El actual proceso constituyente pareciera ser un evento aislado de la sociedad. Si bien sabemos que una nueva Constitución se está redactando, en una primera etapa por una Comisión de Expertos, es muy poca la conexión entre la ciudadanía y el proceso constitucional. Lo anterior es esencial, considerando que en apenas unos días deberán ser votadas las personas que aporten, desde una agenda política ciudadana y representativa, a la redacción constitucional.

El proceso no termina de animar a las personas para seguirlo, y mucho menos para despertar un interés en él, porque luego de la labor de los consejeros viene una última etapa a cargo de la Comisión de Admisibilidad, que verá que las nuevas normativas no se contradigan con las bases institucionales establecidas para este proceso constitucional. Como consecuencia de este generalizado desánimo, los candidatos a consejeros han traído ofrecimientos que —lejos de transformaciones constitucionales— se enmarcan en respuestas rápidas a inquietudes urgentes de la ciudadanía.

Las campañas electorales se han desplegado, la franja electoral corre diariamente por los canales de televisión abierta, para el 7 de mayo elegir desde circunscripciones regionales la representación ciudadana que formará parte del Consejo Constitucional 2023.

Esta votación cuenta con aspectos que la hacen particularmente distinta a la del proceso anterior de elección de Constituyentes: es obligatoria para quienes tengan domicilio electoral en Chile, son sólo 50 consejeros/as (antes fueron 150) y el tiempo de trabajo será reducido a solo 5 meses, con una votación de salida el 17 de diciembre.

Los cambios frente al proceso anterior también se hacen presentes dentro de la franja, apuntando a cuestiones propias de la agenda contingente y no a elementos constitucionales.

En el fondo, mientras partidos políticos intentan captar votos con temáticas urgentes, la ciudadanía débilmente da su apoyo a candidaturas que muy difícilmente puedan realizar lo que proponen, pues asuntos como enfrentar la delincuencia o implementar una política migratoria, requieren de un debate que no necesariamente es constitucional. Esto atenta contra la transparencia y naturaleza informativa que debieran tener las campañas de consejeros.

Pareciera que, frente a la Comisión de Expertos y luego la de Admisibilidad, hay un cierto desasosiego ante la labor real de estos representantes y se han abandonado propuestas o discusiones de fondo en torno a derecho, la naturaleza del Estado, las instituciones y sistema político de nuestro país.

Todo hace pensar que la función de estas elecciones es medir fuerzas entre los partidos políticos, especialmente entra la derecha, los republicanos y el Partido de la Gente. Eso explicaría el populismo centrado en la contingencia y el abandono de propuestas realmente constitucionales.

El agotamiento, fatiga y desánimo frente al proceso constituyente puede entenderse en dos puntos: primero, una serie de votaciones en el último tiempo que, sumado al voto obligatorio, moviliza personas que anteriormente vislumbran las elecciones como algo particular que sucedía cada cuatro años. Y el segundo punto surge como respuesta política a lo primero, donde los partidos políticos intentan convencer electores con medidas y posiciones que difícilmente puedan concretar en caso de llegar al Consejo Constitucional, transformando esta etapa del proceso constitucional en un barómetro del poder de los partidos con miras a los futuros procesos eleccionarios de los próximos tres años.

Es de esperar, entonces, que durante lo que quede de proceso hacia una nueva Carta Fundamental, la ciudadanía, lejos de encontrar una conexión, pueda tender a alejarse aún más de lo que sucede constitucionalmente.