Alertan que Ley Miscelánea reduce estándares ambientales para salmoneras e interviene en el Poder Judicial

Además, la ley dispone que el titular de la empresa puede hacerle presente al tribunal ambiental antes de que falle, que si su permiso ambiental queda sin efecto solicitará la indemnización. “Eso es una señal que obviamente va a afectar la autonomía del juez para resolver la causa”, explica.

Este mecanismo sería gestionado por el Ministerio de Hacienda, que nombraría a tres expertos para determinar el monto a devolver a la empresa según lo que haya invertido en su proyecto desde la aprobación ambiental hasta su anulación.

El abogado ambiental y director de la ONG FIMA, Ezio Costa, también ha relevado sobre este punto que la evaluación y fiscalización ambiental de proyectos de inversión genera un gasto para el Estado y que los titulares de las empresas no financian en ningún punto ese gasto, por lo que tampoco correspondería una devolución de dinero fiscal. En este caso, lo que se haría es “regalar dinero público a proyectos que no cumplen con la ley, cuestión que es bastante impresentable”, declara el abogado.

Estándares ambientales para salmoneras

También generaron alerta una serie de medidas del proyecto orientadas a impulsar aún más la industria salmonera, que ha protagonizado casos de daño ambiental e ilegalidades sobre todo dentro de mares protegidos.

La Ley Miscelánea habilita la relocalización de salmoneras sin que este movimiento se someta a evaluación ambiental, lo que según un informe de Terram permitiría ocupar un nuevo espacio marino con su propio equilibrio, especies y ecología, con una actividad que genera impactos graves en el medio marino y sin que se evalúen los efectos específicos que tendría sobre ese lugar, sus especies y actividades humanas, y sin que se tomen medidas de mitigación.

Según Ariel Espinoza, esta medida deja un vacío ya que los permisos ambientales o RCA son instrumentos válidos solamente para el lugar específico en que se instaló en primer lugar una actividad, por lo que no queda claro bajo qué instrumento operarían las concesiones relocalizadas si no se someten a evaluación ambiental para obtener un permiso que sea válido en el nuevo espacio.

El informe de Terram también critica la medida que elimina la caducidad de concesiones que no se usen por mucho tiempo, y la reemplaza por un pago para poder mantener esa concesión.

“La caducidad no solo cumple una función administrativa, sino también ambiental, al impedir la mantención indefinida de concesiones inactivas en zonas que pueden encontrarse sobrecargadas o ecológicamente degradadas. Su reemplazo por un mecanismo económico favorece la retención de concesiones, incentiva el acaparamiento del borde costero y dificulta procesos de redistribución espacial necesarios para abordar impactos acumulativos”, se expresa en el informe.

La ley propuesta también limita los sistemas de monitoreo ambiental que se aplican para la acuicultura. “En el contexto de la salmonicultura, donde los impactos ambientales suelen ser complejos, acumulativos y de manifestación progresiva, la reducción de indicadores puede traducirse en una menor capacidad del sistema para detectar tempranamente procesos de deterioro ambiental. De este modo, el monitoreo pierde su carácter preventivo y se transforma en un mecanismo mínimo de cumplimiento formal”, se expresa en el informe.

Debilita la evaluación ambiental

Dentro del proyecto existen otras modificaciones legales que, a juicio de abogados ambientales, reducen la capacidad de fiscalizar y tomar medidas ante incumplimientos y daños ambientales, limitan la evaluación ambiental y retrasan disposiciones del recién instalado Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, impidiendo declarar sitios prioritaros de conservación.