Esta mañana y de acuerdo a información que publicó Bío Bío, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) insistió en su alerta de seguridad con posterioridad a que Laboratorios Andrómaco S.A. lo notificara de dos lotes de sus anticonceptivos en relación a una falla específica que se traduce en la “disminución en la potencia de principios activos”.

El aviso responde a una situación que ya había sido advertida por el Instituto de Salud Pública (ISP) en octubre del año en curso y afecta a los lotes de las pastillas anticonceptivas Minigest-15 y Minigest-20, comercializadas durante noviembre del año 2019 y septiembre del año 2020.

Específicamente se habla de que un total de 4787 productos y que se circunscribe a los lotes D19129A – D19130A (Minigest-15) y D19132A (para Minigest-20), una situación de consecuencias de envergadura que colectivos especializados comentaron con esta redacción.

Lo anterior dado que que un estudio de estabilidad detectó “una disminución en la potencia de principios activos”, por lo que Sernac aseguró a través de su alerta que el riesgo para las mujeres que consumieron esta píldora es “posible trastorno del ciclo hormonal o posible disminución de eficacia”.

“Es preciso señalar que las series afectas al retiro voluntario y preventivo del mercado, fueron liberadas para distribución cumpliendo especificación y parámetros exigidos en el registro sanitario y que esta disminución en la potencia de principios activos se produjo en el transcurso de estudio de estabilidad para ambos productos”, aclaró la entidad.

Miles: "Nos parece un claro hecho de negligencia de la autoridad sanitaria"

"Desde Corporación Miles hemos recibido más de 100 casos de mujeres que se han comunicado con nosotras para dar a conocer su situación y son todos casos producto de los anticonceptivos defectuosos. Y varios de ellos, también han generado embarazos no deseados", agregó Anita Peña, directora ejecutiva  de la entidad que aboga por el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas.

Posteriormente, Peña catalogó lo sucedido como un acto más de agresión hacia el género femenino. "Esto es violencia contra las mujeres, porque todas confiaron en el Estado y el método falló. Es culpa del Estado y del laboratorio que hoy exista un embarazo no deseado, esto es una violencia al derecho reproductivo de las mujeres al decidir cuándo gestar", sostuvo.

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Frente a hechos ya consumados y considerando el nivel de afectación de algunas de las consumidoras de los lotes defectuosos, la directora ejecutiva de este colectivo pide que se entregue una solución a quienes deseen no continuar con una gestación que, justamente, se trató de evitar responsablemente. "Exigimos que todas las mujeres que hoy tuvieron un embarazo producto de esta negligencia del Estado, tengan acceso a la Ley IVE, Ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque un embarazo no deseado, producto de la negligencia del Estado es una causal que afecta la salud y la vida de las mujeres", planteó.

Por su parte Débora Solís, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa) se pronuncia en la misma línea que Peña. "Que se vuelva a reiterar una situación de tal envergadura donde un grupo de anticonceptivos orales, siendo estos los de mayor consumo por la población, fundamentalmente joven y adolescente en nuestro país, como una forma eficaz de prevenir embarazos, demuestra debilidad en sus componentes, en algunos casos ausencia de la hormona y presencia sólo de placebo, es absolutamente incomprensible, no permite ningún análisis ni ninguna justificación", cuestiona.

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Para ella, "esto es una prueba más de que los derechos sexuales y los derechos reproductivos en este país no forman parte de una prioridad en la política pública que permita hacer un análisis y una supervisión que garantice que las mujeres que compramos o accedemos a través de los servicios de salud en nuestro territorio a métodos anticonceptivos orales y de cualquiera de ellos, (podamos) prevenir un embarazo, porque es esa la función por la que una mujer decide tomar un método o ponerse un implante".

Posteriormente y evidentemente molesta frente a la constatación de estos hechos, Solís fue clara respecto de un trabajo que seguirán liderando. "Como una institución especializada en salud sexual y reproductiva, seguiremos haciendo seguimiento a este tipo de situaciones y no descansaremos hasta que el gobierno, a través del órgano rector en salud que es el Ministerio de Salud, dé alguna respuesta al respecto y pueda garantizar que las mujeres que se han embarazado sin consentirlo, más haciendo lo posible para no quedar embarazadas, tengan alguna respuesta en esta materia".

"Creemos que esta es una situación que merece todo el repudio de la ciudadanía por vulnerar, una vez más, los derechos humanos, en este caso los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", concluyó.