Desde el 4 de septiembre de 2022 se escucha con fuerza en el debate público que las llamadas políticas de las identidades han desconectado a las izquierdas de lo que de verdad necesitan y desean los chilenos. En estas últimas semanas, la presidenta de un partido de izquierda incluso llegó a señalar que los problemas de las diversidades sexuales y de género “son puras leseras”, intentando dar cuenta de un supuesto problema ideológico y programático que existe dentro de las izquierdas respecto a las políticas de las identidades.

Este debate no es nuevo. En los años 90, Nancy Fraser denominó a este debate reconocimiento (políticas de la identidad) versus redistribución (políticas de la lucha de clase). Esta académica fue mostrando cómo, en la arena política postsocialista, la izquierda se fue fragmentando en dos grandes grupos: aquellos que creen que en el centro de la lucha por la justicia social debe estar la redistribución de los recursos económicos para alcanzar la igualdad y aquellos que consideran que en el centro debe estar el reconocimiento de las diferencias.

El primer grupo pareciera guiarse por el horizonte ideológico de la izquierda, mientras que el segundo propone una noción de justicia social donde la transformación de los marcos culturales de reconocimiento se hace fundamental. La propuesta de Nancy Fraser es que esta dicotomía no es tal y que no es necesario decidir, al menos no de manera abstracta, cuál de las formas de hacer política es mejor. La dicotomía entre políticas de redistribución o políticas de las identidades forman parte de la justicia social.

Esto no quiere decir que a nivel del diseño e implementación de políticas públicas no haya que poner el acento en diferentes dimensiones de la justicia social. Sin embargo, la toma de decisiones es una pregunta empírica que debe ser respondida en base a la evidencia y no solo en base a posicionamientos ideológicos y/o morales predefinidos.

La evidencia en Chile muestra que el género y la orientación sexual siguen siendo importantes categorías de la discriminación social y, en consecuencia, un problema de política pública. Por ejemplo, sabemos que las mujeres tienen un peor acceso al mercado laboral y a la educación. Sabemos, también, que las mujeres tienen peores pensiones y se encuentran más desprotegidas respecto a las prestaciones de salud.

Cuando el ser mujer es además atravesado por la pobreza, la situación ya no es solo de injusticia material, sino que, incluso, de injusticia emocional. Sabemos que las mujeres pobres en Chile presentan peores medidas de salud mental que sus pares más acomodadas.

En el caso de la diversidad sexual, la evidencia nacional e internacional muestra que esta población es discriminada en los más diversos ámbitos de la vida social: familia, instituciones educacionales, instituciones del Estado, en el espacio público, etc. La evidencia internacional sugiere que las experiencias de discriminación estarían a la base del hecho que este grupo de la población sea más pobre y presente peores medidas de salud mental. Respecto a este último punto, investigadores nacionales han sugerido que las personas de la diversidad sexual tienen tasas de suicidio hasta siete veces más altas que sus pares heterosexuales debido al prejuicio y la discriminación. Respecto a la situación de la diversidad de género, la situación es incluso más grave.

¿Quiere decir esta evidencia que solo hay que concentrarse en solucionar los problemas que aquejan específicamente a las mujeres y las personas de la diversidad sexual y de género? Por supuesto que no.

Chile está atravesando una crisis económica y de seguridad grave. Existe más que suficiente evidencia que demuestra esta realidad. Sin embargo, el aspecto positivo de no tener que decidir dicotómicamente entre políticas de las identidades que reconocen las diferencias o políticas de la redistribución que buscan la igualdad, es que la política pública puede y debe ser flexible.

Puede ser que, en este momento específico, la evidencia sobre las necesidades concretas y el clima político nos indique que lo relevante sea poner el acento en la redistribución de los recursos económicos y la protección de la seguridad de todas las personas, independiente de sus diferencias. ¿Significa esto que las izquierdas deben renunciar a un horizonte ideológico en que las diferencias entre los ciudadanos sean reconocidas? Yo creo que no.

La evidencia disponible nos muestra que los problemas que afectan a las mujeres y a las diversidades sexogenéricas no son solo inventos de “compañeres” que viven en Ñuñoa. Estos asuntos son problemas reales de ciudadanas y ciudadanos de Chile que deben ser resueltos por la política pública.

Quizá el problema aquí sea de comunicación política. Las izquierdas deberían ser capaces de comunicar que los problemas de los grupos minoritarios no son inventos o exageraciones de unos pocos que quieren demasiado.

Por ejemplo, las altas tasas de suicidio y otros problemas de salud mental de las personas de la diversidad sexogenérica es un problema de salud pública y como tal debe ser abordado. Saber que las mujeres pobres tienen menor capacidad de insertarse en todos los ámbitos de la sociedad también es un problema de política pública que el Estado no debería ignorar.

En este sentido, las izquierdas deberían tener la capacidad de comunicar que el reconocimiento de la diferencia no implica el no-reconocimiento de la desigualdad económica que existe en Chile. Menos aún, el reconocimiento de nuevas diferencias implica el no-reconocimiento de antiguas diferencias.

Cuando políticos de izquierda se burlan de “les compañeres”, señalan que el problema de las diversidades sexogenéricas “son puras leseras” y/o consideran que las demandas del feminismo atentan contra el horizonte ideológico propio de la izquierda creo que, a largo plazo, le están haciendo el juego a las fuerzas conservadoras del campo político.

La propuesta de reconocer las diferencias no viene a cuestionar la conceptualización clásica de justicia social de la izquierda, sino que a ampliarla. Se podría pensar que una posible oferta razonable de la izquierda es proponer una noción de justicia social, donde tanto el reconocimiento de las diferencias como la redistribución de los recursos para alcanzar la igualdad estén al centro del horizonte ideológico de la izquierda de forma flexible; flexible en el sentido de que diferentes momentos históricos exigieran diferentes soluciones programáticas al nivel de la política pública y la comunicación política.

Esto también vale para las personas que se consideran simultáneamente de izquierda como también feministas y/o parte de la diversidad sexogenérica. Podría ser que, efectivamente, la evidencia nos muestre que este es un momento donde la redistribución de los recursos económicos y la seguridad deben estar al centro de debate público.

¿Significa esto que se deben abandonar las demandas propias del feminismo y la diversidad sexogenérica? No, solo significa que puede ser que en el debate público el feminismo y la diversidad sexogenérica no estén en el centro del debate por un tiempo. No estar en el centro del debate público está lejos de implicar que un conjunto de políticas públicas no deba ser diseñada e implementada.