La Fiscalía Local de Los Vilos se transformó en el centro de críticas tras una audiencia en la que se puso fin a la prisión preventiva de cinco individuos vinculados al Tren de Aragua. Aunque en un principio se apuntó a la jueza Daniella Pinto Cortés por tal decisión, luego de la liberación de audios del juicio, se aclaró que fue el abogado asistente del Ministerio Público, Luis Soto Pérez que, por su falta de preparación y argumentos débiles, fue quien pavimentó el camino para la decisión judicial.

Recordemos que el Tren de Aragua es una banda criminal de origen venezolano, que se ha expandido más allá de sus fronteras, involucrándose en actividades ilícitas como el secuestro agravado, sicariato, tráfico de personas, entre otros delitos. Su presencia en Chile ha encendido alarmas sobre la seguridad y la capacidad de las autoridades para contrarrestar su influencia con notorios casos en Arica, Iquique, Antofagasta, Santiago, Concepción y Puerto Montt.

Por lo que debido a su peligrosidad se han aumentado las medidas precautorias para casos de este tipo, por lo que la decisión tomada en Los Vilos causó impacto hasta en los propios miembros del Poder Judicial. Radio Biobio tuvo acceso a audios de la audiencia, donde se evidencia la tensión entre la jueza y el fiscal Soto. La magistrada cuestionó repetidamente la falta de especificidad y conocimiento del caso por parte de Soto, quien admitió no estar completamente informado sobre los detalles que motivaron las incidencias planteadas por las defensas. Una situación que culminó en la liberación de los acusados.

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Abogado asistente

La actuación del fiscal Soto Pérez, quien lleva cinco meses en su cargo tras un concurso público y con un salario mensual superior a los 2,5 millones, ha sido especialmente cuestionada. Durante su intervención, no solo fue incapaz de contrarrestar los argumentos de la defensa, sino que se limitó a declarar la ausencia de nuevos antecedentes que justificaran cambios en la medida cautelar, una postura que facilitó la decisión de la corte de liberar a los implicados.

"Respecto de lo que planteó don Cristian Geisse -defensor-, ¿quiere señalar algo más?", se escucha a la Jueza Daniella Pinto en el audio. A lo que Soto Pérez responde: "No, su señoría. Lo mismo que considero que la, la, la, el informe que él recibió, su señoría, no es para mutar porque él no, no, no no, ehm… no controvirtió la naturaleza de los delitos, su señoría".

"Sí controvirtió la participación de don Luis en el ilícito…", retruca Pinto. "Ehhhhh… Nosotros creemos, su señoría, que…", intenta argumentar Soto Pérez. "Son suficientes y no alteran. ¿Algo más?", agrega la jueza. "Nada más, su señoría", cierra el asistente del abogado defensor.

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Fiscal Nacional

Por su parte el fiscal nacional Ángel Valencia abordó la situación del abogado asistente de la Fiscalía Local de Los Vilos, Luis Soto y señaló que este “pudo haber sido víctima de amenazas”.

Una declaración que surge luego que la Corte de Apelaciones de La Serena revocara la decisión inicial del tribunal de garantía, ordenando mantener la prisión preventiva contra los acusados. En tanto, la Fiscalía Regional de Coquimbo inició una investigación administrativa para evaluar el desempeño del abogado.

En conversación con Radio Agricultura, Valencia enfatizó la peligrosidad creciente de trabajar en la Fiscalía, diciendo: “hoy día a lo largo de todo Chile, hay fiscales, funcionarios y profesionales que están periódicamente exponiendo su integridad física e incluso exponiendo su vida para perseguir el crimen organizado”. Además, remarcó que “la función de fiscal comienza a ser más peligrosa que antes, que trabajar en la Fiscalía comienza a ser más riesgoso que antes”.

Valencia instó a “no prejuzgar” a Soto, sugiriendo que las amenazas podrían haber influido en su actuación durante la audiencia de revisión de medidas cautelares. “Pese a todo lo actuado, el tribunal también pudo haber resuelto de manera diferente”, agregó, destacando que el resultado podría haber sido otro incluso con las acciones tomadas.

Investigación Penal

Además de la investigación administrativa, se ha abierto una investigación penal para esclarecer los hechos, dirigida por el fiscal regional Alexis Rogat. En tanto, de los cinco imputados implicados, dos se han entregado a las autoridades: uno en una unidad de la Policía de Investigaciones en Los Vilos y otro en la Cuarta Comisaría de Santiago. Sin embargo, tres de los delincuentes siguen prófugos, manteniendo en estado de alerta a las autoridades.

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