Corte Suprema confirma validez de dictamen que prohíbe sustitución de bosque nativo por plantaciones agrícolas
Este martes 2 de febrero, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que, en noviembre de 2020, rechazó el Recurso de Protección interpuesto por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) en contra del dictamen de Contraloría que declaró ilegales los Planes de Manejo de Corta de Bosque Nativo para Recuperación de Terrenos con Fines Agrícolas.
Cabe recordar que el Recurso de Protección fue interpuesto por la SNA tras el dictamen de Contraloría General de la República del 16 de marzo de 2020, el cual declaró como ilegal los planes de manejo de tala de bosque nativo con fines agrícolas, aprobados por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) desde el año 2008 a la actualidad, los cuales permitieron el reemplazo de más de 22 mil hectáreas de bosque nativo por cultivos agrícolas destinados principalmente a la exportación, sin que se haya reforestado ni un solo árbol, según datos entregados por el propio organismo.
En dicha instancia, la sentencia de la Corte de Apelaciones recogió el dictamen N°6.271/2020 que estableció que, según la normativa forestal, “es posible determinar que resulta incompatible autorizar un manejo de corta de bosque nativo para recuperación de terrenos con fines agrícolas, por cuanto dicho permiso no cumple con el objeto de proteger, recuperar y mejorar el aludido bosque para asegurar la sustentabilidad forestal y política ambiental. De este modo, la Conaf debía adoptar las medidas necesarias para dar complimiento lo establecido”.
El fallo del máximo tribunal ratifica lo establecido por la Corte de Apelaciones respecto a que el acto impugnado por el SNA no es ilegal, ya que la Contraloría ha hecho ejercicio de sus potestades y competencias, toda vez que resulta incompatible autorizar un plan de manejo de corta de bosque nativo para recuperación de terrenos con fines agrícolas.
Cabe recordar que el dictamen de Contraloría surge a raíz de acciones establecidas desde la comunidad de Las Cabras (VI Región), quienes, en conjunto con la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), la Diputada Alejandra Sepúlveda y otras organizaciones de la sociedad civil, ingresaron un requerimiento a Contraloría General de la República para determinar la legalidad de los Planes de Manejo en cuestión. Esto tras ver cómo los cerros de la localidad de las Cabras iban siendo desprovistos de su vegetación original, reemplazándolas por cultivos agrícolas -en particular, plantaciones de paltos.
