Las divulgaciones de mentiras (fake news) dirigidas a la opinión pública a través de ciertos influyentes medios de prensa (y que vía pueriles y antojadizas interpretaciones legales favorecen los intereses comerciales de los más importantes inversionistas) tienen como único propósito facilitar la tramitación de sus proyectos en el aparato administrativo del Estado.

Lo anterior lo afirma con certeza absoluta este columnista, que conoce muy bien los sectores de Vivienda, Urbanismo, Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, Obras Públicas y Transporte, y quien durante años ha estado denunciando en la prensa a cara descubierta, en la Contraloría General de la República, en el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en los tribunales de justicia y en los respectivos ministerios, las diversas malas prácticas que se cometen, muchas veces a través de la colusión pública-privada.

Si en nuestro país opera el sistema capitalista de libre mercado, que es un buen asignador de recursos, con infinidad de leyes, reglamentos, circulares, oficios y otros tantos actos administrativos, en ocasiones estos últimos en calidad de secretos, para que funcione correctamente ese mercado (es decir, con igualdad de oportunidades para todos los empresarios de cada sector económico) es indispensable que la totalidad de los intervinientes respeten sus propios marcos regulatorios, lo que lamentablemente no sucede. Rechazamos de plano que existan, con impunidad, ciertos empresarios acostumbrados a sacar ventajas impropias en sus proyectos, pues así se perjudica a sus competidores y además se vulnera la fe pública.

Aunque parezca una exageración, quien suscribe esta columna de opinión, a través de los últimos 15 años ha publicado en diferentes medios del orden de 7.000 rigurosos textos expresando la verdad de los hechos, nunca desmentidos por ninguno de los aludidos en ellos, por la sencilla razón de que esas publicaciones siempre han sido fundadas.

Como ha sido obvio, unos cuantos de esos medios nos han censurado porque les complica dar cobertura a alguien que incomoda a la élite abusadora, pero hay otros tantos, comprometidos con la libertad de expresión y con sus compromisos con la probidad, que todavía admiten nuestras opiniones: está claro que estos medios atacan frontalmente la corrupción, venga de donde venga y ese es el mérito.

A modo de ejemplo, en la edición del domingo 4 de junio de 2023 el diario El Mercurio publicó la destacada noticia "Parcelaciones aumentan en 2022, pese a instructivo ministerial que buscó frenar subdivisiones prediales", en donde ese medio de prensa dice, cita textual: "Cabe destacar que en noviembre de 2022 el instructivo fue suspendido, luego de una resolución de la justicia, que determinó la suspensión de los efectos de la medida adoptada por el Gobierno, proceso que aún se discute en tribunales". 

Debido a que El Mercurio omitió, voluntaria o involuntariamente, que la 9a Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en categórico fallo del 28 de abril de 2023, mantuvo la vigencia de lo resuelto por el Ministerio de Agricultura, en términos de impedir las parcelas de agrado, acogidas al DL 3.516 de 1980, para la construcción de viviendas, fue necesario enviar el mismo día una rectificación a su director, la que nunca se publicó, con lo cual se engañó abiertamente a sus lectores.    

Para hacer honor a la transparencia, de la cual tanto se habla, pero muy poco se practica, en una oportunidad el periodista Eduardo Thomson, de la agencia de noticias Bloomberg y de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), me vino a entrevistar a mi casa sobre el rol que ejerce la Fundación Defendamos la Ciudad, a quien se le expresó que nuestra principal motivación es promover el respeto que deben tener todos los empresarios por las leyes, pues así funcionan bien los mercados y por ende se favorece a los consumidores.

Thomson me preguntó qué opinión tenía yo ante el odio (sic) que sentían por mí los socios de esa asociación gremial empresarial, contestándole inmediatamente que ese sentimiento bajo ninguna circunstancia era correspondido, señalándole que incluso tengo excelentes relaciones con muchos empresarios de la construcción. Por razones obvias, la entrevista nunca se publicó. Luego el periodista vino solamente a fisgonear. 

Finalmente, estimamos que en los distintos mercados siempre existirán actores privados que intentarán aumentar sus patrimonios a través de comportamientos mendaces y por ello, en conocimiento de que desde hace 4 años se está tramitando una ley (boletines 13.115-06 y 13.565-07), que protege al denunciante de los malos comportamientos en el sector público, sería indispensable que dicha ley incorporara al sector privado.