El Presidente Sebastián Piñera respondió ante la Corte de Apelaciones de Santiago el recurso de protección presentado por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos contra el indulto de diez condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet afirmando que “no ha existido conducta ilegal ni arbitraria”.

“No se configura ninguna causal de denegación de aquellas contempladas en el Artículo 40 de la Ley N°18.050, ni se han otorgado los beneficios de manera caprichosa o antojadiza por la autoridad, por cuanto los actos que los conceden han dado pleno cumplimiento a la normativa aplicable”, sostuvo el mandatario mediante Máximo Pavez, ministro secretario general de la Presidencia (s), de acuerdo a información de La Tercera.

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El documento de 18 páginas presentado por el Ejecutivo agregó: "Los estándares internacionales exigen dar trato humano a las personas condenadas, regla que se compatibiliza con las obligaciones que tiene el Estado de Chile respecto de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".

La Corte de Apelaciones también solicitó el pronunciamiento del Ministerio de Justicia, ante lo que el jefe de la cartera, Hernán Larraín, abordó el tema citando al organismo internacional Human Rights Watch.

"Cabe recordar las palabras del director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, de fecha 16 de junio del año 2020, quien, en el marco de la discusión del Proyecto de Ley de Indulto Humanitario, señaló: 'Todos los reclusos, incluidos los responsables por las más graves atrocidades, merecen un trato justo y digno durante su detención, incluyendo la posibilidad de ser liberados cuando las circunstancias lo ameritan y en particular si padecen enfermedades graves'", expuso Larraín.

Diez violadores a los DD.HH.

Los beneficios judiciales entregados se dieron entre junio y diciembre del 2020, durante la primera ola de la pandemia de COVID-19, y figuraron entre los beneficiados los responsables de delitos de lesa humanidad Raúl Rojas, Hugo Prado, Demóstenes Cárdenas y Víctor Mattig, quienes pudieron conmutar sus penas de cárcel por arresto domiciliario total bajo el control de Gendarmería. Cárdenas y Mattig fallecieron después de la modificación de sus penas.

Algunos de los delitos por lo que cumplen penas son secuestro y asesinato. Por ejemplo, Hugo Prado es un excomandante de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) que cumplía una pena de cinco años por el secuestro y asesinato de cinco mimbro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), cuyos cuerpos fueron lanzados al mar.

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Para los familiares de detenidos desaparecidos el indulto entregado por Piñera "infringen obligaciones jurídicas que el Estado ha suscrito en el ámbito internacional" y serían "actos ilegales y arbitrarios que vulneran el derecho a la integridad psicológica y al debido proceso que tienen las víctimas de detención forzada", de acuerdo al recurso de protección presentado ante la Justicia.