Basura en Independencia: recolección y aseo para 153 mil vecinos en suspenso tras querellas para develar cobros duplicados

Una querella interpuesta en el 3° Juzgado de Garantía de Santiago contra el alcalde de Independencia por Renovación Nacional (RN), Agustín Iglesias, puede desatar una alerta y crisis sanitaria de envergadura para los vecinos de la comuna, ubicada al norte del centro de Santiago, mientras que con otra acción legal Iglesias imputa delitos a exautoridades y concesionarios.

La acción legal fue presentada por la empresa Tresur, quien acusa al actual alcalde de cometer el delito de “malversación de caudales públicos” al, supuestamente, quedarse con más de $1.118 millones correspondientes al pago de las facturas desde diciembre (2024) a febrero (2025).

153 mil residentes

Así, la empresa de retiro y manejo de residuos domiciliarios, decidió contraatacar la versión del recién asumido alcalde de independencia, Agustín Iglesias (RN), quien, a fines de marzo, acusó que en la administración de Gonzalo Durán (Frente Amplio), hoy delegado presidencial RM, se pagaron más de $2 mil millones extras a la concesaria.

Todos por pagos de servicios de barrido de calles, aseo integral, arriendo de contenedores, higiene ambiental, recolección y transporte residuos sólidos y líquidos, peligrosos y no peligrosos de la comuna, que actualmente tiene una población fija de 153 mil habitantes y una población flotante de casi 300 mil.

Un contexto geopoblacional al que hay que agregar su característica estratégica como parte de la red de la capital de grandes centros de salud y eventos masivos, pues la comuna aglutina varios hospitales base como el Hospital Clínico U de Chile; Hospital San José y Hospital Pediátrico Roberto del Río, además del Estadio Santa Laura y el Hipódromo Chile.

Estrategia judicial

El líbelo acusa que “el contrato suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Independencia y Tresur SpA de acuerdo al ID 584264-31-LR21, rige desde el 17/11/2021, y se mantiene plenamente vigente. Es por ello que los servicios prestados siempre han sido pagados sin ningún reparo por la Municipalidad", dice el documento en que se lee además:

"Resulta pertinente enfatizar que existe un deber de pago por parte de la Municipalidad incuestionable, ya que todas las facturas han sido emitidas y aceptadas dentro del marco contractual existente. Efectivamente, cabe hacer presente que cada proceso de facturación se inicia con la emisión de la respectiva Orden de Compra de parte de la Municipalidad de Independencia, la cual se complementa con el Estado de Pago presentado por TRESUR SpA., que incluye el pago de la obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores, el registro de los servicios prestados, entre otras menciones; luego de ser revisado, recién es autorizado para ser facturado por TRESUR SpA."

Según la argumentación, "una vez emitida la factura, sigue un proceso interno de revisión por parte de la Municipalidad, el que finaliza con el pago de las facturas. Todas las facturas que a continuación se individualizan en recuadro, cuyas copias se adjuntan en un otrosì, y que rehúsa pagar el alcalde y querellado, han cumplido dicho proceso, no existiendo razón alguna para evadir su deber de pago y causa un perjuicio a TRESUR SpA., por la suma de $1.118.316.197.- (mil ciento dieciocho millones trescientos dieciseis mil ciento noventa y siete pesos).”

El enfrentamiento judicial se generó a consecuencia de las acciones adoptadas, acusan, por el alcalde Iglesias: una querella interpuesta como jefe comunal en marzo pasado, acusando de un supuesto “fraude al Fisco y estafa” de parte de esta empresa y otra (“Aromo SpA”) dedicada a la mantención de áreas verdes.

Cobros duplicados vs facturas anuladas

Según el alcalde, ambas entidades hicieron cobros duplicados de sus servicios, llevando al municipio a un eventual perjuicio de más de $2 mil millones.

Según el abogado de la empresa Tresur, Luis Gálvez Astudillo, dicha querella “es absolutamente errada y contiene supuestos fácticos y legales falsos, ya que nunca se ha pagado dos veces por los servicios prestados, pues las facturas cuestionadas fueron anuladas y nunca cobradas”.

Para Gálvez, el alcalde Agustín Iglesias “quizás fue mal informado por sus asesores". "Acá hay una evidente mala visualización, gestión y ejecución de la labor edilicia, ya que no se ve que haya coherencia entre lo que es el trabajo cotidiano en un municipio, con las intenciones de cuestionar una gestión anterior, solo por cuestionarla”, enfatizó.

Riesgo sanitario

Mientras el caso se judicializa, “el actuar del querellado no solamente conlleva un perjuicio económico por el valor de las facturas impagas, sino que, además, pone en riesgo sanitario inminente a toda la comunidad y vecinos de la comuna de Independencia, ante la difícil situación de no poder dar continuidad a un servicio esencial, lo que significa en la práctica no recolectar 5.000 toneladas de residuos mensuales. En mismo sentido, conlleva una crisis laboral para más de 130 trabajadores destinados a cumplir sus labores principalmente a dicha comuna."

Entre las medidas que se piden en la acción judicial, figura que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte indague al alcalde Iglesias.

El objetivo: precisar si “abusando del ejercicio de su cargo, con dolo directo, se ha rehusado sin causa bastante, efectuar el pago de las facturas irrevocablemente aceptadas, incurriendo en el delito de malversación de caudales públicos, en su hipótesis primera, descrita en el artículo 237 del Código Penal, norma que dispone:"

“El empleado público que, debiendo hacer un pago como tenedor de fondos del Estado, rehusare hacerlo sin causa bastante, sufrirá la pena de suspensión del empleo en sus grados mínimo a medio”, expresa el libelo ante el tribunal".

Contra querella del alcalde

Por su parte la querella que interpuso el alcalde Iglesias, con el patrocinio de los abogados Sergio Contreras Paredes, Catalina Honorato Bezanilla y Conall Morrison, fue admitida a trámite el 26 de marzo pasado.

Desde ahí, fue derivada a la fiscal Patricia Cerda, de la Unidad Anticorrupción, donde no se han oficiado trabajos o pericias a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, como se solicitó en el escrito.

Para el abogado de Tresur, Luis Gálvez, esa acción legal tiene un problema jurídico de coherencia y pertinencia, ya que “acusa a dos empresas de supuestos delitos, pero luego en su enunciado final pide investigar “a quienes resulten responsables, lo que es de una irresponsabilidad mayúscula, puesto qué en materia penal, las responsabilidad son personales o de las personas jurídicas, pero no se puede acusar al voleo un supuesto delito sin fundamentar pruebas y datos que corroboren esa denuncia” dice el representante de la empresa de recolección de basura.

Por lo mismo, Gálvez le pidió, a su vez, al mismo 3° Juzgado de Garantía de Santiago que disponga de una audiencia para que se discuta “el sobreseimiento definitivo” de la causa porque “no hay imputado directo, ni menos hechos que constituyan delito alguno” dice el jurista.

ElDesconcierto consultó sobre su opinión al Municipio de Independencia, desde donde se limitaron a comentar que por ahora no harán declaraciones “hasta que sean notificados de la interposición de la querella señalada”.