que ha ido progresivamente adquiriendo fuerza y arraigo fruto de la participación activa de las comunidades, ya no sólo a partir de la propuesta inicial de acceso a los edificios históricos y monumentos nacionales como público visitante, sino a partir de la activación de múltiples patrimonios locales, tanto materiales, inmateriales como naturales, proponiendo y liderando actividades que complementan la agenda oficial cuyo fuerte es la apertura del acceso al patrimonio institucional.

En efecto, pasadas dos décadas desde su instauración son varias generaciones de chilenas y chilenos que de forma cada vez más descentralizada y autogestionada, sostienen su conmemoración como dan cuenta las más de 2514 actividades registradas en la web de difusión que provee el Ministerio de las Culturas este año 2024, existiendo desde el 2014, un aumento siempre sostenido de propuestas ciudadanas de conmemoración.

Además de celebrar la apropiación ciudadana y creciente del “Día de los Patrimonios”, cabe señalar que junto con configurarse como un espacio de participación social, la celebración coloca en el centro el valor del patrimonio de cara al fortalecimiento de identidades territoriales, no siempre reconocidas desde la planificación urbana y territorial, como son las articuladas a los barrios, a las comunidades locales asociadas al mundo urbano no metropolitano y en menor medida al mundo rural.

De la misma forma se suma como fortaleza el potencial que tiene el patrimonio como herramienta de acción colectiva, que permite hacer frente al aislamiento e individualismo que predomina en un contexto social marcado por la denominada “agenda de seguridad”, donde destacan la desconfianza y el “miedo al otro”.

Estas actividades logran contraponer a este “malhumor social”, la identificación con valores compartidos, los que potencian la cohesión social al promover una reflexión colectiva respecto a lo que nos une y nos identifica en cada territorio particular.

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Conversar y debatir en comunidad respecto a lo que nos une y nos identifica, preguntándonos y discutiendo qué es lo que hay detrás de los valores patrimoniales, y ejerciendo en estos contextos una deliberación que aporte una impronta positiva, abre una gran oportunidad para gestionar en este marco, y a partir de la discusión sobre el patrimonio, una preocupación y compromiso con el cuidado y regeneración del sentido de comunidad.

No obstante, al abordar la trastienda y el día a día de la política pública, pasados los días de conmemoración, no todo configura un balance positivo.

Estos 25 años transcurridos nos entregan como aprendizaje que ya no basta con celebrar y visibilizar el patrimonio a través de un evento específico, sino que la energía desplegada en estas actividades debe proyectar y materializar su potencial como herramienta de participación, fortalecimiento de identidad y cohesión social a partir de una política pública patrimonial consistente y que de forma, contenido y herramientas a una gestión participativa de los patrimonios por parte de las comunidades que los vitalizan en las ciudades y territorios a lo largo de Chile.

Cabe indicar que esta demanda ha sido sistematizada en gran parte por las propuestas ciudadanas impulsadas hace más de una década por actores “estructurantes” como la Asociación Nacional de Barrios Patrimoniales, existiendo fundamentos para consolidar una mirada integral del patrimonio, que sume al reconocimiento actual de la tríada “patrimonio material, inmaterial y natural”, la puesta en valor de los patrimonios asociados a los sitios de memoria y a la defensa de los derechos humanos junto con la integración de una primera aproximación al patrimonio indígena.

En esta última línea, una de las deudas más relevantes se configura en la postergada y aún pendiente promulgación de una Ley de los Patrimonios, que si bien ha sido sometida a un proceso formal de participación, no ha sido discutida con la potencia y visibilidad necesaria que requiere para ser producto de un proceso que esté a la altura de la energía desplegada por las comunidades en estas dos décadas y media de reconocimiento de nuestros patrimonios.

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El esfuerzo institucional debe ir al encuentro de estas comunidades y de la ciudadanía que, al ir fortaleciendo y ampliando sus acciones a partir de celebrar el Patrimonio, forjan un espacio robusto, complejo y enriquecedor desde el cual nos podamos sentar a conversar, generar acuerdos y nuevas propuestas que revaliden y actualicen lo que queremos seguir conmemorando, además de ir resguardando el como nuestra identidad y memoria (re) configuran el patrimonio cultural.