El proyecto Puerto Exterior de San Antonio volvió a avanzar tras recibir la aprobación ambiental de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Valparaíso, pese a las reclamaciones de vecinos por eventuales impactos a la biodiversidad y deficiencias técnicas.
Aprueban Puerto Exterior de San Antonio pese a disputa por humedal de Llolleo y tras 10 años de discusión
El Puerto Exterior de San Antonio recibe la aprobación ambiental de Coeva, pese a casi una década de cuestionamientos técnicos y estratégicos.
Se trata de un proyecto ingresado al SEIA en 2020, que contempla una inversión de US$ 4.450 millones —US$ 1.950 millones son inyectados por el Estado— que busca construir un nuevo megapuerto en la costa central para duplicar la capacidad portuaria nacional y recibir barcos de gran tamaño que operan a nivel internacional.
En concreto, durante cuatro etapas, se construirá un rompe olas de 4 km, nuevos terminales portuarios, zonas de carga y almacenamiento, degradados para el ingreso de barcos y nuevas vías de acceso. Se estima que el proyecto funcione parcialmente en 2036, mientras que su operatividad máxima podría concretarse en 2046.
Sin embargo, su discusión se origina desde hace más de 10 años con los Estudios de Factibilidad (2012), su ingeniería básica, el anuncio de su prioridad en la agenda presidencial de 2018 y el posterior desarrollo de su Estudio Ambiental, para ser presentado el SEIA.
La batalla judicial ganada por vecinos de San Antonio
A comienzos de año, la expansión del Puerto de San Antonio enfrentó un nuevo obstáculo judicial luego de que el Segundo Tribunal Ambiental ordenara revisar la delimitación del humedal urbano de las lagunas de Llolleo, también conocidas como Ojos de Mar.
Reclamación presentada por vecinos y organizaciones ambientales que buscaban proteger este ecosistema ante un eventual avance del proyecto portuario. Sin embargo, el origen del conflicto comenzó cuando se conoció que la ampliación del puerto podría afectar sectores cercanos a las lagunas, incluyendo áreas de la playa de Llolleo.
Tras años de movilización ciudadana, el Ministerio del Medio Ambiente declaró protegidas las lagunas como humedal urbano, aunque la comunidad criticó que la protección solo incluyera el contorno de las lagunas y dejara fuera zonas consideradas fundamentales para el funcionamiento ecológico del sistema.
Este año el tribunal determinó que la delimitación realizada por el ministerio presentó deficiencias técnicas y no resguardó adecuadamente el régimen hidrológico del humedal, ordenando revisar nuevamente el área protegida para incluir zonas que también serían importantes para la supervivencia del humedal.
Otras de las externalidades que se habrían ausentado de la discusión del proyecto son la falta de consideración de fenómenos climáticos extremos como marejadas, así como una integración limitada con la ciudad de San Antonio, que continúa enfrentando problemas de congestión, seguridad vial y deterioro de su calidad de vida.
El proyecto ha sido cuestionado también por su fundamento técnico y estratégico, particularmente por la idea original de operar con megabuques que hoy presentan menor relevancia frente a nuevas naves de menor tamaño, consumo y mayor eficiencia logística, que ya operan en otros puertos del país.
Además, el desarrollo portuario en San Antonio ya registra la llegada de este tipo de embarcaciones en distintos terminales, lo que debilita —según críticas— la justificación inicial del megaproyecto.