En Paihuano, en la Región de Coquimbo, los ánimos no están muy alineados con la familia Luksic y su holding liderado por Andrónico Luksic, que recibió una multa de 60 millones de pesos por extracción ilegal de agua durante una década y media. Todo esto en un contexto de inédita y preocupante crisis hídrica, detalla este miércoles El Mostrador.

Específicamente, a través de más de un sistema, se implementó una modalidad para desviar el vital recurso para regar las viñas de la compañía durante el período señalado.

Y mientras los afectados denuncian que no tenían agua para regar sus plantas, reclaman, la familia se quedó con millones de metros cúbicos de ella. Una operación que habría mermado el abastecimiento para un total de cinco comunas entre las que se encuentran Vicuña, La Serena, Andacollo y Coquimbo.

"La zona donde se está realizando la extracción ilegal, conforme a la información de la Dirección General de Aguas (DGA), órgano dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP), corresponde al de una cuenca sobreotorgada, afectada por puntos de extracción ilegal", detalló Greenpeace el año pasado en medio de una denuncia legal.

Como consecuencia de lo anterior, los Luksic debieron desinstalar el dique y la bomba a través de la que desviaban agua para su lucrativo negocio.

Pese a las denuncias en el tribunal de Vicuña, a la que además de Greenpeace se sumó el abogado Luis Mariano Rendón el año 2021, la instancia terminó aprobando la solicitud de sobreseer al empresario y su gerente, Rodrigo Santander. Incluso, el fiscal de Vicuña, Juan Rubén González Tobar, obvió un informe de la PDI que establecía el delito de usurpación.

Lamentablemente, pese a que el fiscal Juan Rubén González Tobar se opuso a esta medida, como no apeló al fallo, este no fue analizado por la Corte de Apelaciones de La Serena.

"No hemos hecho nada a ese nivel judicial todavía, porque estamos esperando (la confirmación) del fallo técnico", comenta Sergio Alemparte, agricultor que denunció lo que estaba sucediendo el 2020.

Rendón, en tanto, asegura que no le calza que "si el Ministerio Público se opuso a la solicitud de sobreseimiento, por qué no interpuso el recurso de apelación correspondiente.

Fiscalía: "No existía forma de acreditar la perpetración de algún delito"

Adicionalmente, el Ministerio Público comentó cómo abordó el caso. "La Fiscalía y la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional concurrieron al lugar y al sector donde presuntamente se extraería el agua y a los lugares presumiblemente afectados, para efectuar otras diligencias en canales y compuertas", detalló al tiempo que admitió que "no se acreditó afectación del suministro total a los fundos aledaños. Por ende, no existía forma de acreditar la perpetración de algún delito, al menos en el área penal, no así la infracción que sancionó la DGA".